Los escándalos de la monarquía conducen a su desaparición

La monarquía española, misma que fue restituida durante el Régimen de Franco y que fungió como elemento para la protección de los intereses de la dictadura tras la transición de 1978, se ha visto envuelta durante la última década en un conjunto de escándalos que solo revelan las profundas contradicciones de un sistema político en decadencia.

El inicio del Régimen del 78 partió de la ausencia en el espacio público, de discursos rupturistas respecto al ordenamiento jurídico implementado por la dictadura y de una aparente “reconciliación nacional”, lo cual se traduce en el olvido y marginación de la legitimidad republicana, así como de los efectos de la represión sistematizada del franquismo.

Se trata de una transición política donde se instituyó una “democracia” fuertemente bipartidista, limitada en lo relativo a los derechos civiles y sociales, constituyéndose sobre las ideas del “consenso”.

La ejecutoriedad del sistema creado a la medida de las estructuras políticas y económicas creadas durante el gobierno de Franco gozó de relativa estabilidad, hasta que entrado el siglo XXI empieza a dar fuertes muestras de agotamiento ante la presión de los mercados cada vez más globales y los diversos escándalos donde se involucraba la corona española.

Tales han sido las polémicas en las que ha caído la familia real, que ha ameritado la abrupta salida del Rey Juan Carlos I del territorio español. Situación con un potente significado jurídico, político y simbólico, el cual también denota un indicio de ruptura sistémica.

La monarquía española está atravesando una crisis que ha mermado sensiblemente aquel prestigio y legitimidad que tanto buscaba proyectar ante los españoles. Incluso, son más crecientes las opiniones que aseguran tal sistema de poder desaparecerá de España durante el reinado de Flipe VI.

Tal posibilidad se consideraba impensable hace 20 años en España, tampoco se concebía como posible un eventual exilio de Juan Carlos, personaje notablemente rechazado por los españoles e investigado por la justicia.

Se trata de un rey, ahora emérito, el cual se retiró de la palestra pública del país por la puerta de atrás, envuelto en un manto de corrupción, la cual hace peligrar al resto del sistema monárquico español.

El referido exilio fue voluntario, luego de enviarle una carta a su hijo, el rey Felipe VI, para decirle que lo hace para que él, supuestamente, “pueda ejercer su cargo con tranquilidad”. Pero los expertos creen que fue una decisión consensuada y motivada por las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez. A esto se suma que Podemos, el otro partido de la coalición, exige claridad y consecuencias para cualquier acto ilícito del monarca. Por eso, muchos hablan de exilio.

La debacle del actual monarca exiliado comenzó en 2012. Mientras que su país vivía una crisis económica sin precedentes, se fue con su amante, la alemana Corinna Larsen, a cazar elefantes a Botsuana. Esos lujos en medio de la crisis, combinados con el encarcelamiento de su yerno Iñaki Urdangarin por fraude, comenzaron a erosionar su popularidad y tuvo que abdicar a favor de su hijo en 2014.

Asimismo, fueron descubiertas comisiones en cuentas extranjeras, en las cuales habrían aparecido depósitos superiores a 100 millones de dólares hechos por la realeza saudí. Las autoridades sospechan que podría tratarse de una operación de lavado de dinero o de un soborno, ya que por esos días Arabia Saudita había elegido a una empresa española para construir un tren de alta velocidad en La Meca.

En este mismo contexto, 65 millones de euros de esa cuenta habían terminado en un paraíso fiscal a nombre de Corinna, su amante. Una transferencia clandestina de ese monto produjo la indignación nacional. Ella justificó ese ingreso a sus cuentas como un regalo de Juan Carlos por haberlo cuidado cuando estuvo enfermo durante el romance.

Dicho escandalo también afectó rey Felipe VI, quien aparecía como beneficiario de la cuenta. Pero el actual monarca se apresuró a explicar que nunca supo nada del tema y que, apenas se enteró de que su nombre aparecía, le pidió a su padre dejar sin efecto esa designación. También anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró el sueldo como rey emérito.

No es imposible que este escándalo sea la antesala del final de la monarquía española o de una ruptura del sistema político español. Actualmente, más del 50 por ciento de los españoles quiere abolirla.

Ante los momentos de tribulación política de las últimas décadas, se renueva con frecuencia el debate sobre la necesidad de impulsar un proceso constituyente conducente a la transformación del Estado español bajo un esquema republicano.

En este sentido, cada generación aporta especiales fundamentos a la visión económica, política y social de un eventual proceso refundacional del Estado español. En la actualidad, se han acumulado voces jóvenes con criterio republicano, que no formaron parte en los momentos de concertación política en el año 1978.

Toda una generación se ha desarrollado a la luz de la necesidad de un cambio de sistema, por ende, el juego democrático debe escuchar aquellas nuevas voluntades que tienen algo que decir. En este sentido, la juventud española en edad de votar se muestra claramente favorable a la República en el caso de que se celebrara un referéndum que defina el cambio del modelo de Estado.

Según sondeos realizados por el instituto demoscópico 40dB, un 54,6% de las personas entre los 18 y los 24 años se decantaría por la opción republicana; el 21,4% lo haría a favor de la monarquía. El resto, o no sabe, o se abstendría, o votaría en blanco. Por otra parte, jóvenes entre los 16 y 18, el porcentaje de indecisión es mayor (32,1%), aunque la opción más votada también es la república, 48,6% frente al 19,4% de la monarquía.

El mismo instituto estima que la opción monárquica solo ganaría entre los votantes mayores de 55 años. El resto, en mayor o menor medida, está a favor de descartar de la Corona. Además, ante un eventual referéndum donde se debata esta posibilidad, el sí triunfaría abrumadoramente entre la juventud. Así lo cree el 60,9% de los y las jóvenes entre 18 y 24 años.

Por otra parte, la juventud desestima la inmunidad real. Muestra una posición favorable a la igualdad judicial de un rey con respecto al resto de la ciudadanía. Para los jóvenes, el titular de la monarquía debería ser igualmente juzgado durante el ejercicio de su cargo.

Respecto a esto, un 60,5% (entre los 16-17 años) y un 66% (entre los 18-24 años) se muestran en contra de tal inmunidad. En esas franjas de edad, la mayoría se decanta también por que el rey deje de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

La monarquía hereditaria de por sí es una institución anacrónica que ha perdido su majestad a través de escándalos. En esas circunstancias, los contribuyentes no tienen que seguir financiando unas figuras que solo hacen relaciones públicas.

En España, donde la Corona como institución ya había desaparecido en 1931. Revivió solo porque el dictador Francisco Franco intentó mantener su legado en Juan Carlos I.