La oposición política al gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos (UP) ha llevado a cabo una campaña de deslegitimación desde la entrada de la pandemia en España. Además esta campaña ha derivado en un clima de normalización del fascismo.
Durante toda esta cuarentena, Vox ha destacado por los continuos ataques, manipulaciones e incitación al desorden y la violencia contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Incluso la Unión Europea ha alertado de los intentos de desestabilizar la democracia mediante la propagación de las conocidas como “fake news“.
Desinformación
Desde que Pedro Sánchez ha restringido los mensajes de WhatsApp para que no exista lugar a crítica sobre su gestión hasta la famosa “paguita”, pasando por el informe del CSIC que supuestamente alertaba sobre la letalidad del coronavirus.
El Ingreso Mínimo Vital, denominado como “paguita” por la derecha, otorga protección a familias en riesgo de exclusión, unas 850.000 familias según informaba la SER el pasado 9 de junio, y cuya prestación variará desde los 462 hasta los 1015 euros.
Los requisitos para poder acceder a esta ayuda son tener entre 23 y 65 años, haber residido en España durante el año anterior y haber sido independiente durante 3 años. En cuanto a la edad, se contemplan excepciones si la persona cuenta con hijos a su cargo.
También es necesario ser ciudadano español o haber sido admitido legalmente en el país. Por otro lado, la salida del país conlleva la pérdida de la ayuda.
La formación de Santiago Abascal ampara su negativa ante esta medida en el llamado “efecto llamada”, un reclamo para los inmigrantes ilegales según ellos. Además, tildan de “paguita” la ayuda asegurando que simplemente se trata de una limosna pero eso sí, vitalicia.
Todo ello se desmiente ya que, en caso de encontrar trabajo, la ayuda se entrega de forma gradual. De esta forma, se establece una cantidad diferente en función de las nuevas necesidades del ciudadano.
La formación ultraderechista ha llegado incluso a acusar al gobierno de monitorear aplicaciones como WhatsApp para impedir la crítica a su gestión; algo que resulta totalmente incierto y que desde la propia compañía han desmentido.
La actualización restringe el número de destinatarios a los que se puede reenviar un mensaje. Esto impide a Vox seguir compartiendo bulos a través de la aplicación, y por ello han intentado marcar esta acción como censura. Pero las acciones llevadas a cabo por la compañía para nada tienen que ver con el gobierno en funciones.
Sin embargo, Andru Llabi, Historiador y Analista político, considera difícil desestabilizar la democracia de esta forma. “Es difícil desestabilizar una democracia a través de “fake news” ya que la gente es crítica”, y añade “haría falta algo más”.
Pablo Iglesias como cabeza visible del gobierno
El centro de su ofensiva ha residido y reside en la figura del vicepresidente, Pablo Iglesias. Andru Llabi explica que “el centrar la postura más extrema del gobierno en Pablo Iglesias, al que llevan años demonizando en toda la esfera pública, facilita decir que se trata de un gobierno extremista. Es fácil señalar a Pablo Iglesias para tratar de desestabilizar al bloque de gobierno y que las posiciones más conservadoras del PSOE se sintieran incómodas”.
Derecha y extrema derecha acusan al vicepresidente de las muertes en las residencias de ancianos. Argumentan que con el estado de alarma Iglesias asumió el control de estos centros. Sin embargo, las autonomías han conservado sus competencias, tal y como exponía el BOE el 14 de marzo.
Todo ello ha venido derivado tras las críticas por la mala gestión de las residencias en comunidades gobernadas por la derecha, como la Comunidad de Madrid. Aquí, la comunidad obligó a no derivar a los mayores enfermos a ningún hospital.
Se trata de un intento de evitar la polémica por la división que se vive entre PP y Ciudadanos sobre este asunto. Por ello, los populares han decidido achacar esta decisión al gobierno central.
Pero la violencia generada ha sido tan grande que incluso ha llegado a abarcar a personas ajenas a los partidos. Es el caso de Javier Iglesias, padre de Pablo Iglesias.
Cayetana Álvarez de Toledo, diputada en el Congreso por el Partido Popular, acusó al vicepresidente del gobierno en funciones de ser hijo de un terrorista.
Cayetana Álvarez de Toledo dice que Iglesias "es el hijo de un terrorista" después de que éste la llamara "señora marquesa". El vicepresidente recomendará a su padre emprender acciones legales: "Usted acaba de cometer un delito" https://t.co/sv6YJc3HOm pic.twitter.com/wka7KXVkcu
— Europa Press (@europapress) May 27, 2020
Más allá del Congreso
No solamente se han quedado en palabras, sino que han ido más allá. Ejemplo de ello es la concejala de Vox en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, y a la cual la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado por acoso continuado y coacción.
Gómez Carvajal se ha jactado en las redes de ello, compartiendo vídeos frente al domicilio de la ministra y el vicepresidente del gobierno. Desde la formación ultraderechista han impulsado continuamente esta serie de concentraciones, llegando incluso a desplegar una pancarta en una de las paredes del domicilio.
“El acoso al domicilio del vicepresidente resulta algo peligroso en cuanto a que son escraches continuados que pretenden mostrar que ese representante no debería estar allí de una manera geográfica ni ostentar el cargo que ostenta”, expone Llabi.
#Cacerolada21h#Galapagar#GobiernoDimision#FaseLibertad 🇪🇸#FuerzaEspaña#VillaPandemias#PorHaberseAcostadoConElJefe pic.twitter.com/TdsMvx8pxk
— Cristina Gomez Carva (@CristinaGomezC7) June 7, 2020
Y recuerda, “no tienen un objetivo político concreto más allá de minar la moral y señalarles continuamente. Se trata de acoso y por eso lo separaría de los escraches vistos con anterioridad que tenían como fin presionar para conseguir crear o eliminar una ley“.
Incluso se han llegado a producir amenazas de muerte, como la que muestra el siguiente vídeo.
Ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno✊ pic.twitter.com/lBjGdO2bvb
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 18, 2020
En él, un grupo de hombres sentencian y disparan a unas imágenes, como si se tratara de un fusilamiento. Las fotografías muestran a los principales miembros del gobierno.
Odio y criminalización
Por otra parte, la lucha feminista se ha intentado criminalizar constantemente. En Madrid, y según cifras oficiales ofrecidas por RTVE, 120.000 personas acudieron a la manifestación. Esta cifra supone un número menor de personas que las movilizadas en transporte público el día siguiente, 15 de marzo.
Sin embargo, no se ha cuestionado el silencio de Ortega Smith tras un viaje a una zona de riesgo en Italia, al igual que el meeting en Vistalegre celebrado ese mismo fin de semana. Este último reunió en un espacio techado a alrededor de 10.000 personas y en el que los líderes políticos de la formación repartieron besos y apretones de mano con muchos de los allí presentes.
Pero si el 8M se ha visto criminalizado de esa forma no ha sido, ni mucho menos, porque se hayan preocupado por la salud de la población, sino porque es un pilar de un gobierno socialdemócrata al que ellos no toleran.
No toleran al colectivo LGTBI, no toleran a los inmigrantes y tampoco lo hacen con las mujeres que luchan por alcanzar la igualdad. Se trata de esa clase de hombres que vive feliz con sus privilegios de macho y no está dispuesto a perderlos.
Ya que su plan no ha dado ningún fruto, han tenido que recurrir a otra vía: inmigrantes y okupas. Sí, la aporofobia de este colectivo es sumamente enorme, tanto que han buscado la vía más fácil, recurrente, incierta y agotada que puede existir en el discurso de la derecha.
La normalización del fascismo y la desinformación
Ante todo esto, información, o más bien, desinformación. Tanto prensa como televisión se han hecho eco de estos bulos y, lejos de contrastar aquello que comparten con la ciudadanía, han preferido hacerlos aún mayores y expandirlos todo lo posible.
Estamos viendo cómo muchos de los medios conservadores tratan de erosionar al gobierno con debates que le pueden resultar negativos, mientras que encumbran la figura del fascismo.
Esta normalización del fascismo, incluso a nivel institucional, no es nueva. Llevamos muchos años conviviendo con él, aunque ahora haya ganado terreno.
Los ataques que se producen diariamente en el Congreso son la chispa que prende los actos que se cometen en la calle, y que se sirven de justificación mutuamente.
Para que en un país como España, que no ha castigado el fascismo, pueda eliminarlo, se requiere de una gran gestión institucional.
La estrategia de Vox es la misma que aquella que Hitler y Mussolini utilizaron en Italia allá por los años 30 y 40. Como bien explica Alberto Sánchez, analista político y activista social, “los discursos de exaltación patria dan a los excluidos un lugar común donde sentirse en comunión con otros y si encima estos les muestran un enemigo invisible que es la raíz de sus males, las personas desesperadas seguirán esa consigna”.
La normalización del fascismo pone en peligro la democracia porque fascismo es igual a intolerancia, es igual a autoritarismo y es igual a represión.
“Hay varias cuestiones que pueden ser peligrosas, pero la que más es, en mi opinión, la deslegitimación del gobierno pese a salir de las urnas, puesto que si decimos que el gobierno no es legítimo, cualquier cosa contra él será legítima”, expone Alberto.
