Si me fastidias, te tildo de corrupto

En un Ecuador lleno de gestiones públicas con “rabo de paja”, se mueve la impresión de que hay un Gobierno Nacional que pone en práctica la consigna “si me fastidias, te acuso de corrupto”.

Ahora fue el turno del alcalde de Quito, Jorge Yunda y el Prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales. Ambos están en la lupa de la Fiscalía General del Estado  por un escándalo de corrupción que indican supuestos sobreprecios en mascarillas y pruebas del COVID-19, según las acusaciones que se difundieron por varios medios.

Dos meses atrás, el Prefecto Morales cuestionó la actuación del Gobierno de Lenín Moreno ante la pandemia y lamentó que los prefectos del país hayan mantenido competencias “limitadas” durante la emergencia, puesto que no han formado parte del equipo que toma las decisiones, su delegado no está en la mesa principal del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Necesitamos ayuda de otro nivel debemos deponer actitudes políticas, mezquindad y la envidia que hay, trabajar en equipo y que nos tomen en cuenta a los Prefectos”, enfatizó Morales antes de advertir que no hubo la prevención adecuada. “La gente no usaba mascarillas, iba a trabajar sin protección se fue contagiando y todo se salió de las manos. No hay medicinas, los médicos no se abastecen y las enfermeras están enfermas”, declaró el exfutbolista y ahora Prefecto.

Posteriormente, Morales, quien había llegado a Prefectura de la mano de la extrema derecha con el Partido Social Cristiano, se declara independiente. Pero parece que esas declaraciones le pasan factura y un costo político, todavía, incalculable en una democracia atropellada que resurgió en el postcorreísmo.

El prefecto ha dicho, en su defensa, que el precio de las mascarillas N95 que adjudicó la Prefectura del Guayas por el precio de USD 6.71 la unidad, era el precio en el que se cotizaban en el mercado. Así justificó la compra luego de que la Fiscalía realizó allanamientos en sus oficinas y en una empresa proveedora, en Guayaquil, tras las denuncias.

Otro que tiene la lupa de Carondelet sobre su figura es el Alcalde de Quito, Jorge Yunda. Luego de que dejó en off side al Ejecutivo, al declarar la Emergencia en su ciudad y entrar en cuarentena. Seguramente salvó muchas vidas frente al descalabro de Guayaquil, donde se produjeron escenarios apocalípticos con cadáveres en las calles, hospitales sin abastecimiento para poder atender a pacientes y médicos sin medicinas.

La Fiscalía emprendió su investigación contra Yunda a la velocidad de la luz por un supuesto sobreprecio en las compras de pruebas PCR para detectar COVID-19. El burgomaestre ha solicitado a la Comisión Nacional Anticorrupción y a la Contraloría General del Estado una minuciosa investigación a su gestión antes de aceptar la renuncia de sus secretarios de Salud y de Ambiente.

Yunda afirma que no está involucrado en la compra de las pruebas que se habían adquirido a USD 25 cada una y se invirtió USD 10 millones en la adecuación del hospital Quito Solidario, en la capacitación de personal, y en la compra de kits alimenticios, mascarillas y respiradores. El Ejecutivo arremetió contra el burgomaestre estos últimos meses hasta presionarlo con el fin de que rompa la cuarentena en su ciudad, y pasar de la fase de aislamiento a la de distanciamiento aunque registre 4 mil casos de contagio en una semana, Quito había duplicado los casos de contagio.

Las presiones acorralaron a un Alcalde que hasta el 12 de mayo tenía una aceptación del 90% según sondeos del Centro de  Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), y su figura tomaba fuerza por la manera que había enfrentado la emergencia sanitaria. “Me he fajado para evitar 10 mil muertes” ha expresado el alcalde.

La figura de Yunda se volvía incómoda para Carondelet con un Presidente Moreno que tenía credibilidad solo en un 14% según Cedatos. Por su parte, la figura de Morales era aplaudida por los ecuatorianos al mostrar sus discrepancias con el Gobierno Nacional y declararse independiente del Partido Social Cristiano (PSC). Ambas administraciones son investigadas por la Fiscalía mientras la prensa aliada a Moreno intenta quitarle brillo a esos dos personajes.

Al referirse a Morales, el expresidente Rafael Correa expresó en su twitter: “Morales se declara independiente de los socialcristianos y pasa de ser del prefecto estrella a un delincuente” mientras que el líder del (PSC), Jaime Nebot clama prisión.

Quince días atrás sucedió lo mismo con el asambleísta manabita Daniel Mendoza, quien le hicieron un “show” por sus supuestas prácticas corruptas antes de que la Asamblea Nacional apruebe una Ley Humanitaria que atropellaba derechos laborales de trabajadores públicos y privados.

Pero la investigación a Mendoza no era solo por sus prácticas, era un mensaje a los asambleístas que querían oponer a la Ley mal llamada de Apoyo Humanitario, luego de haber hecho pactos con el Ejecutivo.  Eso no quiere decir que Mendoza sea un angelito o no.

La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que esta indagación se inició meses atrás y está relacionada con la adjudicación para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, por USD 16 millones, en Manabí.

La Fiscalía dio a conocer que se decomisaron USD 1 694 720,80, la mayoría de ese dinero en cheques y USD 662 191,70 en efectivo; además de armas de fuego, municiones, sellos de instituciones públicas, dispositivos electrónicos y documentos.

Estas escenas en la política ecuatoriana nos invitan a pensar que para la democracia es saludable que se devele la corrupción, lo enfermizo es que solo se lo haga cuando un político se opone a los intereses del Ejecutivo. Elevar la conciencia política es la tarea que tiene el Ecuador.

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