Lecciones históricas: el valor democrático de la II República

La experiencia democrática de la Segunda República española se desarrolló en un lapso temporal muy breve. Poco más de cinco años después de su proclamación, un alzamiento militar puso fin a su existencia en la mitad del territorio español.

Mientras tanto, en la otra mitad la movilización armada de las milicias de izquierdas ponía fin de hecho al normal funcionamiento de las instituciones diseñadas por la Constitución de 1931.

Era el inicio de una cruenta guerra civil y de una dictadura que se prolongaría durante cuarenta años, durante los cuales los vencidos quedaron plenamente excluidos del sistema político y la democracia republicana quedó anatemizada en la memoria oficial.

La transición democrática iniciada en 1977 no dio lugar a que surgiera una movilización en favor del restablecimiento de las instituciones republicanas y la nueva monarquía se asentó con el consenso de todas las fuerzas políticas, de derecha e izquierda, que los ciudadanos habían apoyado en las urnas.

Se habla de una República parlamentaria, democrática y social, que quiso tener como base popular la conjunción de la pequeña burguesía progresista y de los trabajadores de aspiración más moderada.

Esta República fue contemplada por muchos como un tránsito necesario hacia la sociedad sin clases. Y por otros, como una molesta y estupefaciente interposición burguesa entre el proletariado y la revolución verdadera.

Su alma política, por tanto, inicialmente no se situaba en las doctrinas enteramente socialistas a pesar de que presentaba gran carga progresista, ni tampoco en el republicanismo liberal, sino en una izquierda burguesa y jacobina, que se miraba en Rousseau en lugar de Marx, pero que fue mutando hasta defender auténticos valores revolucionarios.

En este sentido, el Partido Comunista de España, inicialmente hostil a la “República burguesa” y a la conjunción republicano-socialista que la había fundado, efectuó luego un giro político, sobe todo a partir del VII Congreso de la Internacional Comunista de 1935, que le llevó a integrarse en el Frente Popular en función de una nueva estrategia antifascista.

En contraste con la gradual acomodación del Partido Comunista al marco institucional republicano, anarquistas y anarcosindicalistas no solo mantuvieron su radical oposición al Estado republicano, a pesar de las libertades que este les ofrecía, sino que en el curso de los años 1932 y 1933 lanzaron tres insurrecciones.

Asimismo, el sistema español de partidos presentaba determinados matices a nivel local, pero sobre todo adquiría caracteres diferenciados en Cataluña y Vasconia. A través de sucesivas escisiones y reagrupaciones de fuerzas, se mantuvo el predominio de dos fuerzas catalanistas: la Esquerra Republicana de Catalunya en el campo progresista y la Lliga Catalana en el conservador.

Asimismo, el conjunto formado por las provincias vascas y Navarra, presentaba un sistema de partidos propio respecto al del resto de España, aunque caracterizado también por un pluralismo polarizado.

De los tres principales componentes del sistema vasco-navarro de partidos solo uno, el socialismo, representaba una fuerza importante en el resto de España, mientras que otro, el tradicionalismo, tenía muy poca implantación en otras provincias, y el tercero, el nacionalismo, era específicamente vasco.

Son escenarios históricos que en retrospectiva debe observarse en aras de la construcción de una praxis política integradora para la izquierda, sobre todo ante una eventual constituyente que refunde al Estado español bajo una configuración republicana.

La cohesión política y funcional de los partidos de izquierda en España es fundamental para sentar las bases de la trasformación del Estado. A su vez, para garantizar la unión del progresismo español, es menester mancomunar acciones en torno de la necesidad de instaurar un modelo republicano que responda a las características políticas, económicas, sociales y plurinacionales de España.

Para ello, se requiere un cambio profundo en la izquierda española desde sus cimientos, pero sin renunciar a su esencia emancipadora y rupturista de los viejos esquemas de gobierno dentro del Estado español. Incluso el mismo Estado está sujeto a ser transformado, moldándose en función de un modelo que garantice una óptima, justa y humana distribución de poder.

En España, el espíritu republicano está ganando cada vez más fuerza, vislumbrándose en el horizonte la instauración de una República plurinacional y solidaria. Sin embargo, antes de consolidar los objetivos republicanos, la izquierda debe entrar en un proceso interno de revisión, rectificación y reimpulso político.

Desde la coalición política Unidas Podemos (UP), deben activarse diferentes mecanismos que dinamicen la movilización social, renovando el espacio de la izquierda alternativa en la calle. Dicha coalición debe ser consciente de que sin cambios será más difícil mantener encendida la llama de la participación popular en España, la cual es el motor de los cambios sociales más fundamentales.

En el marco de los ajustes que debe experimentar Unidas Podemos en cuanto a la movilización de su militancia y la ciudadanía en general, destaca la necesidad de reafirmar las alianzas con las izquierdas regionales históricamente consolidadas y actuar mancomunadamente en función de objetivos políticos conducentes a la conformación de la República, siendo este modelo de gobierno el más cónsono con la democracia y el desmontaje del viejo Régimen político impuesto.

Este acercamiento con las izquierdas regionales debe determinar los parámetros fundamentales para el reconocimiento de la igualdad entre todas las nacionalidades que hacen vida en España, tales como los gallegos, vascos, andaluces, por citar algunos ejemplos de la plurinacionalidad del territorio español. Solo así se gestará un proyecto político conducente a la conformación de una República Plurinacional y de amplio espectro político.

Por último, pero no menos importante, aglutinar a toda la izquierda rupturista establecida en las diferentes regiones de España, todo ello en procura de una agenda común encaminada a la instauración de la Tercera República bajo una configuración plurinacional, cuyo principio político permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen en España.

Al instaurarse un Estado plurinacional se reconocerían como iguales a todas las nacionalidades que hacen vida dentro de la actual territorialidad española. Todo ello salvaguardando el legítimo derecho a la autodeterminación de todas sus identidades nacionales.

Sin embargo, no es un tema que sea abordado de manera diaria. Cada vez que entra en la palestra pública un escándalo de corrupción, vuelve a aflorar la necesidad de refundar el Estado, pero luego desaparece a la luz de otros temas de agenda. En este sentido, el mensaje  rupturista debe ser constante y consecuente con los objetivos emancipadores planteados.

La República, como tema de agenda, no debe originarse basándose exclusivamente a coyunturas polémicas con una limitada vigencia en el tiempo. Debe nacer de una sincera voluntad de impulsar un proceso constituyente, el cual debe utilizarse como tema de agenda y movilización política permanente en las organizaciones de izquierda rupturista en España.

Esta nueva Carta Magna debe traducir las auténticas realidades de España y consolidar el fin de la monarquía, la separación de la iglesia y el Estado, el derrocamiento del neoliberalismo, la nacionalización de los sectores estratégicos, la adecuación de la sanidad pública, entre otros ensalzables objetivos.

La condición fundamental para materializar un proceso de transformación sistémica del Estado español es la unificación de las izquierdas rupturistas de España y el relego de aquellas llamadas “izquierdas” hechas a la medida de los intereses del status quo impuesto por el Régimen del 78.