Engranajes económicos del sistema energético en España (I): el aumento de la factura de la luz

El precio máximo de la energía eléctrica se ha triplicado en la primera semana de este año 2021, pasando de 5,8 a 18 céntimos por kilowatio/hora, según OMIE.

Estos días se habla mucho de la “tormenta perfecta” de circunstancias que han llevado a un desmedido incremento de la factura de la electricidad en España. Una “tormenta perfecta” creada por una mayor demanda, el recurso al gas, y las tareas pendientes de la reforma del sistema energético. Todo ello ha llevado a que el precio del kilowatio/hora se triplicase en sólo una semana.

Pero lo peor es que esta situación va a seguir produciéndose, según los expertos, de manera puntual, hasta que acabe el proceso de transición ecológica del sistema energético español que destierre el imperio de los combustibles fósiles.

Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Y sigue creciendo, en beneficio de unas empresas que controlan el mercado de forma absolutamente opaca, con el beneplácito de los diferentes gobiernos de la democracia española. Y eso, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar de Europa. El problema es que el mix energético español sigue controlado por el sector del gas natural y el petróleo, dos recursos energéticos que España se ve obligada a importar.

Además, en contra de lo que se prometió a la ciudadanía cuando se liberalizó el mercado eléctrico, los precios no han parado de subir.

¿Cómo se forma la factura de la luz?

El precio máximo de la energía eléctrica se ha triplicado en la primera semana de este año 2021, pasando de 5,8 a 18 céntimos por kilowatio/hora, según OMIE (operador de mercado eléctrico designado). Los precios mínimos han estado cerca de duplicarse (de 3,4 a 5,4 céntimos), y los precios medios se han más que doblado (de 4,6 a 10,7).

Estas cifras se refieren al “precio final de la energía” que supone un tercio del recibo de los hogares. Otro tercio es el de la potencia contratada (peajes por el transporte desde la central hasta el electrodoméstico, principalmente), y el impuesto a la electricidad, un 5,11% en la parte fija y variable. A esto debemos sumar el 21% de IVA. Así, se acumula casi un 27% de impuestos indirectos sobre la factura. Todo esto supone un encarecimiento interanual del precio de la electricidad del 31%.

¿Cómo afecta al consumidor la “tormenta perfecta” de la que hablábamos anteriormente? Por un lado, las bajas temperaturas han disparado el consumo de electricidad. Por otro, el sistema de “subasta marginal” que se aplica en España: se aplica a toda la energía de la red el precio de aquella cuya producción es más cara, y entra en último lugar en el mix energético; en este caso, el gas, ya que se ha recurrido a las centrales térmicas de gas para cubrir esa demanda: pasó de suponer apenas el 10% al 22,6%, desplazando así a la hidráulica y a la nuclear (que bajó del 24% al 22%).

Es decir, los precios se generalizan al coste más alto, el gas natural, al resto de los sistemas, pese a que su coste es mucho inferior, enriqueciendo, sobre todo, a las centrales nucleares y las hidroeléctricas. Esto ha redundado en un sobrecoste para el consumidor, a través de lo que se denominan windfall profits (beneficios caídos del cielo) para las energéticas.

Debido a la coyuntura actual, los precios del gas se han disparado: Argelia prefiere vender su gas a China o Japón, que pagan más, mientras las ventas a España se han reducido a la mitad. Hay que tener en cuenta que las centrales de gas apenas suponen el 3% de los generadores eléctricos, por lo que su mayor precio no tendría apenas impacto sobre el recibo, si no fuese por el efecto de la “subasta marginal” en el conjunto del sistema. Por tanto, podemos afirmar que la culpa no la tiene nadie más que el sistema de regulación eléctrica, que permite que las grandes eléctricas se enriquezcan, gracias a un sistema que necesita una profunda y urgente revisión.

Aunque es un proceso que se da todos los días, sólo salta a los titulares en situaciones como la actual, con incrementos disparatados de los precios. Pero tampoco cuela la idea de que esto “pasa en toda Europa”, debido a las normativas comunes: en Francia, por ejemplo, su sistema para trasladar los precios de los mayoristas a los minoristas es totalmente distinto y no afecta del mismo modo al consumidor.