El abogado Enrique Santiago, diputado en las cortes españolas por Unidas Podemos (UP), se ha hecho conocido internacionalmente por ser el líder de la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet, liderar la iniciativa legal contra Bárcenas y ser uno de los principales artífices del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC.
elestado.net lo ha entrevistado para conocer su opinión como jurista sobre la condena de la justicia ecuatoriana al expresidente de Ecuador Rafael Correa y al vicepresidente constitucional de ese país.
¿Hay sustento legal para juzgar y condenar a Rafael Correa y a Jorge Glas?
En absoluto. Están investigados por un caso de cohecho de acuerdo al art.280 del Código Penal actual. La sentencia les condena por supuestos aportes económicos a empresas multinacionales durante los años 2013 y 2014 a través de Pamela Martínez, entonces asesora.
Con base en el art.280, para que haya cohecho, Correa debió haber recibido algo, dar algo a cambio relativo a las funciones del funcionario en cuestión. Un ejemplo sería pagar al Ministerio de Obras Públicas para que le dé un contrato de obras públicas. Lo importante es si se dio dinero a cambio de un contrato.
Sin embargo no existen pruebas. Ya no sólo es que Pamela Martínez, la asesora, no tenía potestad para ordenar contratos ni egresos, sino que tampoco nadie ha aceptado eso, ningún empresario.
¿Por qué hacerlo precisamente ahora cuando el toque de queda paraliza todas las causas que no sean delitos de sangre, medidas urgentes y acciones irreparables?
Ecuador está inmerso en un auténtico escándalo por la gestión de la crisis del coronavirus, con una gestión de hospitales y morgues fallida. Hemos visto las imágenes de los cadáveres hacinados en las calles de Guayaquil, los cuerpos de las personas que mueren en sus domicilios son arrojados a las aceras.
Y sin embargo, el presidente Lenín Moreno en plena pandemia se centra en la sentencia contra Rafael Correa, para eso no les importa romper el “estado de emergencia”. Porque habrán echado cálculos y quieren que todo esté listo para noviembre de este año, que es cuando son las inscripciones para las elecciones 2021.
De la sentencia salió algo en claro: 8 años de prisión y 25 años sin derechos políticos (inhabilitación). Aquí está la clave y en lo que se está centrando su actual Gobierno: no quieren que Rafael Correa pueda presentarse a las próximas elecciones. Mientras, Lenín Moreno quita peso al caos y al drama que está viviendo la población con sus muertos apilados en las calles.
¿Considera que existe separación efectiva de los poderes en Ecuador?
La Constitución del 2008 definió a Ecuador como un Estado “participativo”, es decir la población debía poder participar en la vida política del país, y por consiguiente las funciones de transparencia y control social eran importantes en el Estado.
En este sentido, se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como quinto poder del Estado. Sin embargo, en febrero 2018 y tras una consulta popular con numerosas irregularidades, se aprobó anular dicho Consejo y convocar uno nuevo.
Este nuevo Consejo, una vez se puso a investigar sobre las denuncias por los “INA papers” que involucraban al presidente Lenín Moreno y a su familia y entorno, comenzaron a sufrir un hostigamiento feroz.
El banquero Guillermo Lasso llegó incluso a sugerir la supresión de dicho Consejo y el presidente de la Asamblea Legislativa amenazó con un juicio político que se llevó a cabo y culminó en agosto 2019 con cuatro miembros del Consejo destituidos.
La estela de juicios políticos que ha seguido en Ecuador, como fue el caso también del ex canciller Ricardo Patiño, uno de los ideólogos de Revolución Ciudadana y quien, durante el inicio de Gobierno de Lenín Morena, fue consejero.
Sin embargo luego fue crítico con las medidas económicas adoptadas por Moreno y ahora está perseguido políticamente y juzgado por un supuesto delito de instigación, sin que la justicia lo haya podido probar. Así que no se puede hablar de una separación efectiva de poderes.
¿Por qué en los medios de comunicación no se habla de Rafael Correa como un perseguido político?
El poder mediático es un poder político y precisamente lo que se busca es la inhabilitación política de Rafael Correa, que no pueda presentarse a las elecciones del año que viene. Lo quieren lograr por la vía legal pero también por la vía de rechazo social, porque saben que Correa tiene un gran apoyo popular.
Y esto se consigue haciendo ver a la opinión pública que estuvo involucrado en casos de corrupción, no presentándolo como un perseguido político. Es una manera de desacreditarlo políticamente.
¿Debería actuar la OEA ante estos actos?
La OEA directamente no, pero sí puede actuar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que pasa que éste es lento y burocrático. La Comisión Interamericana de DDHH tiene capacidad para otorgar medidas cautelares pero sólo una vez se hayan agotado los procedimientos nacionales (es decir, el daño ya está hecho).
Y la CIDH tarda una media de 6 años en resolver cada caso, y en caso de no ser resulto, pasa a la Corte donde se retrasa unos 2 años más. En total se podría esperar unos 8 años para tener una resolución, y en 8 años ya es muy tarde, ya se ha acabado con cualquier intento de proceso de cambio.
