El FMI en Ecuador (I): crónicas de una muerte anunciada

El 28 de agosto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó un nuevo crédito de 6.500 millones de dólares al Gobierno de Ecuador liderado por el Presidente Lenín Moreno auspiciado por su partido Alianza País y de los grupos de poder representado por Guillermo Lasso y Jaime Nebot.

El préstamo fue socializado por todos los medios de comunicación hegemónicos de Ecuador como un gran logro del gobierno, ellos comunicaron que van a destinar el dinero recibido del préstamo para pagar sueldos a funcionarios públicos y a proveedores del gobierno, el cual principalmente va a estar destinado a la “reactivación económica”; el préstamo fue concedido con un interés del 2.9% a 10 años plazo y 4 años de gracia.

Muchos analistas económicos y políticos aliados al régimen han celebrado el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional aludiendo que en este momento las condiciones del arreglo entre el gobierno de Lenin Moreno y el FMI no son importantes y que lo releevante es que el Ecuador reciba este tan esperado préstamo.

Todo ello argumentando que el país está recién saliendo de una pandemia que dejó 36.000 mil muertos y un Ecuador sumido en la miseria por consecuencia de la peor crisis financiera de la historia del del país en el último siglo.

El primer desembolso de 2.000 millones de dólares se realizó el día 30 de septiembre después de que el Ministro de Finanzas Richard Martínez anunciara que había cumplido con todas las condiciones que pedía el Fondo Monetario Internacional antes de realizar los desembolsos.

Las condiciones impuestas por el FMI hasta la fecha, no han sido socializadas ni discutidas en la Asamblea Nacional, ni con el pueblo ecuatoriano. Lo que sí se sabe es que el Gobierno de Lenín Moreno con su partido Alianza País han empezado varias campañas de planes de gobierno que se están realizando a pedido expreso del Fondo Monetario Internacional, entre ellos tenemos el “plan de monetización de los activos estatales” y el “plan de optimización del tamaño del estado”.

El gobierno ecuatoriano para recibir el desembolso de la primera parte del último préstamo realizó varias concesiones de empresas estatales a manos privadas y empezó el “plan de monetización de los activos estatales”.

En otras palabras, es un proceso de privatización de bienes del Estado con la excusa de que son bienes inoperantes con estructuras en pésimo estado y su administración sólo conlleva gastos gerenciales y de mantenimiento innecesarios, afectando directamente las arcas del Estado.

Sin embargo, la realidad parece ser otra, la concesión de las refinerías de Esmeraldas, Shushufindi y la Libertad se llevó a cabo con pleno conocimiento del gobierno actual que las refinerías eran estructuras nuevas y en excelente funcionamiento que fueron entregadas por el gobierno anterior de la Revolución Ciudadana para su administración actual en el año 2017.

Adicionalmente, en julio de 2019 la Corporación Financiera Nacional (CFN) la cual es dueña de las acciones del Banco del Pacífico, Banco de todos los ecuatorianos, resolvió vender sin razón alguna las acciones de la entidad.

La junta directiva de la CFN empezó un proceso de “valoración” el cual “debía tener un estatus reservado” con este anuncio empezó la privatización del Banco del Pacífico, el segundo Banco más rentable del Ecuador con una ganancia anual en el 2019 de 92.760.860 millones de dólares.

La segunda acción a favor del Fondo Monetario Internacional que tomó el gobierno de Lenín Moreno en mayo de 2020 fue el “plan de optimización del tamaño del estado” que implicó la salida forzosa de más empleados públicos, el ejecutivo emitió nueve decretos que involucraron a 15 instituciones estatales.

Este plan está todavía en vigencia y su meta es la fusión, supresión y extinción de instituciones estatales. Es importante evidenciar que el gobierno de Lenín Moreno señala a la pandemia como la causa principal de los despidos, sin embargo, solo en el año 2019 se calcula que cerca de 25.000 personas dejaron de trabajar en el sector público.

Asimismo, el Gobierno que incluye el Presidente, Ministros y la Asamblea Nacional ya habían presentado una proforma para el año 2020 con una reducción importante en el presupuesto para pago de salarios del sector público.

El plan de optimización del tamaño del Estado en conjunto con la ley “Humanitaria” que redujo salarios, ha creado una situación severa de insolvencia económica de las familias ecuatorianas afectando directamente a la capacidad de consumo de los ecuatorianos que golpeó fuertemente a las empresas que tuvieron que reducir su producción por la falta de demanda, estas empresas como resultado también tuvieron que despedir a cientos de empleados creando una tasa de desempleo del 13.3% la más alta desde el año 2007.

Sin embargo, lo más sorprendente de todas estas decisiones de gobierno del Presidente Lenín Moreno en conjunto con el ex-ministro de finanzas Richard Martínez son los dos decretos ejecutivos que se realizaron contemporáneamente para liberar del control estatal la importación de combustibles y las tasas de interés de todo tipo.

El miércoles 25 de septiembre de 2020 se ejecutó el decreto ejecutivo No. 1158 que permite la libre importación de combustibles, anteriormente el gobierno ecuatoriano importaba los combustibles y se hacía cargo de los gastos de importación, beneficiando al pueblo ecuatoriano con precios acordes al mercado y a la canasta básica de los ecuatorianos.

Con la nueva disposición del gobierno, la importación de todos los combustibles incluyendo el gas doméstico lo van a realizar en su mayoría empresas transnacionales, no empresas privadas ecuatorianas.

Con la liberalización de la importación de los combustibles las arcas del estado Ecuatoriano tienen un beneficio nulo, así mismo, los precios de los combustibles tendrán un aumento de manera exponencial porque los nuevos precios van a reflejar los costos adicionales de compra, transportación, desaduanización y tasas arancelarias de los combustibles.

Todos estos recargos van a afectar directamente el bolsillo del consumidor, no obstante, lo más perturbador de este decreto es que el gobierno ecuatoriano también va a permitir que las empresas transnacionales importadoras de combustible utilicen las instalaciones de Petroecuador para que puedan almacenar los combustibles con un pago mínimo de “renta”, de esta manera afectando adicionalmente al Ecuador.

Por consiguiente, con oficio JPRMF2020-0351-O el día 22 de septiembre la Secretaría Administrativa de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, se decretó la liberalización de las tasas de interés.

La junta alegó que las tasas de interés activas máximas serán fijadas en una reunión mensual de la junta, las tasas de interés serán calculadas al incorporar al costo de la tasa de interés, el costo de fondeo, los costos de riesgo de crédito originados en las perdidas esperadas e inesperadas, los costos operativos, y el costo del capital, sin embargo, los créditos de la banca y cooperativas siguen teniendo techos, que serán establecidos por la Junta con una metodología diferente.

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