Ante las sircuntancias presentadas desde la Llegada del COVID-19 a Venezuela, el pasado 13 de marzo del año en curso, y la respuesta efectiva e inmediata del gobierno bolivariano surge la interrogante: ¿qué ha aportado la oposición venezolana en respuesta al coronavirus como amenaza global?
Discursos arbitrarios, ignominiosos y baldíos son los ataques que, antes de ser detectado el primer caso de COVID-19 en el país, la oposición venezolana formulaba. Manipulada desde Washington DC, ha mantenido contra el Gobierno Bolivariano y a su vez con los más de 30 millones de venezolanos que están viviendo día a día como el resto del mundo, una posición beligerante que no ha aportado ninguna propuesta política.
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Desde subestimar el sistema médico nacional, difundiendo mensajes calificados por la mayoría de los venezolanos como clasistas, denigrantes, ofensivos y hasta terroristas; hasta llevar una campaña mediática de desinformación copiando particularmente las estrategias de Donald Trump ante este virus.
Los líderes opositores como Julio Borges y Juan Guaidó han tomado esta emergencia pandémica como un caso estratégico que sólo beneficiaria a los sectores políticos de la derecha, que buscan un escenario de caos y desesperación en suelo venezolano, para llevar a cabo el plan que desde hace 20 años buscan, acabar con la revolución bolivariana mediante acciones golpistas.
Esta estrategia derechista consiste en el derrumbe del Estado venezolano que conocemos hoy en día siguiendo el patrón norteamericano; hoy la oposición facista busca la oportunidad necesaria para socavar la tranquilidad y soberanía del país.
En un momento de gran preocupación global, los intereses particulares de la derecha neoliberal no cesan, más aún cuando se ven frente a un coyuntura del debilitamiento financiero y sus corrientes antagónicas, que mediante el proceso dialéctico, se nutren una de la otra de las grandes naciones que combaten la pandemia.
En una entrevista ofrecida por el abogado Julio Borges al diario El País, muestra el tratamiento indivilualista y mezquino que insiste repetidas veces en la necesidad de hacer más presión interna y externa mediante la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales al pueblo venezolano, basando su argumento en el que el remedio, (en este caso las mal llamadas sanciones), tiene que ser más fuerte que la enfermedad, (el presidente constitucional Nicolás Madura Moros).
Dejando claro de manera deliberada que cualquier situación que genere desestabilización en el país, jugaría un papel conveniente para generar las condiciones que la oposición venezolana necesita.
Es por ello que el enfrentamiento que ha mantenido la derecha criminal ante el coronavirus se ha manifestado a través de una campaña mediática, que sólo se ha prestado para difamar la gran labor que no sólo el gobierno bolivariano ha hecho frente a esta emergencia, sino que también la de los miles de servidores públicos del área médica, seguridad y transporte, 1ue día a día salen a convatir la propagación del virus.
Esto se ha llevado a cabo mediante fake news pretendiendo propagar histeria colectiva, que les proporcionaria las condiciones necesarias para un posible golpe de estado en cualquiera de sus modalidades.
Este discurso fascista es acompañado con nuevas arremetidas del gobierno norteamericano, que en medio de los esfuerzos hechos por el Gobierno Bolivariano liderado por el presidente Nicolás Maduro, manejan un plan de invasión preparado contra Venezuela.
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Sorprendentemente semejante al que montaron a finales de la década de 1980, cuando oficiales norteamericanos con el mismo guión, incriminaron por narcotráfico a su protegido dictador Manuel Antonio Noriega, de Panamá, al que el Gobierno de Estados Unidos decidió desconocer luego de que no entregaste toda la droga recolectada en Colombia.
Todo este plan de invasión a Venezuela, disfrazado bajo una “propuesta” para la conformación de un gobierno de transición, lanzada como anzuelo al establecer la participación de representantes de la izquierda chavista.
En base a unas anunciadas, pero no garantizadas, condiciones de igualdad con la oposición para llevar al país a la celebración de unas elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de seis a doce meses. Ya estaba muy bien estudiado por el Pentágono, y orquestado por el dirigente político Julio Borges desde el año pasado, un plan para ser llevado a cabo durante el primer trimestre del año 2020.
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