Sanidad pública: prioridad ciudadana

Después de meses de quejas por parte de la ciudadanía respecto a la falta de recursos en la sanidad pública, el Gobierno parece haber cambiado de rumbo y ha elevado el presupuesto sanitario para 2021 hasta los 7.330 millones de euros. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la situación actual de la sanidad española publicado el pasado 18 de noviembre, la mayoría de españoles (87,9%) cree que es necesario reformar la sanidad española. Entre las reformas a llevar a cabo, la inmensa mayoría de los entrevistados (3.853 personas en total) consideran urgente destinar más recursos económicos, aumentar las plantillas y las instalaciones y recursos dedicados a abordar la pandemia, así como potenciar una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas.

Pero, ¿quién se encarga de gestionar este problema? Hasta ahora hemos visto que cada comunidad lo hacía a su manera. Tanto es así que, pese a estar gobernadas por el mismo partido, Andalucía y Madrid son dos mundos diferentes. 

En el  caso de la primera, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, ya ha anunciado la prolongación de las medidas dos semanas más. Moreno decidió pensar en la ciudadanía y cerró su comunidad. Las contundentes medidas llevadas a cabo, unidas a la realización de numerosas pruebas PCR, han hecho que, aunque la media de Andalucía siga siendo superior a la nacional, se haya producido una bajada de casos. El presidente ya ha anunciado que no van a relajarse de cara a Navidad. 

Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en la Comunidad de Madrid? Toque de queda a las 00:00, confinamientos clasistas y cierre perimetral solamente durante los puentes. No olvidemos el gran hospital que está construyendo y para el que contará con el mismo número de sanitarios. La presidenta ampara estas medidas en la tasa de contagios actual. Claro está que, si no se realizan PCR, no puede tenerse un conocimiento real de los positivos existentes. Estos resultados no son más que el reflejo de un sistema sanitario totalmente corrompido por agentes externos que se han dedicado a hacer negocio con las contrataciones, o que han visto en su bolsillo una mejor inversión.

La sanidad pública necesita una inyección urgente. No podemos seguir permitiendo la precariedad laboral a la que los sanitarios se encuentran sometidos, pero tampoco podemos permitir que pacientes de cáncer y otras enfermedades mueran por ver retrasado su tratamiento. La pretendida campaña de vacunación contra la COVID-19 puede suponer un desafío pero también una oportunidad para poner a prueba posibles soluciones y reformar la sanidad desde la atención primaria. 

Las encuestas del CIS ayudan a hacerse una idea de lo que opina la ciudadanía, y en una democracia, donde el poder se supone que emana del pueblo, los políticos deberían hacer un poco más de caso a este para mejorar su futuro. Y esta es la mejor campaña que un partido puede hacer.

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