Díaz Ayuso intenta ocultar el problema estructural de Madrid

Ya hace mucho que se sabe que la pobreza afecta más a determinados sectores de la población, a determinados barrios, y que el abandono escolar, la precariedad laboral, la mala salud son más importantes en algunas zonas de nuestras ciudades que en otras.

Un ejemplo lo hemos tenido en la situación de confinamiento durante la pandemia. Ha sido en los barrios pobres donde más incidencia han tenido los problemas del confinamiento: hacinamiento en viviendas más pequeñas, falta de medios para acceder al teletrabajo o a la escolarización online, problemas para mantener el aislamiento, la necesidad de trasladarse a trabajos precarios y de baja cualificación, etc.

Ahora, las medidas emprendidas en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso llevan esa situación un paso más allá.

Medidas incomprensibles

Lo que está pasando en Madrid se debe, principalmente, a la gestión de sus gobernantes. Se trata, en teoría de la comunidad mejor preparada para afrontar cualquier tipo de problemas, sobre todo, teniendo en cuenta que es la capital del país y dispone de más recursos que la mayoría de las demás comunidades.

Sin embargo, la gestión del PP de Madrid no ha podido superar las promesas de su presidenta y demás miembros del gobierno (que, en ocasiones, se han contradicho los unos a los otros), no se han contratado rastreadores, ni se han reforzado los centros de atención primaria, ni hay una estrategia de comunicación clara, ni medidas de contención adecuadas.

La última promesa de Díaz Ayuso ha sido que se realizará casi “un millón de testPCR a las personas que viven en las 37 zonas de salud afectadas, algo que no ha ocurrido.

Díaz Ayuso ha declarado, por activa y por pasiva, que la culpa no es suya, que la culpa es de los inmigrantes (por su modo de vida), de la gente (que no cumple bien con las medidas), del aeropuerto de Barajas (aunque sólo se haya confirmado un caso), del gobierno central (si bien criticaron constantemente las medidas propuestas por el mismo y pidieron el control absoluto de la situación). Es decir, que la encargada de la gestión de los recursos no tiene responsabilidad alguna.

Las medidas aprobadas por el gobierno de Díaz Ayuso son, en algunos casos, incluso incomprensibles. Por ejemplo, se equipara el riesgo de transmisión en los espacios cerrados con el que se da en espacios abiertos, a pesar de las evidencias de que el riesgo es mucho mayor en espacios cerrados. Otro ejemplo es el hecho de que en los barrios afectados se prohíbe totalmente la libertad de movimientos: se limita la posibilidad de relacionarse socialmente, pero se mantiene abierta la movilidad para ir a trabajar.

Lo que se ha trazado es una línea entre aquellos a los que no se quiere molestar y aquellos que sólo sirven como mano de obra.

Pero hay una de estas medidas que destaca sobre las demás. Se ordena el confinamiento de los barrios de renta más baja, porque allí crecen los contagios. Pero la pregunta es, ¿porqué crecen allí más los contagios? Las explicaciones que se han dado desde el gobierno autonómico no satisfacen a nadie, porque no se ahonda en la cuestión clave: que se trata de un problema estructural, de pobreza, precariedad y marginación.

Las desigualdades que han ido creciendo en determinados barrios de las ciudades españolas nos muestra, ahora, en medio de la pandemia, su rostro más amargo: el aislamiento y la marginación de personas que no pueden teletrabajar (porque sus puestos de trabajo son los más precarios de la sociedad), que viven hacinados, que no pueden conciliar su vida familiar y laboral, que tienen hijos e hijas que no tienen acceso a los estudios por falta de medios.

Se trata, en este caso, de una lógica perversa porque las medidas, en términos sanitarios, no tienen consistencia: si no se cuida una parte del conjunto de la sociedad se pierde la coherencia de todo el conjunto. La sanidad depende de la situación del eslabón más débil de la cadena. Y ese eslabón es el que se está abandonando.

Eso sí, el gobierno de la comunidad, con la ayuda y asistencia del Ministerio del Interior, desplegará un ejército de policías para controlar las restricciones de movilidad, con controles aleatorios que, en las primeras 48 horas, serán “de carácter informativo”.

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