Acuerdos de Paz en Colombia: entre incertidumbre política y la violencia

Los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC significó el fin de 52 años de conflicto con el cese bilateral de las hostilidades en ambos bandos, las FARC dejaron las armas, se les dio la oportunidad de reiniciar su vida en la sociedad civil y también de tener una participación política en el Congreso. También se propuso una reforma rural integral para apoyar y transformar el campo colombiano.

Sin embargo, los primeros años de implementación de dichos acuerdos, están marcados siempre por la incertidumbre política, el escepticismo y los intentos de sabotaje de diversos actores, elementos y conductas inevitables en todo proceso de tránsito que va de hacer las paces a construir la paz.

A ello hay que añadir otros factores que complican la implementación, como la debilidad de la presencia del Estado, en parte o en la totalidad del territorio, los obstáculos y las dificultades para la provisión de seguridad en los territorios más afectados por el conflicto armado.

La provisión de seguridad resulta vital para dos colectivos vulnerables, los excombatientes y las poblaciones de los territorios más afectados por la violencia directa durante las confrontaciones. Se sabe que durante la implementación de un acuerdo y el inicio de la construcción de la paz siempre sigue habiendo violencia directa, tanto de tipo político como delincuencial o criminal.

Es decir, hay que partir de la premisa de que la violencia directa disminuye, si todo fluye bien, pero no desaparece. De la misma manera, se muestra que en los primeros años de un posacuerdo la conflictividad social, no necesariamente acompañada de conductas violentas, se incrementa, puesto que el conflicto armado ya no sirve de tapadera para las disputas entre diversos grupos sociales, o de pretexto estigmatizador de la acción colectiva con afán de cambio para el gobierno o las élites afectadas por la agenda de dicha acción.

Se sabe también que en las zonas y territorios donde coexisten grupos armados ilegales, economías ilegales prósperas y, por tanto, un control territorial importante de dichos grupos, se produce una simbiosis parcial y asimétrica de estos con la población local.

En esa simbiosis se dan procesos a la vez de dominio y de explotación, pero también de satisfacción de demandas sociales básicas, a falta de actores estatales, debido a la acción de los grupos armados que controlan el territorio, a saber: protección, generación de ingresos, bienestar económico y, finalmente, formas de manejo de conflictos y de justicia.

Una muestra de cómo la violencia frena los procesos de paz, se observa en lo sucedido el pasado viernes cuando el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el asesinato del colombiano José Alexis Báez Mesa, quien figura como el séptimo firmante de los Acuerdos de Paz asesinado en lo que va de año 2022.

La víctima se encontraba realizando su proceso de adaptación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal de Colinas, en San José de Guaviare, departamento del Guaviare, Colombia.

Se presume que el hecho ocurrió el 03 de marzo, luego de que el cuerpo del hombre, de 56 años de edad, fuera hallado en Colinas, aproximadamente a un kilómetro del lugar donde se encontraba realizando su proceso de reincorporación. Con él suman 306 los firmantes que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en el 2016.

Asimismo, el día jueves, también fue asesinado otro líder social y activista de los Derechos Humanos en el municipio de Convención, al Norte de Santander. Con este joven suman 34 los líderes asesinados en el 2022 y 1320 desde la firma del acuerdo.

Esto nos lleva a uno de los principales obstáculos para el tránsito de la implementación del Acuerdo en Colombia a la construcción de paz: ni el texto firmado, ni la implementación lenta y desigual en cuanto a los compromisos de los seis puntos realizada hasta ahora, parecen ser fuerzas motrices suficientes para transformar las economías ilícitas y abrir paso a cambios en los territorios en las que funcionan.

Para lograrlo, es decir, para que realmente lo sean, habría que empecinarse decididamente en hacerlo: empezando por una implementación sólida de lo acordado y continuando con una transformación de las causas del conflicto armado y de las manifestaciones de violencia directa.

Dicho de otra forma, una implementación débil y desbalanceada de un acuerdo que se concibió como un proceso integral no permitirá que el Estado sea realmente un proveedor de bienes públicos como la seguridad, el bienestar, las infraestructuras y la justicia en el territorio.