La memoria histórica y la derecha española: un problema de legitimidad democrática

La nueva Ley de Memoria Democrática pretende evitar la polarización social, fomentando la cohesión y la solidaridad entre las diferentes generaciones, en torno a los valores, principios y libertades democráticas, suprimiendo los elementos de división y promover lazos de unión en torno a los mismos. Para ello es imprescindible promover un exacto conocimiento de la historia, con el objetivo de que las nuevas generaciones entiendan la verdadera importancia de los valores y libertades democráticas.

Para poder avanzar en memoria democrática sería fundamental que la derecha española se quitase de encima sus relaciones con el pasado franquista, que lo asumiese y avanzase en su superación, de forma que dejasen de lanzar su ponzoña sobre los españoles que fueron derrotados en la guerra y reprimidos en la dictadura.

Esa ponzoña es la que arrojan habitualmente cuando se abren los debates sobre la memoria histórica, con argumentos de lo más peregrinos: que reabren las cicatrices, que olvida que ambos bandos cometieron desmanes, que es sesgada, etc. Todos estos argumentos sólo sirven para intentar igualar a los golpistas con la República y difuminar los excesos represivos de la dictadura.

La derecha española debería “deshacerse” de la influencia de la generación del franquismo y afrontar su pasado sin traumas y desde una perspectiva real. También debemos realizar una nueva revisión de la Transición, para que se adapte a las necesidades de la sociedad actual.

No podemos seguir viendo ejemplos como el del ayuntamiento de Madrid, encabezado por unos partidos “democráticos”, que ha permitido que el apoyo de la extrema derecha haya condicionado su agenda, y que ha transformado la memoria histórica en una nueva Cruzada contra la misma democracia.

Y hemos tenido numerosos ejemplos en los últimos meses: primero fue la destrucción del memorial de las víctimas en el cementerio de la Almudena; después fue la retirada de las calles, esculturas y placas de recuerdo de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero; o la destrucción de la placa de homenaje al expresidente del gobierno Largo Caballero, instalada hace cuarenta años. Todo esto demuestra que el ayuntamiento de Madrid ha permitido, en aras a conseguir controlar el consistorio, que VOX instigue la vandalización pura y dura del patrimonio memorial público.

En una época que estamos viendo cómo la extrema derecha se extiende por las instituciones de toda Europa, incluyendo España, y vemos cómo en la sociedad se va “normalizando” su presencia mediática, no podemos perder de vista la gran importancia de la memoria histórica. Debemos formar a las nuevas generaciones para que sepan quiénes eran los fascistas, qué hicieron, quienes colaboraron con ellos y el papel que jugaron instituciones como la Iglesia católica en la Guerra Civil y en la dictadura.

Es por eso que la memoria democrática no puede seguir siendo un “caballo de Troya” de la derecha española, en su lucha contra la sociedad, sino que debe considerarla como un ejercicio imprescindible de educación en democracia, sobre todo en un país con una tradición democrática tan corta como es el nuestro.

La ley, por mucho que insista la derecha, no busca revanchas, sino que busca honrar y conmemorar a las víctimas de la Guerra Civil y a los represaliados por la dictadura. La derecha ya ha asumido una oposición frontal, a todos los niveles, institucionales y en la calle, a la ley. Pero, a pesar de todos sus intentos, no cabe vuelta a atrás.