Apenas el presidente de Ecuador, Lenín Moreno anunciaba los ajustes económicos para afrontar la crisis agravada por el Covid-19, las críticas a su desatinada gestión no se hicieron esperar. El exministro de Economía, Carlos de la Torre expuso: “si me pregunta qué pienso del manejo económico es lo que sentirán los pasajeros de un bus sin frenos, desbocado por una pendiente, y con el chófer borracho“.
Más didáctico no pudo ser. Moreno propuso crear una cuenta nacional de asistencia humanitaria “para asegurar la atención de la salud, la provisión de los alimentos y la protección de empleos“. Esta cuenta estará bajo la administración de representantes de la sociedad civil que contarán con sus ingresos.
Este fondo se creará con los pagos de empresas y pagos de ciudadanos. Las empresas que ganaron al menos un millón de dólares en el 2019 “aportarán el 5% de esa utilidad, en tres pagos mensuales“.
Pero ahí no queda la cosa. Después de que la gestión de Moreno tiene a Ecuador con un riesgo país sobre los 5240 puntos y cinco millones de ecuatorianos sin un empleo adecuado, el nivel más alto de desempleo en los últimos tres años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ejecutivo decidió que todos los que ganen más de USD 500 tendrán que realizar pagos progresivos durante nueve meses que serán descontados de su salario.
“Los que menos ganan, menos pagan y los que más ganan, más pagan“, aclaró. Y, además, los funcionarios públicos que ganen más de USD 1000 mensuales recibirán un 10% menos para crear el famoso fondo de emergencia.
Todo esto ocurre dos años después de que Moreno perdonó USD 4 mil 200 millones a los bancos y pagó USD 324 millones de deuda externa en medio de un país en crisis por el Covid-19, justo cuando una Ministra de Salud había renunciado tras afirmar que no le entregaban recursos para afrontar la pandemia, que hasta el momento ha cobrado la vida a cerca de 400 ecuatorianos y registra más de 7 mil casos positivos. Ecuador es el país con mayor número de contagiados per cápita.
Lenín Moreno anunció también que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que contempla que nadie pueda ser desalojado por retraso en el pago del alquiler “mientras dure la emergencia y hasta 60 días después“, y la ampliación de la cobertura de salud por 90 días a quienes se queden sin empleo, lo que aumenta todo el período de la cobertura a 120 días.
Se propone, además, que el seguro de desempleo se amplíe y se cobre en siete días, en lugar de 60 días, una ayuda financiera a las familias de escasos recursos para cubrir un porcentaje de la pensión en las escuelas privadas.
El Ejecutivo ha dicho que solicitará el financiamiento de varias entidades, entre ellas el Banco Mundial y el nuevo Banco de Desarrollo de EEUU, para otorgar créditos “con período de gracia, bajo interés y sin garantías, para el alivio inmediato de la liquidez de las empresas” del país.
Su ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha mencionado que el aporte de los servidores públicos para atender la crisis por la propagación del coronavirus llegará a USD 250 millones. El funcionario explicó que esta contribución durará un año y no por nueve meses como será para los trabajadores del sector privado.
En este panorama, el expresidente Rafael Correa expresó que todo esto son “limosnas que no sirven para nada, cuando nuestro propio Banco Central hubiera podido financiarnos con USD 2.500 millones si no hubieran hecho absurdas leyes neoliberales“, antes de solicitar la renuncia de Moreno y su gobierno para evitar lo que ha calificado como “una catástrofe mayor“.
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