¿Y la neoliberal reforma laboral del PSOE, qué?

La coalición ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

Para ello, se propone la derogación de la reforma laboral del año 2012 presentado durante la gestión de gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy. Dicho instrumento legal, presenta una serie de nociones que favorecen a las empresas en detrimento de los derechos laborales de la ciudadanía.

Sin embargo, dicho instrumento legal conservador tiene una referencia igualmente neoliberal. Se trata de la reforma impulsada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la cual, conllevó a abaratar los costes de despido en España y provocar una huelga general días después de su aprobación.

El proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo se aprobó en el Congreso de los Diputados el 9 de septiembre de 2010 con varios puntos especialmente controvertidos y se tuvo que enfrentar a finales de aquel mes, el día 29, a una huelga general.

El contenido de la Ley establecía que las empresas pudieran despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no solo cuando las compañías tuvieran pérdidas, sino también cuando previeran tenerlas, o incluso ante una persistente caída de ingresos.

Además, estableció mayor control sobre los parados, que desde entonces pueden ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilitó el despido por faltas al trabajo y rebajó al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.

Los sindicatos criticaron con dureza una reforma que, señalan ahora desde CCOO, hacía “más fácil y barato el despido y perpetuaba la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, dando mayor poder a los empresarios y cuestiona la negociación colectiva“.

CC OO y UGT creen que la reforma laboral es lesiva y debilita los convenios colectivos, de igual forma, percibe elementos inconstitucionales en su contenido legislativo siendo un texto claramente inclinado a los intereses empresariales.

Zapatero, según la imagen que le hacían los grandes medios del bipartidismo, era el aliado de los trabajadores y no de los grandes empresarios. Sin embargo, a finales de 2010, se reunió con los treinta y siete mayores empresarios del Estado español para conocer sus nuevas reivindicaciones.

En pocos días, Zapatero convirtió esas peticiones de la patronal en ley. Los nuevos favores del socialismo a la oligarquía, aparte de la reforma laboral y la eliminación o rebajas de los impuestos que les afectaban, fueron la eliminación de la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración, la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, la privatización de la Lotería Nacional (que quedó en intento) y más rebajas fiscales para sus empresas.

Esa política del PSOE a favor de los ricos ha permitido que esos mismos empresarios hayan aumentado año tras año sus ganancias, mientras que la pobreza entre los trabajadores ha ido creciendo.

La propia CEOE, organización de los grandes empresarios y banqueros del país conocida también como la patronal, dijo exactamente que “los programas de PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV no suenan mal y van en la línea de lo que pedimos”, señalando de esa forma a los partidos que representan los intereses del capitalismo. Identificando a la derecha organizada políticamente en España.

Ahora, en pleno 2021 Unidas Podemos se plantea derogar la Reforma Laboral del 2012 establecida por Mariano Rajoy, o en su defecto, cambiar algunas partes de la misma. Todo ello, como lo había sido anunciando por la vicepresidenta tercera del Gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que la reforma laboral se derogará en dos fases. Asimismo, no descartó elevar el coste del despido.

En la primera fase se abordarían a los asuntos considerados de urgencia, entre los cuales se encuentran: la derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la derogación de que sea prioridad la aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

En una segunda fase, se buscará proponer un marco legislativo distinto y que armonice con los intereses de la clase trabajadora. En este respecto, se tratará materia jurídica respecto a la contratación, las modificaciones sustanciales, o la causalidad, entre otros instrumentos legales fundamentales para consolidar la deseada Reforma Laboral.

En este sentido, la confrontación abierta entre la ministra del trabajo y el CEOE, obedece a una constante lucha de intereses que se extrapola en el espectro político español, donde la derecha se reúsa a darle cabida a cualquier medida que sea consecuente con la protección jurídica y social de la clase obrera española.

A nivel parlamentario, los partidos conservadores han asumido la abierta defensa de los intereses de las grandes empresas, cuyo capital en buena parte fue fundado mediante prácticas clientelares con el Régimen franquista, y en los casos más extremos, haciendo uso de mano de obra esclava.

De este modo, mientras avanzan las deliberaciones para materializar la reforma del trabajo impulsada por Yolanda Díaz, la derecha hará un uso sistematizado de su característica política de crispación para crear matrices de opinión adversas al progresismo laboral. Todo ello ante la ausencia de una genuina propuesta política conservadora.