Felipe VI y los indultos: una neutralidad en jaque

Los indultos que serán otorgados por el gobierno español a los líderes del procés, siguen siendo el centro del debate político en España. La inconformidad de la derecha respecto a las medidas de gracia se ha manifestado hasta al extremo de la ironía política al atacar la “neutralidad” de la monarquía.

Tras la declaración de la independencia de Cataluña, medida que al poco tiempo fue revertida por el mismo parlamento catalán, el entonces presidente conservador del gobierno español, Mariano Rajoy, aplicó el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo de este modo la autonomía de Cataluña y acusando al mismo tiempo a los líderes del procés por de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

El actual gobierno de coalición ha impulsado un conjunto de acciones políticas, conducentes a un proceso de diálogo y concertación política, mediante la aplicación de indultos dirigidos a los judicializados por el procés.

El pasado 7 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que es necesario “dejar atrás esa dialéctica estéril de los últimos años“. El mandatario estima que se deben “cambiar las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan, con pragmatismo, honestidad y sentido común“.

La solución al conflicto político entre España y Cataluña “pasa por la amnistía de los condenados y por la autodeterminación“, considera el jefe del ejecutivo central. Todo ello defendido la necesidad del “reencuentro y el regreso de la política“, algo a lo que esta medida de gracia podría ayudar.

Por otra parte, la derecha representada por el PP, Ciudadanos y Vox, haciendo uso de tácticas de crispación política para inocular matrices de opinión beligerante en la sociedad, rechazan toda postura que vea con beneplácito la posibilidad de indulto a los promotores independentistas del procés.

Asimismo, los sectores conservadores, en un acto de alta contradicción política, han emprendido una serie de presiones sistematizadas contra el rey Felipe VI, cuya firma es necearía para completar los trámites de indulto antes de ser publicado vía “Boletín Especial”.

La figura del rey juega un rol constitucional dentro del contexto de las medidas de gracia que otorgará el gobierno central. Felipe VI tiene la obligación de firmar el indulto sin posibilidad de oponerse ni pronunciarse sobre su idoneidad.

Dicho lo cual, el monarca bajo ningún concepto tiene la potestad de negarse a firmarlos, se trata de una obligación establecida dentro de la Carta Magna española. Si bien, la firma es un deber que vincula a la corona al proceso de indulto, el jefe del Estado no es responsable del contenido de los mismos.

La obligación del monarca se encuentra estipulada en el artículo 62 de la Constitución española, la cual señala que, le corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”.

En su artículo 64 señala que “de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”. Es decir, que la responsabilidad sobre el contenido del indulto es solamente del Ejecutivo central que es quién lo autoriza por medio de los canales regulares.

El contenido constitucional no ha bastado para apaciguar las caldeadas emociones de la derecha. El pasado domingo 13 de junio, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI “cómplice“, con su firma de los indultos a los líderes del procés.

Durante el referido acto de derecha, frente a la sede del PP en Madrid, y acompañada por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, su secretario general, Teodoro García Egea, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, entre otros, Ayuso increpó ante los medios de comunicación con lo siguiente:

“¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora, va a firmar esos indultos, le van a hacer cómplice de eso?”. Todo ellos señalando que el presidente del Gobierno debe aclarar “qué más van a hacer” y si optará por “la vía escocesa y la independencia de Cataluña“. A su entender, debe decir “cuál es su siguiente plan” para “mantenerse en La Moncloa“.

Los señalamientos de la derecha ponen políticamente en jaque a la corona respecto a su proceder. La monarquía solo ejerce un papel moderador en el sistema político español, por tal motivo, no puede ni debe tomar decisiones políticas ni circunscribirse abiertamente a ninguno de los lados del espectro político-ideológico, de hacerlo, atentaría con los principios constitucionales que justifican su investidura.

Un día después de las declaraciones realizadas por Ayuso, Pablo Casado las matizó distanciándose de ellas, regresando al respeto constitucional, sin embargo, la líder madrileña volvió a insistir en su argumento.

Con ello ha puesto en una difícil situación a la institución que dirige Felipe VI -la Casa Real tuvo que romper su silencio y entrar en la polémica-, ya de por sí mal valorada socialmente según el último estudio demoscópico realizado sobre la cuestión, en el que la tendencia indica una pérdida de apoyos constantes de la monarquía.

La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria, así lo establece el Artículo 1.3 de la Constitución española. Dicho artículo es uno de los pilares del texto de 1978, en el que se basa el sistema político actual, el cual ve en la aparente despolitización del rey un elemento estabilizador del actual status quo.

La parcialización política abierta del rey estremecería los cimientos constitucionales que justifican la vigencia de su propia investidura. El actual escenario de indulto coloca a la corona en una posición desventajosa, sea cual fuese su acción traerá como consecuencia un efecto político.

Romper con la neutralidad implicaría posicionarse políticamente, lo que dejaría en tela de juicio la legitimidad de la Monarquía en el marco de la misma constitución que le da legalidad y vigencia en el tiempo.

Todo ello traería como consecuencia una importante grieta para la ruptura de los vigentes esquemas políticos, económicos, sociales e institucionales que condiciona el modo de vida de toda la plurinacionalidad en España.