Juego de peones: la progresiva y vergonzosa judicialización de la sociedad española

Los argumentos que justifican muchas de las sentencias judiciales de los últimos años se han convertido en un insulto a la inteligencia.

Desde hace unos años estamos asistiendo a una progresiva y vergonzosa judicialización de la sociedad española, que ha convertido cualquier acto de libertad de expresión en un peligro para algunos sectores de la sociedad, mientras sigue la total impunidad de otros sectores.

  • Si eres un titiritero que hace comentarios que no gustan, aunque sean malinterpretados.
  • Si eres un rapero que denuncia los desmanes de la casa real, aunque sean verdades como puños.
  • Si eres una independentista catalana, aunque solo tengas una máscara y unos productos de limpieza.
  • Si eres un sindicalista que reclamas tus derechos laborales, aunque tengas todo el derecho de hacerlo.

Corres el peligro de acabar en los tribunales españoles. Y, aunque las pruebas sean falsas, aunque estén manipuladas, aunque todo quede en “agua de borrajas“, tu vida se ha visto truncada por esa judicialización de la sociedad.

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Los argumentos que justifican muchas de las sentencias judiciales de los últimos años se han convertido casi en un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, por sus peregrinas afirmaciones.

Por ejemplo, la sentencia contra Rocío Monasterio, que alega que una falsificación deja de serlo por su “burda” realización, es una completa majadería. ¿Si yo voy al Banco de España a cambiar a euros unos cuantos billetes del Monopoli, el juez lo comprenderá también? ¿Si intento atracar ese mismo Banco de España con una pistola de plástico, el juez también comprenderá que es una “burda” imitación de una pistola?

En realidad, sin embargo, el código penal considera delito falsificar una firma, considerado como una estafa castigada con penas de cárcel, especialmente duras si se trata de un documento público, como un documento de una arquitecta, ¿no?

La justicia, un cortijo de amiguetes

El sistema judicial español se ha convertido en un cortijo para amiguetes, en el que se arreglan chanchullos o se “afinan” delitos. En este sentido, la democracia española es solo una imagen, un espejismo, que esconde unos engranajes bien engrasados, que se basan en unos medios de comunicación y un poder judicial totalmente controlado políticamente.

No hay día, ni uno solo, que no salga alguna noticia de una componenda o ilegalidad cometida por un político de la derecha (e incluyo aquí el PSOE), sus allegados, amigos o familiares. Esto está llevando a un punto en que se haya normalizado absolutamente el comportamiento marrullero e ilegal.

¿Por qué ha sucedido esto? Porque se trata de un sistema perverso, en que los órganos de dirección del aparato judicial lo nombran los partidos políticos, de forma que se mantiene el clientelismo típico del caciquismo político español.

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A través de este sistema, los partidos controlan a los jueces que deben juzgar sus componendas, y por eso el  Partido Popular (PP), a las puertas de que se juzguen diversos de sus chanchullos, se niega a reformar los órganos judiciales, porque perderían el control que ejercen sobre la “independencia” judicial.

Así, los tribunales se han convertido en un valioso instrumento para defender sus corruptelas y perseguir al “enemigo“. Por ejemplo, es vergonzoso que tengan que venir los tribunales suizos a destapar las tropelías del “emérito“, mientras aquí se niegan a hacer nada para investigarlo.

Pero sirve también para perseguir al “enemigo“, ya sean, como hemos dicho, raperos, titiriteros, etc. La última ha sido la condena de Isa Serra, sin ninguna prueba documental, con declaraciones oscuras y contradictorias de la policía, que han “servido” para que el juez decida castigarla.

Se procesa al abogado Gonzalo Boye por tener los clientes que tiene, aunque luego se demuestre la absoluta falsedad de la acusación, o la falta de pruebas, etc.

Eso sí, cuando un juez se sale del “argumento” oficial, cuando decide cumplir realmente con sus obligaciones, cuando resuelve, por ejemplo, imputar a la infanta por unos delitos que todos vemos claros, excepto la fiscalía que lo afina bien, ese juez ve saboteadas sus actuaciones por la fiscalía, los órganos judiciales o, directamente, se cambia al árbitro, aunque sea en medio del partido, rompiendo así las más elementales reglas del juego.

En el ámbito político estamos llegando a un punto en que una decisión política se toma, únicamente, en función de la posible sentencia de un juez, de forma que los jueces han pasado a dirigir el rumbo de la política. Sus sentencias, que llegan siempre en los momentos más “oportunos“, marcan la evolución política.

El problema, como señalan algunos expertos, es que los jueces, a pesar de su pretendida neutralidad, cuando actúan no están exentos de sospecha, por su dependencia del partido político de turno o del anterior que lo nombró, o de la situación social creada por los medios de comunicación.

Esto se debe a que la mayoría de los jueces, debido a su origen social, a su corporativismo de clase o profesional, tienden a identificarse con la derecha (o la extrema derecha).

La necesaria reforma del sistema judicial

¿Hemos llegado al punto en que se está realizando un uso indebido de los instrumentos jurídicos para fines políticos? Determinadas situaciones judiciales se usan como arma arrojadiza, se hacen públicas en momentos de alto coste político. ¿Por qué se elige dar publicidad a esas sentencias y se ocultan otras?

En esta situación se ha planteado, desde diferentes sectores sociales, políticos e, incluso, internacionales, la necesidad de reformar el sistema judicial español, para subsanar algunos de estos problemas.

Sin embargo, esta pretendida reforma ha topado con la resistencia del PP (por razones obvias, para no perder su protección judicial), y del mismo poder judicial (que espera no perder parte de su poder o de sus prebendas).

Esa reforma, a pesar de todo, solo se basa en cambiar la relación de poderes entre los partidos que deben elegir a los componentes de los órganos de dirección judiciales. Es decir, se trata solo de reformar el equilibrio de poder.

Pero también permitiría que la necesaria reforma del organismo no quedase bloqueada, como un “rehén“, de los intereses partidistas de la situación política del momento.

Es necesaria la profesionalización de ese poder judicial, con mecanismos para evitar el nepotismo actual; limitar la discrecionalidad en los nombramientos de magistrados, etc.

En definitiva, un poder judicial más fiscalizado, menos unipersonal y más deliberativo en sus decisiones. Un poder judicial más profesional, con sistemas de control de su gestión, que deba rendir cuentas de sus actuaciones y que imparta justicia de forma integral y efectiva.

Se debe evitar la vergüenza, por ejemplo, de que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos discrecionales, cuando ya ha expirado su mandado y esté en proceso de renovación, como está sucediendo actualmente. Desde que caducó su mandato, en diciembre de 2018, el CGPJ ha adjudicado más de 70 nombramientos clave en la cúpula judicial, la mayoría ideológicamente orientados.

Se trata, en definitiva, de una progresiva despolitización de los órganos de gobierno de los jueces. No es posible que quien tiene la mayoría parlamentaria sea el que monopolice la elección, siempre orientada a quienes consideran más cercanos a sus posturas.

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