Declaración de La Paz: ¿fin de las sanciones de EEUU sobre Venezuela?

El domingo 8 de noviembre de 2020, líderes políticos de la izquierda latinoamericana y europea, han suscrito el documento denominado “Declaración de La Paz en favor de la democracia y en contra de la ultraderecha”, el cual es un manifiesto firmado por los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Bolivia, Luis Arce; y el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias.

El referido documento enuncia lo siguiente: “Hoy la democracia está amenazada y basta con analizar los acontecimientos políticos de los últimos meses en Bolivia, país anfitrión de esta Declaración, para constatar que la principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de la ultraderecha”.

Durante el acto de toma de posesión presidencial en Bolivia, escenario elegido para la firma del manifiesto antes mencionado, el Presidente Luis Arce señaló al Gobierno saliente de Jeanine Áñez como ilegitimo, cuyo origen de facto ha representado un retroceso para la tendencia progresista y democrática de Latinoamérica.

Tales actuaciones fácticas han sido ampliamente denunciadas en Bolivia y por buena parte de la comunidad internacional como un golpe de Estado, el cual tuvo como objetivo derrocar al entonces mandatario Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS).

En este sentido, respecto al accionar de la derecha política a nivel mundial, misma que no escatima esfuerzo en atentar contra el hilo constitucional de las naciones soberanas, la “Declaración de La Paz en favor de la democracia y en contra de la ultraderecha” denuncia lo siguiente: “Una ultraderecha que se expande a nivel global, que propaga la mentira y la difamación sistemática de los adversarios como instrumentos políticos, apelando a la persecución y la violencia política en distintos países. Promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder”.

El citado documento añade que “esta acción antidemocrática se potencia allí donde encuentra poderes comunicacionales a su servicio, que acumulando un inmenso poder de influencia, pretenden manipular y tutelar las democracias en defensa de sus intereses políticos y económicos”.

Un año después Bolivia se convierte en “referencia internacional de la respuesta ciudadana al golpismo”, así lo declara el manifiesto durante el acto de investidura presidencial Arce. En este sentido, los líderes firmantes del documento han expresado su irrestricto compromiso de trabajar conjuntamente “por la defensa de la democracia, la paz, los derechos humanos y la justicia social frente a la amenaza que representa el golpismo de la ultraderecha”.

Cabe destacar, que la declaración no solamente fue suscrita por mandatarios en activos en sus magistraturas, también firmaron diferentes figuras políticas de Latinoamérica y Europa reconocidos por sus luchas en favor de la democracia y el progresismo. Entre los firmantes también figuran los expresidentes de Bolivia Evo Morales, de España José Luis Rodríguez Zapatero, de Brasil Dilma Rousseff, de Ecuador Rafael Correa y de Grecia Alexis Tsipras.

Asimismo, Los candidatos a la Presidencia de Ecuador Andrés Arauz, de Chile Daniel Jaduem, de Colombia Gustavo Petro y de Perú Verónica Mendoza, junto a Jean Luc Melenchon, líder de Francia Insumisa, y Caterina Martins, del Bloco de Esquerda en Portugal, completan los firmantes.

Los nuevos tiempos que se avizoran para Latinoamérica un nuevo viraje hacia la izquierda, rumbo a la tan anhelada integración regional y armonización de las economías locales. De igual forma, la cohesión de la línea política en América latina será un importante muro de contención ante injerencias locales y extracontinentales de la derecha.

Es precisamente Latinoamérica donde se encuentra la nación más vulnerada por el intervencionismo estadounidense y sus aliados en Europa durante los últimos años, Venezuela. País el cual ha sido sometido a un bloqueo económico impulsadas por el Congreso estadounidense y la Orden Ejecutiva emitida por el expresidente estadounidense Barack Obama el 8 de marzo de 2015.

En dicha orden se califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Mediante el referido documento, el mandatario estadunidense “obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes”, lo que sería aprovechado por el entonces presidente, Donald Trump, quien impuso medidas que inciden en la banca privada de Venezuela, así como los mercados y otras instituciones financieras internacionales, causando grandes estragos en la nación caribeña.

El 31 de julio de 2017, después de la jornada electoral para la votación de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela (ANC), el Gobierno estadounidense empleó sanciones económicas al presidente Nicolás Maduro como “escarmiento” por no haber suspendido la convocatoria dichos comicios, tal como lo exigió Trump.

Durante el mes de marzo de 2018, la Casa Blanca impuso seis nuevas medidas coercitivas contra la criptomoneda Petro, mecanismo financiero impulsado por el Gobierno de Venezuela para equilibrar la economía al prohibir la reestructuración de la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano. También prohibieron a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana.

Todas estas pérdidas son fruto de las acciones promovidas por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, junto con el gobierno de Estados Unidos, al solicitar sanciones para Venezuela como medio para administrar grandes cantidades de dinero provenientes de activos de Citgo, así como el manejo de los fondos del extranjero destinados a supuestas ayudas humanitarias.

Ante estos escenarios intervencionistas, vislumbra un respaldo político en bloque por parte de la región latinoamericana hacia Venezuela y su Gobierno Bolivariano, fungiendo como un importante contrapeso a las pretensiones de la derecha en esa nación.

Sin embargo, a pesar de los recientes cambios en la administración estadounidense, donde los medios proyectan a Joe Biden como virtual ganador de la presidencia, tanto el partido Demócrata como el Republicano mantendrán vigente el abordaje político contra Venezuela hasta tanto ocurra cambio de gobierno en el país sudamericano.

Es importante destacar, que durante el 2015 se llevó a cabo la transformación del panorama político del continente americano, sobre todo en la tendencia política de países que habían sido gobernados en la última década por coaliciones de centroizquierda. La llegada al poder de la derecha en sus diferentes modalidades, fue catalogada por determinados analistas como el “fin del ciclo progresista”.

Pero la historia reciente ha demostrado que, a raíz de la victoria de López Obrador, el regreso del peronismo en Argentina, el contragolpe electoral del MAS boliviano, así como la victoria de en el plebiscito chileno fijan el rumbo hacia la reconquista por parte de la izquierda latinoamericana de las cúpulas del poder político en sus diferentes países.

Dentro de estas nuevas dinámicas también surgen liderazgos renovados. Ejemplo de esto es Gustavo Petro y la Colombia Humana, Andrés Arauz en UNES, Gabriel Boric y el Frente Amplio chileno, Andrónico Rodríguez y el MAS, Verónika Mendoza y el Nuevo Perú.

Todo ello es prueba de la aparición de escenarios políticos que, junto a sus nuevos protagonistas, representan la continuidad integracionista de Latinoamérica. Bajo este contexto, naciones como Cuba o Venezuela no están aisladas en el mapa político, permitiéndoles un interesante margen de maniobra diplomática para afrontar cualquier pretensión injerencista.

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