Diferentes organizaciones políticas y sindicales en unión por la causa de Palestina, han suscrito un documento crítico con los planes del Gobierno israelí de anexionar partes de Cisjordania, incluyendo el Valle del Jordán, lo cual supone una grave amenaza para los derechos de los palestinos y ponen en riesgo la vialidad del Estado palestino.
Entre las organizaciones firmantes figuran Izquierda Unida (IU), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), el partido Podemos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Un hecho que se podría considerar como histórico no solo por que las tres fuerzas políticas conforman el actual gobierno de España, sino porque el PSOE no había mostrado hasta ahora una postura tan clara, y también porque los dos sindicatos de trabajadores firmantes son los mayoritarios en España.
El 1 de julio es la fecha en que el Gobierno de coalición israelí, liderado por el derechista Benjamín Netanyahu, podría comenzar con el desarrollo de este plan, incluido en el acuerdo suscrito con su socio de coalición, Benny Gantz. Con el proyecto de anexión, el Gobierno de Israel da un nuevo paso en su estrategia de ocupación y de sometimiento a la población palestina.
En este caso, al expolio territorial se añaden consecuencias como la segregación de centenares de miles de familias palestinas de su entorno socioeconómico, la violación de los derechos de propiedad y la usurpación de una buena parte de las tierras agrícolas palestinas, entre otras graves consecuencias.
El Gobierno de Israel planifica la sujeción a su marco legal no sólo de fértiles terrenos agrícolas, sino también de recursos hídricos fundamentales para el desarrollo económico palestino. El Gobierno de Netanyahu prepara también una nueva avanzada respecto a Jerusalén Este, mediante la continuación de la anexión de asentamientos en la zona ocupada de la ciudad.
Este extremo dificulta enormemente las posibilidades futuras de un acuerdo negociado que incluya el derecho a una capital en Jerusalén, debido al resquebrajamiento de la contigüidad territorial que esto supondría entre Jerusalén Este y Cisjordania.
Las organizaciones políticas y sindicales firmantes rechazan los planes de anexión de territorios palestinos en Cisjordania, ya que no sólo suponen claras violaciones del Derecho Internacional, sino que también amenazan las posibilidades de una solución democrática y justa. En este sentido, cabe destacar que las organizaciones Izquierda Unida y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras han estado a la vanguardia de esta iniciativa desde su origen.
Las referidas organizaciones consideran que la presión política, social e internacional debe exigir la paralización de las intenciones del Gobierno israelí y la adaptación de todas sus iniciativas al marco legal internacional, que incluye una solución de dos estados basada en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con las fronteras de 1967 e incluyendo a Jerusalén Este como capital de un Estado soberano de Palestina.
Por otra parte, consideran que el Gobierno de España debe liderar en el ámbito internacional, tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas y otros foros internacionales, una postura firme de rechazo de los planes de anexión de territorios palestinos por parte del Gobierno de Israel.
Asimismo, las mencionadas organizaciones instan a fomentar la búsqueda de soluciones dialogadas basadas en la legalidad internacional que garanticen una paz justa, global y duradera entre israelíes y palestinos: con un Estado de Israel y un Estado de Palestina seguros, independientes, democráticos, contiguos y viables, dando continuidad al espíritu que se inició hace casi 30 años con la Conferencia de Madrid.
