Segunda y última parte de un contenido en el que se reflexiona sobre la cuestión de la memoria histórica en España. Su trato por parte de los sucesivos gobiernos democráticos que han dirigido el Ejecutivo plantea ciertos interrogantes que se han empezado a responder en la primera entrega, que se recomienda leer de manera previa haciendo click aquí, para entender totalmente el texto que sigue.
Hace falta también derogar la Ley de Amnistía (1977) que se convirtió en el germen de la impunidad franquista. Si la ley debía vaciar las cárceles de personas que habían sido encarceladas por su lucha antifranquista, acabó convirtiéndose en el escudo protector para los asesinos, represores, torturadores que impusieron una ideología de terror entre los que se oponían al régimen, o entre los que, por sus creencias, orientación sexual, etc., no tenían sitio en el régimen.
Hay que señalar a los culpables, a los responsables de la dictadura y de sus mecanismos de terror. Pero también a todos aquellos que se beneficiaron del expolio de la mano de obra esclava, de la incautación de propiedades robadas, que fundamentaron algunas de las grandes fortunas de este país.
Con el paso del tiempo se ha comprobado que la Ley de Amnistía es un obstáculo para las denuncias interpuestas por crímenes contra la humanidad, ya que impide juzgar los delitos cometidos por el franquismo. Un buen ejemplo de esto lo hemos tenido con el caso de Billy el Niño.
La situación de los debates, en España, han sido una consecuencia del sistema de partidos, desde la Transición, que han instrumentalizado estos temas de historia y memoria.
El reconocimiento de las víctimas permitiría desenquistar muchas de las reivindicaciones, y solucionaría muchos de los problemas de carencia democrática que tiene este país. Porque la principal anomalía democrática es que las víctimas tengan la consideración jurídica de “víctima”, con las ventajas que eso conllevaría. Se trata de un problema jurídico de fondo, del que surgen todos los demás. Por eso es necesaria una ley integral de víctimas del franquismo que permita regularizar su situación.
Las fosas comunes, los conflictos con el callejero, la exhumación de Franco, son cuestiones que han adquirido una gran relevancia en los últimos años. Y esto ha provocado un debate social y político de gran crispación, atizado por algunos sectores de la derecha más rancia de Europa.
El problema de la memoria en nuestro país se fue agitando, a medida que los nietos de la generación de la guerra, de los vencidos, comprendieron que su historia también era importante, comprendieron las deficiencias de la “modélica” Transición, cuando empezaron a abrir las fosas, a buscar a sus familiares, a buscar su historia. Se trata de una generación que no participó en el pacto de silencio sobre el que se edificó la Transición.
Al mismo tiempo, la imagen del franquismo, sus monumentos, su narrativa, su negación de los hechos, se ha mantenido inamovible durante décadas. La transmisión de la memoria a las generaciones posteriores se ha visto enormemente dificultada por la falta de justicia transicional, la división entre vencedores y vencidos y la posterior represión de la memoria en el proceso de Transición democrática.
Los contenidos que se imparten en el currículo académico español son, en el mejor de los casos, deficitarios y, en el peor, inexistentes. Por eso, los jóvenes españoles no conocen al dictador o las consecuencias que tuvo la Guerra Civil y el régimen franquista.
La recuperación de la memoria en España pasa por una implicación real de la sociedad, de las instituciones y de los gobiernos (que hasta ahora no han tenido un papel demasiado “glorioso”). El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que exigen las víctimas es un deber moral de la sociedad y de la democracia española. Esa recuperación es un proceso necesario, aunque complejo, como nos ha demostrado el ejemplo alemán. Y España no ha hecho bien sus deberes, sobre todo a la hora de buscar consensos.
La memoria no tiene que resucitar ningún debate político. Se trata únicamente de arrojar luz sobre la historia, investigar en los archivos, ahondar en los hechos. A pesar de lo que se pueda creer, aún son muchos los que ignoran los hechos, muchos pueblos en los que aún no se sabe qué ocurrió en la Guerra Civil se sigue desconociendo.
Es necesario reparar a aquellos que fueron juzgados. Pero también es necesario que los tribunales españoles dejen de negar sistemáticamente el acceso a la justicia a las víctimas.
Se ha avanzado mucho, especialmente desde 2007. Pero aún arrastramos algunas de las claves de todo el proceso. Siguen sin resolver las violaciones de los derechos humanos, las reclamaciones de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Además, el papel de las administraciones sigue siendo, en el menor de los casos, secundario.
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