América Latina: tres ataques recientes sobre la democracia que desconocías

Al revisar aproximadamente 40 años atrás, se puede corroborar que la democracia en Latinoamérica no existía; países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se hallaban en regímenes dictatoriales militares.

En la historia reciente se puede mencionar tres ataques a la democracia. En octubre de 2019, se desarrolló en Ecuador una represión ante la protesta social contra las políticas neoliberales del gobierno del expresidente Lenín Moreno Garcés.

Las manifestaciones de la ciudadanía fueron específicamente contra las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobadas por el gobierno de turno. El 1 de octubre de 2019, mediante el decreto ejecutivo No. 883, Lenín Moreno decidió liberar el precio del combustible. El decreto se vinculó con un paquetazo de medidas económicas como parte del acuerdo con el FMI.

Con la medida se decidió la supresión de los subsidios a la gasolina de 85 octanos y al diésel, lo que consistía en el incremento de 120 por ciento al diésel y 30 por ciento a la gasolina regular.

Pablo Ospina en su trabajo Ecuador contra Lenín Moreno indica “el gobierno decidió que el 75% más pobre de la población, que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante”.

Ante la medida, se iniciaron movilizaciones masivas a nivel nacional donde se incorporó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros grupos sociales como trabajadores, estudiantes, entre otros. Igualmente el gremio de transportistas suspendió su actividad.

El gobierno de Ecuador solicitó al FMI 4.200 millones de dólares y a otros organismos multilaterales otros 6.000 millones, con  el fin de sanear sus cuentas fiscales. Por tanto, la protesta fue contra el ajuste fondomonetarista, que afectaba a los sectores de la población más empobrecidos, quienes debían cargar el mayor peso de la crisis.

Otros elementos de ataque a la democracia ecuatoriana y apego a las políticas neoliberales por parte de Lenín Moreno:

• metió en la cárcel a su vicepresidente Jorge Glas (también vicepresidente en el primer gobierno de la revolución ciudadana).
• aplicó el lawfare contra Rafael Correa.
• destruyó Alianza País a nivel nacional y la Unasur a nivel internacional.
• sacó a Ecuador del ALBA y de la OPEP.
• se incorporó al Grupo de Lima.
• avanzó en su integración a la Alianza del Pacífico.
• retiró del asilo a Julian Assange.

Entretanto, en Brasil el actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, igualmente ataca constantemente la democracia. Con la intención de perpetuarse en el poder, realiza una campaña de falsedades para desacreditar la legalidad del sistema electoral en el país, técnica también empleada por Donal Trump.

A fin de violentar el proceso democrático de las elecciones, Bolsonaro quiere que el actual sistema de voto electrónico se anule y sea reinstaurada la forma tradicional con papeletas físicas, que se dejó de utilizar tras múltiples casos de fraude.

Por tal motivo, el Tribunal Supremo se pronunció contra Bolsonaro alegando que pretende “perturbar, obstaculizar, frustrar o impedir” las presidenciales previstas para octubre de 2022.

Asimismo ha realizado ataques a las instituciones democráticas desde las redes sociales, ha embestido contra los gobernadores que no comparten sus decisiones políticas.

El mandatario brasileño, desde su llegada al poder en enero de 2019, procedió a romper los pactos sociales que existían. Bolsonaro es el elegido por la administración de Estados Unidos para avanzar en la ofensiva de la derecha global contra los derechos del pueblo.

Como proyecto de poder, el presidente brasileño también ha priorizado la militarización de la administración pública en el país, tanto con militares como policías.

Otro elemento que socava la democracia del país, es visible en el decreto que revocaba 324 actos administrativos, “entre ellos el que determinaba la creación de consejos con participación de representantes de la sociedad civil en las decisiones sobre políticas públicas”, como refiere el artículo “el método Bolsonaro un asalto a la democracia a cámara lenta”.

El profesor Antonio Maués, afirma que Bolsonaro corroe la democracia a través del “control de la Administración pública, para evitar que sus órganos frenen las arbitrariedades del jefe del Ejecutivo, y la imposición de límites al debate público, buscando reducir los espacios de crítica al Gobierno”.

Debido a esta forma de operar Bolsonaro, se han desarrollado protestas populares contra su gestión.

En Colombia, igualmente existen graves problemas que amenazan actualmente la democracia. Ante ello, trabajadores, estudiantes, comunidades indígenas, afrodescendientes y demás colectivos se sumaron al Paro Nacional a fin de ampliar la protesta social.

Paralelamente ocurre la represión policial contra los manifestantes en casi todas las ciudades, desde que comenzó el paro nacional el 28 de abril de 2021.

Hasta el 31 de mayo de 2021, Colombia registró 3.789 casos de violencia policial, 45 homicidios presuntamente cometidos por la policía y 1.649 detenciones arbitrarias; cifras aportadas por la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Como respuesta, el gobierno de Iván Duque ha promovido la aceleración de instrumentos legales con la intención de lograr la destitución de gobernadores, alcaldes, y la imposición de un régimen represivo militar.

Por tanto, la lucha del pueblo por la democracia en Colombia parte porque se desmilitarice la protesta, se limite el uso de armas de fuego en el control de las movilizaciones, y se de garantías para el ejercicio del derecho a manifestarse.

Como parte de la estrategia desestabilizadora en la nación suramericana, EEUU aplica, además de la ofensiva militar, una estrategia llamada golpe blando donde no es empleado el ataque bélico.

La finalidad de este tipo de agresión, es crear caos a través del empleo de los medios de comunicación, además de la operación de los sectores empresariales y privados, para generar un clima de malestar general en la población.

En este sentido, los recientes gobiernos de Estados Unidos (Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden) han emitido decretos y sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, agresiones que son extensibles a cualquier país que entable relaciones comerciales con Venezuela.

Además del bloqueo financiero, se suma la campaña mediática impulsada desde Washington y con apoyo de la derecha internacional. Los medios hegemónicos están orquestados con la élite política.

Los ataques contra los gobiernos progresistas en la región, el ataque a la democracia y sus logros sociales mediante los planes desestabilizadores de EEUU, tiene objetivos claros: derrocar los gobiernos legítimos e instalar un Gobierno de corte neoliberal, así como evitar la consolidación de la soberanía e integración latinoamericana.