El pasado martes 23 de junio de 2020 el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres (MESECVI) emitió un comunicado en respaldo hacia la parlamentaria ecuatoriana Pamela Aguirre, víctima de violencia política por parte de la Oficina de la Representación del Parlamento Andino en Ecuador.
La referida parlamentaria denunció haber sido “víctima de violencia contra su calidad de mujer, madre y política en el seno del la Oficina Nacional del Parlamento Andino. Negándole el periodo de maternidad, así como su derecho a la lactancia”.
En el documento emitido por el MESECVI, de acuerdo a lo establecido en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, destaca lo siguiente:
En primer lugar, se habría discriminado a la parlamentaria en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo y puerperio. En segundo lugar, se habrían restringido los derechos de la parlamentaria al no otorgarle la licencia de maternidad y los permisos de lactancia.
En tercer lugar, se habrían generado, en redes sociales, expresiones degradantes contra la parlamentaria en ejercicio de sus funciones políticas. En cuarto lugar, se habría limitado el uso de recursos inherentes al cargo político que ocupa la parlamentaria, impidiendo el ejercicio de su cargo en condiciones de igualdad.
Por lo expuesto, el Comité de Expertas solicita, entre varios puntos, una investigación exhaustiva sobre los hechos, que se revise el Reglamento General del Parlamento Andino con la intención de asegurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
De igual forma, reivindicar sus derechos durante el estado de embarazo, parto, puerperio y lactancia. Asimismo insta a que se respeten los derechos de la parlamentaria en condiciones de igualdad en relación a sus homólogos parlamentarios.
Este organismo realiza el seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1994, que reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Este pronunciamiento refleja un precedente positivo para las parlamentarias de la región, quienes en algún momento han sido víctimas de violencia política.
