La deuda de la izquierda por recuperar una agenda laica

Establecer una agenda laica en España, ha transitado en diferentes etapas históricas, en contextos de alta polémica y polarización respecto al tema. Se trata de una reivindicación histórica que no ha sido consolidada por la izquierda española en función de sus diferentes frentes de lucha, donde el tema laico no recibe la atención que amerita en su pragmatismo político.

España ha sido testigo de una dinámica de gobernabilidad relativamente novedosa, todo ello a raíz del pacto suscrito entre el PSOE y UP. Dos visiones ideológicas contrapuestas, pero con un parcial esquema funcional en común.

Sin embargo, dicho pacto aún debe reivindicar el desmontaje del anclaje ideológico que el conservadurismo impone a la sociedad por medio de su ultracatolicismo, el cual actualmente sirve de refugio nostálgico del franquismo infiltrado en la actual estructura del Estado.

Las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas.

Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral, protección del medio ambiente, el impulso del sector eléctrico, la protección de la pluriculturalidad, la defensa del feminismo, el ajuste del salario mínimo, la devolución de los bienes expropiados por la dictadura, el diálogo sobre el debate catalán, entre otros.

La direccionalidad política enfocada al tema laicista está totalmente ausente de la praxis que ejecuta la coalición en gobierno. Establecer una agenda laica supone de vital importancia para España, ya que esta permitirá crear las condiciones para que las instituciones religiosas se mantengan al margen y se evite su influencia en la vida pública.

Dichas instituciones teocráticas ameritan ser limitadas, ya que estas pueden ejercer presión sobre la legislación vigente para favorecer sus intereses y extendiendo sus valores a toda la población, no solamente a los fieles seguidores de dicha doctrina, atentando de esta forma con los principios fundamentales de la democracia moderna.

Pero el laicismo no procura la eliminación de todo tipo de fe religiosa, uno de los principios elementales del Estado laico es la libertad de conciencia. Cada persona, en la interioridad de su intimidad, está en la libertad de creer o seguir cualquier tipo de doctrina religiosa.

En la actualidad, la tendencia mundial se encamina a que los países sean aconfesionales o laicos, con la excepción de las naciones árabes que sí que son abiertamente teocráticas. Dentro de estos, el jefe del Estado es también considerado como el líder espiritual del país.

El laicismo, entendiéndose este como la separación entre Estado y religión, tiene su origen tras la Revolución francesa del siglo XVIII. Hasta el momento, religión y Estado se encontraban estrechamente ligados.

En el absolutismo, el rey mantenía el trono por “voluntad divina”. En este sentido, al único ante el que tenía que justificar sus actos y rendir cuentas era ante Dios. Fue la Revolución francesa la encargada de romper con el absolutismo, y la religión pasó a un segundo plano.

España, por ejemplo, es un Estado aconfesional, esto significa que teóricamente, la Iglesia no influye en las decisiones estatales. Sin embargo, sí que puede colaborar con las que considere oportunas, tanto económicamente como en otros aspectos. En un sentido totalmente opuesto, el laicismo busca romper todas las relaciones con las instituciones religiosas y rechaza toda clase de práctica teocrática en el Estado.

Si la agenda de izquierda está llamada a desarticular los parámetros ideológicos que mantienen un sistema lleno de contradicciones, es necesario que esta retome un criterio de acción que procure la consolidación del laicismo en España.

El rupturismo español debe estar acompañado de un proceso de desmontajes de las viejas estructuras ideológicas del sistema político y social, el cual mantiene aún el germen del franquismo y los valores conservadores que este mantenía.

Asimismo, el cambio sistémico implica también la conformación de la Tercera República bajo una configuración plurinacional, cuyo principio político permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen en España, más allá de sus basamentos religiosos.

Al instaurarse un Estado plurinacional, se reconocerían como iguales a todas las nacionalidades y credos que hacen vida dentro de la actual territorialidad española. Todo ello salvaguardando el legítimo derecho a la autodeterminación de todas sus identidades nacionales sin tomar en cuenta el factor religioso.