Falsos positivos: la estrategia del Estado colombiano para el negocio de la guerra

El fenómeno de los falsos positivos ha tenido un fuerte impacto en la vida social, política y jurídica de Colombia. Es el país suramericano con el conflicto armado de más larga duración en el mundo, constituyéndose en uno de los capítulos más oscuros de su historia.

Varios gobiernos de turno, en nombre de la seguridad ciudadana y para mantener el orden público, han perpetrado contundentes violaciones de los Derechos Humanos, y con la excusa adicional de detener la confrontación armada.

Se entiende por “falsos positivos” (desaparición forzada), a los casos de civiles inocentes asesinados por el ejército colombiano que falsamente, los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado.

Estas acciones forman parte de las violaciones de Derechos Humanos que comúnmente son llamadas ejecuciones extrajudiciales o sumariales ilegales de personas civiles.

Estas ejecuciones sistemáticas presentan en común una serie de características como: alteraciones de la escena del crimen (se rompía la cadena de custodia), atribución de la autoría a los miembros de las fuerzas armadas en conjunto con paramilitares y civiles, dirigido contra la población civil en varias regiones de Colombia, y en muchos casos precedidas con detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de maltratos.

Por ejemplo, algunos jóvenes asesinados aparecían con las botas puestas al revés y con uniformes de guerrilleros que no tenían rastros de balas, pese a que los cuerpos mostraban las heridas.

Oscar Barreto en su tesis “Responsabilidad del Estado Colombiano Frente a las Desapariciones Extrajudiciales: Los Falsos Positivos”, explica que hay dos modalidades de ejecuciones extrajudiciales:

“En el primer caso se trata de un mercenario, que tiene como característica o ser personal civil o desmovilizado de un grupo armado o un ex militar, quien se ocupa de engañar a las víctimas civiles, las lleva a un sitio solitario y les da muerte por agentes de la Fuerza Pública, otra forma ocurre cuando las víctimas son sacadas abruptamente de su lugar de trabajo o residencia, o luego de un retén de carreteras o por indicación de informantes de hacer parte a grupos insurgentes, previo acuerdo de cobrar la recompensa”.

Salcedo, C. M. (2014) en su trabajo “Del homicidio en persona protegida y su aplicación frente a las transformaciones del conflicto armado en Colombia” muestra otra definición de “falso positivo” indicando que “se tratan de personas muertas sin piedad fuera de combate, que nada tienen que ver con el conflicto armado, las cuales fueron colocadas como “positivos”; o sea logros militares de las fuerzas armadas frente a las guerrillas, con el fin de obtener beneficios en la guerra”.

El libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios“, escrito por Omar Eduardo Rojas Bolaños, oficial retirado de la Policía, que documentó cerca de 10 mil casos de ejecuciones extrajudiciales, explica que las Fuerzas Militares recurrieron a esta práctica para acatar directrices impartidas en su momento por el Ministerio de Defensa y así, mostrar que la guerra contra las guerrillas era efectiva.

Una estrategia fríamente calculada para mostrar que la guerra contra las guerrillas la estaba ganando el Estado colombiano.

Nada de lo que ocurrió con relación con los mal llamados ‘falsos positivos’ fue al azar. Todo fue producto de una planeación que iba desde dónde se iba a simular el combate, de dónde se iban a conseguir las personas y qué perfiles se iban a buscar; de dónde iba salir el dinero para la compra de armas, municiones, camuflados, qué reportes se iban a presentar. Es decir, hubo una planificación sistemática que buscaba controlar cada paso en el antes, el durante y el después del hecho. Omar Rojas Bolaños.

Otro elemento de interés es el perfil de las víctimas de estos crímenes. Alejandra Bonilla Mora en su estudio “´Falsos positivos´ diez años después: Discursos antagónicos y límites teóricos” explica que generalmente “se trata de jóvenes de sectores populares urbanos de diversas ciudades del país y campesinos habitantes de las llamadas “zonas de conflicto”. Adicionalmente, al revisar algunos de los fallos que han proferido las autoridades judiciales, hay un elemento que llama la atención: su condición identitaria.

En efecto, muchas de las víctimas eran personas que socialmente son consideradas “marginales” bien por tener adscripciones identitarias que se alejan de lo convencional y/o por las condiciones de pobreza y de exclusión de los contextos sociales en que vivían, asegura Bonilla.

Aunque los inicios de esta práctica se registra en los años ochenta, se generalizaron en 2004. No obstante, estas ejecuciones extrajudiciales han continuado en el país neogranadino, enfrentando la denuncia de múltiples organizaciones nacionales e internacionales.

De forma penosa, durante los dos periodos de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, los falsos positivos se consumaron e incrementaron de forma más visible entre 2002-2010 bajo la justificación de la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” implementada en junio de 2003.

La tasa promedio de falsos positivos por cada 100 mil habitantes se incrementó en 154% pasando de 0,11 entre 1990 y 1999 a 0,28 entre 2000 y 2009 (Cardenas, E y Villa, E. (2012), La Política de Seguridad Democrática y las Ejecuciones Extrajudiciales. pp 2,3)

En febrero de este año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado para juzgar los hechos del conflicto armado en Colombia, reveló que en el país hubo 6.402 “falsos positivos”, el triple de las víctimas que se conocían hasta ese momento.

El pasado 6 de septiembre, la JEP emitió un comunicado donde llama a rendir versión a tres generales, seis coroneles y un mayor de la IX Brigada del Ejército Nacional, dentro del subcaso Huila de “falsos positivos“. Las diligencias serán entre el próximo 12 octubre y 17 de noviembre.

Es la Colombia de hoy, un país llamado “democrático” pero que lleva marcadas desigualdades en todas las regiones y una cruenta historia de asesinatos a través de acciones de combate unilaterales así como de la “cooperación” internacional del imperio norteamericano y otras potencias mundiales que han visto en este territorio garantía del mantenimiento del negocio lucrativo de la guerra, así como el saqueo de los recursos naturales para la subsistencia de un sistema en agonía, el capitalismo.