De nuevo los Okupa, los ocupan

Nuevamente el tema de los okupa con K aparece en la agenda pública española, justo cuando las voces agoreras que prevén una nueva crisis económica de proporciones planetarias, similar o peor a la del 2008, así lo anuncian.

Es por esto que, partidos de extrema derecha como el Vox ya comienzan a hacer bandera con temas sociales que, como el de las ocupaciones, tienen alta repercusión tanto en los medios como en las plazas y mercados.

Para ello, echando mano de sus escaños y a través de propuestas jurídicas como la presentada recientemente por Santiago Abascal, líder de esta alineación ante el pleno del congreso, buscan calar en la opinión pública.

En el planteamiento de Vox, el estado actual de las leyes “no da respuesta suficiente a las inquietudes creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegalmente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de actuar, por causa de la falta de cobertura legal”

Continúa esgrimiendo el partido “Un estado de derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados, actuando fuera de las vías legales y/o so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda, se apoderen de inmuebles que no les pertenecen y sobre los cuales no tienen título válido alguno para disfrutarlo”.

Estas declaraciones, surgen en el marco de la reforma del código penal propuesta. La misma retoma las dos líneas de acción planteadas ya en el 2019, a saber, el endurecimiento de las penas y el desalojo sin que los agentes operarios necesiten de una orden judicial.

Los números

Actualmente, en España los datos que se manejan nos hablan de cerca de 100.000 bienes ocupados en el país y 700.000 en manos de los bancos y entidades públicas. El resto pertenecen a propietarios particulares.

Este fenómeno social con un crecimiento de características fluctuantes, responde a varios factores, entre ellos la desaceleración en la construcción de viviendas sociales, la disminución en la capacidad de adquisición de viviendas consecuencia de la precarización salarial y a la llamada en España cultura del propietario.

En el imaginario ibérico, esta última desarrollada durante el período franquista logró instalarse como una idea que aún pervive, la creencia basada en la superioridad de ser propietario ante la de ser inquilino, y por supuesto mayor aún la de ser okupa.

“Españoles de bien”

Vox, PP y ciudadanos, todos ellos beben de las mismas nociones liberales, hacen uso de principios tales como la libertad individual, la libertad de poseer bienes o propiedad privada, el libre tránsito de las mercancías, la necesaria presencia del Estado sólo para garantizar los derechos individuales del ciudadano.

Estas ideas, se nutren de dos apoyos: garantizar la vida y los bienes de los “ciudadanos de bien”, es decir, ciudadanos con bienes materiales, nada nuevo bajo el Sol. Sin embargo, muy útil y convincente.

El advenimiento del Estado liberal, trajo consigo la instauración del derecho burgués. Este desde las democracias burguesas legitima el poder de una clase que se alimenta de las otras para lograr su funcionamiento.

Sin embargo, esto mismo es lo que genera las contradicciones dentro de su seno, ya que el establecimiento de controles que buscan mantener casi estática las relaciones de poder, llevan consigo un elemento desestabilizador.

El reflejo de esto, lo encontramos en leyes como esta que propone Vox. A mayores penas, mayor es la criminalización de la pobreza, a mayor cantidad de desahucios y mayor rapidez en su ejecución, sólo se pretende generar situaciones altamente volátiles por un lado y mucho más contrarias a los derechos humanos.

La realidad es que España hoy es uno de los países más caros en cuanto al valor del alquiler se refiere, y es también uno de los países en la eurozona donde se ha dejado sustancialmente de invertir en viviendas públicas.

Una relación dicotómica nada alentadora para buscar disminuir este pendiente con K.