El primer paso para abolir la prostitución

En España, todavía continúa siendo objeto de discusión el tema de la prostitución y ha tenido diferentes abordajes. El motivo es obvio, ya que existen diferentes perspectivas que suelen chocar entre sí cuando se coloca en el centro del debate, porque se distinguen entre: abolir, regular o despenalizar.

Y aunque en las corrientes feministas también convergen opiniones totalmente opuestas, como las pertenecientes a un tipo de feminismo liberal y las del feminismo marxista, me parece necesario que todas puedan coincidir en este punto coyuntural: esta práctica debe ser abolida completamente.

Ahora bien, en la actualidad, la prostitución no es legal —ni ilegal— en este territorio, a diferencia de otros países donde sus legislaciones sí contemplan disposiciones en relación al tema. Pero, en España, esta se encuentra presente de una manera visible en calles, clubes y pisos de alquiler, haciendo que las mujeres estén cada vez menos protegidas.

También está el hecho de que entre los partidos se les ha dificultado ponerse de acuerdo. Incluso entre los mismos bloques de izquierda y derecha se ha estancado el debate sobre qué hacer con respecto a este oficio que se remonta a las primeras civilizaciones.

El vacío legal difumina las dimensiones de este problema

Según diversas fuentes, es muy complejo poder modelar la dimensión que tiene la prostitución en España. Al no haber una legislación específica, es un tema que se invisibiliza y permanece oculto en la sombra.

Entre la información consultada, se pudo encontrar algunos datos que dan contexto, siendo expuestos por el CIS por allá en 2008 —hace muchísimo tiempo—, el cual indicó que el 32,1% de los hombres ha reconocido haber pagado al menos alguna vez en su vida por sexo.

Respecto al número de mujeres en situación de prostitución, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) apunta a 45.000. Sin embargo, hay estudios que elevan esa cifra por encima de las 100.000. Tampoco es posible conocer con exactitud cuántos locales de alterne hay, en qué espacios se ejerce la prostitución o cuánto dinero mueve.

La postura abolicionista

Hay diferentes posturas que se han manifestado a través del activismo y la perspectiva de algunos líderes políticos. La mayoría se enfrenta a tres alternativas: abolicionista, el que reconoce la situación y lucha para su erradicación; prohibicionista, el que la prohíbe y castiga; y reglamentista, el que tolera y regula la actividad como un trabajo.

Con respecto al reglamentista, el denominado “trabajo sexual” es una práctica impulsada principalmente por el sistema patriarcal e inclinada hacia un capitalismo salvaje. En ella se desvaloriza a la mujer, reduciéndola a un objeto para mera satisfacción sexual que puede brindarla como un servicio a los hombres, siendo un vínculo transaccional.

La prostitución no empodera, como comúnmente se ha hecho creer a raíz de la popularidad que ganaron plataformas como Onlyfans u otras que sirven para la venta de contenido erótico. ¿Por qué? Porque se someten a una hipersexualización y reciben monetización por su cuerpo, debido a que muchas de estas mujeres no tienen la oportunidad de acceder a trabajos que realmente las dignifiquen.

Los derechos humanos son innegociables. Y cuando hablamos de la prostitución, muchas veces esta se ve enlazada con la esclavitud, porque además de ser considerada como una violencia de género, esta red suele ser alimentada por la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

De ahí que las defensoras del abolicionismo recalquen que más del 80% de las mujeres prostituidas en España lo hacen forzadas, citando cifras difundidas por organismos policiales, y creen que abolir la prostitución es la única vía para acabar con el “comercio” sexual de las personas.

Las intenciones del Ministerio de Igualdad

El Consejo de Ministros de España aprobó el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad, a diversas entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.

Por tanto, se destinará una cifra de 12,9 millones de euros para la puesta marcha del Plan de Inserción social y laboral. Se trata de la primera política pública de estas características. Dicho plan será presentado por Irene Montero, su departamento, y las entidades que lo llevarán a cabo en el próximo mes de septiembre.

Este es el primer paso en la hoja de ruta trazada por el Ministerio de Igualdad “para luchar contra la trata y la explotación sexual, así como para ofrecer alternativas sociales y laborales para las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución“, según lo escrito en el comunicado.

Entre los entes que intervendrán en este plan se encuentran: Médicos del Mundo, Adoratrices, Mujeres en Zona de Conflicto, APRAMP y Fundación Cruz Blanca. Todos ellos realizarán actuaciones encaminadas a la inserción sociolaboral y de acompañamiento a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y en contextos de prostitución, estableciendo itinerarios integrados con prácticas en empresas, apoyo en la búsqueda laboral y entrenamiento para afrontar entrevistas de trabajo.