El origen español del Día Internacional de los Trabajadores

En España, la historia del 1º de mayo no comenzó con buen pie: socialistas y anarquistas estaban profundamente divididos, y sus estructuras organizativas no eran excesivamente fuertes. A pesar de eso, en 1890 se manifestaron por las calles de Madrid más de 30.000 personas, en un contexto en que la actualidad política iba de la mano de las reivindicaciones laborales y sociales.

La celebración del 1º de mayo en el primer cuarto del siglo XX se desarrolló entre claroscuros: autorización y prohibición constante. La situación de relativa normalidad se mantuvo hasta 1917 cuando la crisis política, militar y social provocó que el gobierno clausurase las Casas del Pueblo y se desatase la represión.

En febrero de 1919, la célebre huelga de La Canadiense, dirigida por el movimiento anarquista en Barcelona, consiguió que se aprobara en toda España la jornada de 8 horas, tras 44 días de huelga y dejar la capital catalana paralizada. Gracias a esta movilización, España fue el primer país de Europa que aprobó, mediante un decreto, la jornada de 8 horas.

La íntima relación entre las reivindicaciones políticas y laborales quedó en evidencia en el 1º de mayo de 1921, cuando se exigieron responsabilidades por el desastre de la guerra de Marruecos, una guerra librada por obreros, ya que los privilegiados podían librarse de la aventura norteafricana a cambio de aportaciones económicas.

Entre 1923-1930, el Día del Trabajo se celebró sin manifestaciones, debido a la privación de ese derecho durante la dictadura militar de Primo de Rivera, un derecho que no se recuperó hasta la llegada de la Segunda República. A pesar de eso, las organizaciones obreras pudieron mantener actos de carácter “privado”.

A partir de 1931, las organizaciones obreras tuvieron más libertad, pero también más desunión. La de ese año fue una celebración extraordinaria: se celebró pocas semanas después de la proclamación de la Segunda República y fue la primera considerada una fiesta oficial, a propuesta del ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero.

Sin embargo, ya ese año se celebró en medio del enfrentamiento político: los socialistas querían darle a la festividad un sentido lúdico, y los anarquistas apostaban por un día de lucha para subvertir el capitalismo y la burguesía.

También es muy interesante el documento con las propuestas obreras: derecho al voto a los 21 años, cumplimiento de la jornada de 8 horas, políticas para paliar el paro y contra la carestía de la vida, construcción de casas baratas, reforma agraria, legislación a favor del cooperativismo, repoblación forestal, ley sobre el control sindical de las industrias, etc. Se trataba, por tanto, de una parte esencial del programa político, social y económico del socialismo español.

En 1932 y 1933 se celebraron manifestaciones multitudinarias, en el marco de la denominada Fiesta del Trabajo. También se produjeron los primeros intentos de los comunistas de organizar manifestaciones propias, al margen de las convocadas por los socialistas, aunque fueron dispersadas por la policía.

En 1936, meses después del triunfo del Frente Popular, la celebración reflejó la constante tensión en la que estaba sumido el país, polarizado entre la izquierda y la derecha. A pesar de eso, en Madrid se manifestaron más de medio millón de personas. Abundaron las reivindicaciones de carácter político, relacionadas con la situación española y mundial, y que se cumpliese el programa del Frente Popular.

Otras reivindicaciones fueron resolver el paro obrero mediante la adopción de una política de obras públicas, el establecimiento de subsidios de desempleo, la semana laboral de 40 horas, la depuración de responsabilidades por la represión de la Revolución de Octubre de 1934, disolución de los grupos armados fascistas y monárquicos, el fin de la guerra imperialista y la defensa de la URSS, etc.

Tras el comienzo de la Guerra Civil, el 1º de mayo sólo se conmemoró en la zona republicana, aunque en 1937 y 1938 sólo se celebraron actos y mítines en lugares cerrados, además de publicar manifiestos, en los que se resaltaba el esfuerzo bélico de la clase trabajadora contra el fascismo, insistiendo en la unidad para hacer frente al enemigo.

En los territorios sublevados quedó prohibida como una festividad estigmatizada como izquierdista y de lucha de clases: fue prohibida por un decreto de abril de 1937, que también suprimía el Día de la República (14 de abril).

En 1939, la victoria franquista supuso la ilegalización de todas las organizaciones sindicales y de izquierda, así como la prohibición de todas las manifestaciones públicas que no estuviesen dirigidas a la exaltación “patriótica” del nuevo Estado. Por eso, el dictador convirtió el 18 de julio, aniversario del “alzamiento” en la fiesta de Exaltación del Trabajo Nacional, uniéndola así a las raíces de su Movimiento, a través del Fuero del Trabajo, aprobado en marzo de 1938.

A pesar de eso, las organizaciones obreras siguieron funcionando en la clandestinidad y organizaban actos de protesta con motivo del 1º de mayo, vertebrados por la CNT y la UGT.

Tras la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, el Vaticano estableció, en 1955, la festividad de San José Obrero, intentando así darle al 1º de mayo un sentido cristiano, en medio de “un mundo de ateísmo comunista”. La dictadura franquista se sumó a esta celebración, a través de actos del sindicato vertical, destinados a ensalzar al régimen, y dándole un contenido claramente religioso.

A pesar del contexto de represión, la izquierda aprovechaba la fecha para convocar actos urbanos que permitían mantener la presencia de disidentes, evidenciando un malestar social que, oficialmente, no existía.

A partir de los años 1960, con la revitalización del movimiento obrero gracias a Comisiones Obreras, comenzó a generarse una nueva dinámica en relación con el 1º de mayo: el día anterior se llevaba a cabo una jornada de lucha, con paros cortos, boicots al transporte, etc., y el día 1 se llevaban a cabo concentraciones de trabajadores. La represión de estos actos era contundente y llevó a la detención de los activistas fichados, días antes de la fecha, para hacer fracasar esas acciones.

También fuera de España los exiliados siguieron celebrando el 1º de mayo, convirtiéndolo en un acto de denuncia del régimen franquista. Por ejemplo, en 1961, en París, participó en su último acto público Indalecio Prieto. En esos actos, los exiliados españoles incorporaban a las manifestaciones en los países de residencia sus propias pancartas y reivindicaciones.

Tras la muerte del dictador, las organizaciones sindicales fueron legalizadas en abril de 1977, aunque la primera celebración autorizada no llegaría hasta 1978. Desde ese día, los trabajadores y trabajadoras han salido a la calle, año tras año, para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, las movilizaciones obreras estuvieron marcadas por la defensa de la democracia.

En 1983 se produjo la ruptura entre las principales centrales sindicales (UGT y Comisiones Obreras), que pasaron a celebrar el 1º de mayo por separado. Pero fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988 la que hizo que ambos sindicatos recuperasen la unidad de acción y, desde entonces, han acudido juntas, planteando cuestiones laborales junto a temas sociales y políticos.

Desde entonces, la celebración del 1º de mayo ha tenido un carácter más  reivindicativo, dependiendo de la situación socioeconómica del momento. Pero no ha sido hasta 2020, a causa de la pandemia, que se ha producido un cambio tan fundamental en su desarrollo.

Ese año, las centrales sindicales convocaron actos reivindicativos virtuales, debido a la situación de confinamiento, pero mantuvieron, nuevamente en un contexto de crisis, el tono de los mismos.