El coronavirus hace resurgir el debate entre sanidad pública o privada (I)

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Es una perogrullada decir que la crisis está teniendo una mayor repercusión entre los sectores más pobres, con estructuras sociales más precarias. Es en estos sectores en los que la privatización de los servicios impulsados por las políticas neoliberales más se ha cebado.

Cada vez que se produce una crisis económica, aquellos que buscan convertir el derecho a la salud en un negocio comienzan temerarias campañas de descrédito, sin importarles los derechos más básicos de la ciudadanía, como son sus servicios sociales.

Por eso, es necesario poner en valor los principales aspectos de la sanidad pública. Por ejemplo, la cobertura universal, que garantiza un acceso en igualdad de condiciones a la sanidad.

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Por su carácter universal, la pública se financia con los impuestos que pagamos los contribuyentes, de forma que pueden acceder todos los ciudadanos residentes en España: no se excluye a nadie, por grave que sea su patología.

En 2012, el PP derogó este concepto, dejando fuera del sistema a inmigrantes sin papeles. Esta medida fue revertida en 2018, aunque aún no ha sido desarrollada, y sigue dejando a personas sin acceso a la sanidad pública.

La reducción de la inversión en sanidad pública está llegando a niveles escandalosos. España tenía previsto invertir para este 2020 (antes de la pandemia) un 5,9% del PIB (en 2009 era el 6,7%), bastante por debajo de la media europea (7,5%). Pero la situación se agrava en algunas comunidades, como en Cataluña (3,9%).

La mala gestión política: de la crisis a la privatización

La mala gestión política de la sanidad, muchas veces intencionada, ha quedado clara con la presente crisis del coronavirus. Pero ya era evidente antes: en Madrid se construyeron siete nuevos hospitales privados o concertados (siempre con financiación pública, claro), pero disminuyó el número de camas y de profesionales, porque se cerraron centros públicos y se recortó el personal de los mismos.

El plan privatizador de Madrid se basó en una serie de decisiones políticas, tomadas sin contar con los profesionales del sector, y que no se basó en pruebas fehacientes que la sustentasen.

Además, los escándalos de corrupción y mala gestión de los recursos han salpicado todo ese proceso, a pesar de que contó con el beneplácito de los gobiernos del PP, más interesados en favorecer la sanidad privada que en invertir en el sistema público.

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La privatización se ha llevado a cabo, entre otras formas, a través de la conversión de centros públicos en privados, sobre todo los más rentables económicamente, a través de la fragmentación y externalización de los servicios, rompiendo la integridad de la atención a la salud.

Esos procesos de externalización se han ido incrementando progresivamente, primero con actividades como la limpieza o el mantenimiento, luego los ámbitos de gestión y administración y, al final, los sanitarios (pruebas, laboratorios, radiología, diagnóstico, urgencias, etc.).

El asalto neoliberal a la sanidad pública

El neoliberalismo ha sido la causante de la mayoría de los recortes de la sanidad pública, llegando incluso a su desmantelamiento en algunos países. ¡Y eso para que, ante la crisis de la pandemia actual, reclamar que se destinen más recursos y personal!

La política de austeridad y los recortes de los gobiernos del PP han dejado el sistema público herido de muerte, frente a la pandemia del coronavirus que estamos viviendo. Ahora, esos sectores reclaman que se desplieguen unos recursos públicos inexistentes, después de haber privatizado hospitales y centros de salud, y que impulsasen una gestión ineficaz y corrupta.

El proceso actual lo inició la ofensiva neoliberal de los años 1980 contra los servicios públicos de protección social, entre ellos, y de forma destacada, la sanidad, que se dio, por ejemplo, en Gran Bretaña, durante el período de Margaret Thatcher. Esto se basó en tres premisas.

  • La constatación del progresivo aumento de los costes sanitarios a nivel mundial, y los problemas de sostenibilidad del sistema.
  • El intento de minimizar el papel del Estado y, por tanto, pasar las funciones sociales esenciales al sector privado, unas funciones que se habían desarrollado con el Estado del bienestar.
  • La idea de que el mercado era el mecanismo más eficiente para la provisión de servicios (¿no recuerda la frase que Rodrigo Rato dijo no hace mucho?).

La realidad ha demostrado que estas premisas han sido todas falsas.

  • El gasto sanitario se incrementa espectacularmente en los procesos de privatización de los servicios.
  • Se trata de un sistema que lleva, progresivamente, al empobrecimiento de la sociedad y las economías (como ha demostrado la crisis de 2008).
  • Las evidencias nos han demostrado, con la cruda realidad, que los mercados no regulan adecuadamente las provisiones sanitarias, y que se centra siempre en la rentabilidad de sus demandas, con graves repercusiones para la salud, porque su objetivo es conseguir que las empresas obtengan los mayores beneficios posibles.

Las políticas neoliberales están enfrentando la lógica del mercado con la protección sanitaria, especialmente de los más precarios. Están provocando desigualdades en los niveles de vida, la caída del presupuesto público en servicios sociales, pensiones, desempleo, incremento de la precariedad laboral, etc.

A esto se ha unido la crisis económica, que ha agudizado estos problemas, debido a la reducción de los recursos disponibles y el aumento de las necesidades asistenciales asociadas a los sectores más desfavorecidos.

Sistema de financiación de la sanidad privada

Uno de los sistemas de financiación que se ha estado usando es el “modelo Alzira”, que ha imperado sobre todo en la Comunitat Valenciana. Se trata de un sistema de gestión que externaliza prácticamente todos los servicios: desde la construcción del hospital a la asistencia médica, a cambio de un canon público que aporta el erario de la comunidad. Este sistema se ha utilizado en diversos lugares.

En todas sus formas, la sanidad privada se nutre económicamente también de los fondos públicos, mediante convenios por los que los pacientes del sistema público son derivados a la privada, para determinadas pruebas y tratamientos.

La fórmula de colaboración público-privada que han usado algunas comunidades autónomas sólo han servido para incrementar la privatización de centros sanitarios.

Esa colaboración no se refiere únicamente a la construcción de un centro, a cambio de un canon, sino que también afecta a la gestión sanitaria del mismo, la investigación, la prevención, etc.

Los estudios han demostrado que este sistema de “colaboración” encarece notablemente todas las fases de funcionamiento, llegando incluso a utilizarse únicamente fondos públicos, a través de préstamos de entidades públicas para las inversiones iniciales y el canon público posterior.

Esta fórmula siempre supone un sobrecoste. Además, los riesgos siempre los asume la parte pública, mientras que la privada sólo asume los riesgos que no debilitan la esencia de su rentabilidad. No hay que olvidar que la sanidad privada no es parte de un sistema sanitario, sino un conjunto de empresas dirigidas a atender a pacientes que son rentables. Es decir, es un negocio, con criterios meramente comerciales.

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