Mientras el país encara la enorme crisis sanitaria, con decenas de miles de infectados, centenares de muertos, y millones de personas confinadas en sus casas, el rey Felipe VI ha intentado ocultar el enésimo escándalo de corrupción provocado por miembros de su familia. Y la ciudadanía ha respondido con una gran protesta, en forma de cacerolada, al mismo tiempo que aparecía en televisión. Pero sin hacer ninguna referencia al tema de la corrupción familiar.

El rey emérito ya ha mostrado, en diferentes ocasiones, su carácter más polémico, que le ha costado la gran popularidad de que gozaba en los años de su reinado.

El último escándalo ha saltado cuando un periódico suizo publicó que Juan Carlos había tenido una cuenta secreta en ese país, a nombre de una off-shore llamada Lucum. En la que la familia real saudí había consignado comisiones camufladas de donaciones, por valor de 100 millones de euros, que podrían deberse al hecho de que un consorcio español fuese elegido para construir el tren de alta velocidad a La Meca. Según las investigaciones de la fiscalía suiza, parece que de esa cuenta salieron también varios millones para dos de sus supuestas amantes (Marta Gayá y Corinna Larsen).

Algunas de las cifras que se manejan en todo este entramado de corruptelas son escandalosas, una auténtica vergüenza en un país aún sumido en la crisis de 2008 y que deberá hacer frente a la que surgirá de la pandemia de coronavirus. Y eso está indignando profundamente a la ciudadanía española.

Además, tampoco parece ser esta la única cuenta opaca del ex-monarca español, relacionada con otra fundación, creada en Liechtenstein. Algunos medios consideran que utiliza esas fundaciones para esconder sus negocios más cuestionables y opacos.

Para acabar de rizar el rizo de todo ese entramado, también se publicó que Felipe VI aparecía como beneficiario secundario de esas cuentas. La respuesta de la Casa Real, en este caso, fue rápida, aunque no eficaz. En una rueda de prensa anunció su renuncia a la herencia de su padre y que rescindía su asignación oficial como rey emérito. Las sombras sobre esas medidas son grandes. Sabía lo de su nombramiento como beneficiario desde hacía un año, y no se puede renunciar a una herencia que aún no se ha recibido. Si lo sabía desde hacía un año, ¿por qué no lo denunció a la Fiscalía Anticorrupción? Claro, son cosas de familia, y la sangre llama a la sangre.

Corrupción y monarquía española

Los problemas de corrupción en la monarquía española vienen de lejos. En 2010 estalló el caso NOOS, que salpicó a Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina, la primera de la familia real en sentarse en el banquillo de los acusados (aunque fue “inesperadamente” absuelta y defendida por la fiscalía). Sobre el ex–jefe del estado, retirado de la vida pública desde 2019, recaen sospechas de corrupción y de tener una enorme fortuna desde hace años, sobre todo gracias a sus conexiones con las monarquías del Golfo Pérsico. Algunos de esos escándalos llevaron, incluso, a su abdicación, en 2014.

Estos problemas de corrupción chocan siempre con algunos elementos clave en esta historia. Por un lado, la abdicación establecía también la inmunidad de Juan Carlos, igual que la había tenido como jefe de Estado. Por otro lado, el Congreso siempre se ha negado a investigar, hasta en tres ocasiones, el lado más oscuro de la monarquía, gracias a algunos de los partidos políticos herederos de la Transición, incluyendo al PSOE. Pero también ha evitado que la monarquía pueda librarse de la oscuridad que le ha servido como escudo, con la connivencia de las principales instituciones políticas y económicas del Estado.

>>Monarquía (I)<<

En resumen, su impunidad se basó en la falta de transparencia, unas leyes que impedían la investigación de sus delitos, la complicidad de esos partidos políticos, y de la “comprensión” de la sociedad española. Un ejemplo de esto es el hecho de que los principales medios de comunicación obviaron este último escándalo en sus portadas, mientras el Congreso rechazaba, de nuevo, la investigación. Esto envía un mensaje de que se busca la ocultación de la verdad.

Los presuntos delitos de corrupción de Juan Carlos son numerosos. Según la fiscalía suiza, desde el blanqueo de capitales hasta ocultación de patrimonio, cobro de comisiones ilegales (al mismo tiempo que cobra del erario público), etc., todo ello utilizando a Corinna, tal como ella mismo ha denunciado, como testaferro.

La pregunta que nos hacemos muchos es la siguiente. Si la asignación de la Casa Real es de 8,4 millones de euros, cómo pudo el rey Juan Carlos acumular casi 1.700 millones de euros en 40 años de reinado. Tardaría más de dos siglos en acumular esa cantidad con esa asignación.

La monarquía no solo debe ser honrada, sino parecerlo

Esta frase, parafraseada de Julio César, describe perfectamente la situación de la institución monárquica en España. La crisis de la monarquía no se refiere únicamente al comportamiento de Juan Carlos. En realidad, se trata de unos problemas que la institución arrastra desde hace mucho tiempo, y que van mucho más lejos.

El rey podría haber aprovechado su discurso del pasado miércoles, para intentar afrontar esos escándalos. Sin embargo, se limitó a elogiar a los trabajadores sanitarios (que se lo merecen), pero calla y esconde los constantes recortes que ha recibido el sistema de sanidad pública. Pero, por el contrario, prefirió esquivar el tema, e incrementar aún más la falta de credibilidad de la institución. Para que España sea una auténtica monarquía parlamentaria, es imprescindible que responda de sus actos, y que esté sujeta al escrutinio de los tribunales.

Para sobrevivir debería adaptarse a una reforma constitucional que diese claridad y transparencia a la institución: ni el rey ni su familia pueden estar por encima de la ley. Pero esos cambios debería impulsarlos el propio Felipe VI, y hacer realidad la frase tan cacareada en sus discursos: “la justicia es [debería ser] igual para todos”. Sólo así conseguirá preservar el trono.

Igual que ha sucedido con otros escándalos, la monarquía no reacciona cuando se entera de los casos de corrupción que le afectan (según parece Juan Carlos tenía conocimiento, si no participación, en el caso NOOS). Sólo reacciona cuando se entera la ciudadanía, como ha sucedido también en este caso: Felipe VI conocía la existencia de esas cuentas irregulares de su padre desde hacía un año.

>>Monarquía (II)<<

Además, en todos estos casos que han implicado a la familia real se han visto también salpicados una gran parte de los nombres de las grandes empresas españolas. Por ejemplo, algunos de ellos se han beneficiado del proyecto de alta velocidad a La Meca que negoció el emérito, como Juan Miguel Villar Mir, que aparece en numerosos casos de corrupción. Estas prácticas entre la monarquía y el empresariado español, en ningún caso han buscado beneficiar los intereses de la ciudadanía. Sino el limitado grupo de los que se relacionan con los “compi-yoguis”, unos intereses privados y, a menudo, ilegales, que benefician a una élite corrupta.

El acto de rechazar la herencia de su padre, por parte de Felipe VI es, en realidad, un acto vacío de contenido, ya que en España no se pude renunciar a una herencia, en vida del testador. Además, junto a la retirada de la asignación a Juan Carlos, ambos son actos que han llegado, exclusivamente, tras la aparición en la prensa del último escándalo.

La situación de la monarquía española, y del establishment que la protege, es una anomalía democrática, que protege a una institución que fue impuesta por el franquismo. Si la democracia plena exige que el pueblo pueda decidir sobre la forma de Estado, aún estamos lejos de ser una democracia plena.