El nuevo Código Penal que entraría en vigencia el próximo 25 de junio en Honduras, contempla una rebaja en las penas de hasta 15 años para los delitos de agresión sexual, la pornografía infantil y la trata de personas.
Asimismo, se reducen las penas a los delitos relacionados con el crimen organizado, lavado de activos y la corrupción. Por otra parte, se criminaliza la protesta y la libre expresión.
El “código de la impunidad”, como se le denomina en las redes sociales, es promovido por el Partido Nacional y una facción del Partido Liberal. Organizaciones políticas que actualmente encuentran fuerte oposición de diversos sectores sociales.
Según la opinión de expertos en la materia, el referido código está lleno de inconsistencias y ambigüedades legales que generan serias dudas en los juristas sobre su pertinencia dentro del marco jurídico del país. Se considera que el nuevo instrumento legal abre espacio para diversas arbitrariedades.
Organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), entre otras organizaciones, se oponen a la entrada en vigencia del referido código. Según sus voceros, en Honduras no se respeta el derecho a la vida y deja desprotegidos a sectores vulnerables de la población.
Aunque el nuevo código reduce las penas en los delitos de más alto impacto social en Honduras, diputados de la comisión dictaminadora del congreso, determinaron que la prórroga del periodo de “vacatio legis” hasta el 25 de junio obedece a las medidas de cuarentena y distanciamiento social para prevenir el COVID-19.
Asociaciones de jueces, y un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, recomiendan la no entrada en vigencia del nuevo código, sugiriendo que se sometan a revisión los temas cuestionados por la sociedad civil.
