“Nueva Constitución”, el legado de Pinochet que se mantendrá

“Revivió Pinochet”, sentenció Gustavo Petro, presidente de Colombia. Estas palabras las pronunció a raíz del triunfo del rechazo que logró acaparar al 68% de los votantes de Chile.

Esto no es una temeridad propiamente dicha. Es exactamente lo que sucede con este acontecimiento. El resultado echa por tierra las intenciones de cambio radical que manifestó la mayoría chilena con las sonoras protestas de 2019 (y las anteriores desde 2006).

El proyecto constitucional, hoy frustrado, dejaba atrás lo que sostenía las dinámicas opresoras de la dictadura. Era una norma progresista que se adaptaba a las exigencias del siglo XXI, no solo en Chile, sino en el resto del mundo.

Podría decirse que, en lugar de ajustar el pacto social a las metas del milenio de la ONU, se mantiene un horizonte destinado a preservar los intereses de los grandes conglomerados empresariales. Aquellos que triunfaron en una dictadura que siguió, al pie de la letra, los dictados del Fondo Monetario Internacional, en aquella época de auge del neoliberalismo.

República democrática, en lugar de Estado Social de derecho

Una de las innovaciones más destacadas del proyecto constitucional de 2022, era el surgimiento de un Estado social democrático y de derecho. Esto le daba base a un Estado más capaz de ofrecer garantías, que de imponer el orden previsto por el legado de Pinochet.

La Constitución de 1980, hoy todavía vigente, instaura una república democrática, sí, pero orientada por el paradigma de la seguridad nacional. Esta doctrina fue concebida desde los EEUU, en la época de la guerra fría.

La unidad del Estado Chileno vs la plurinacionalidad, fue uno de los puntos de discordia más evidentes. Probablemente, fue el que convenció a la mayoría de que la nueva Constitución fragmentaría al país.

Educación, solo hasta la etapa media

El proyecto Constitucional de 2022 establecía un Sistema Nacional de Educación que incluía todos los niveles: parvulario, primaria, media y superior.

De igual forma, tenía prevista la creación de un Sistema Nacional de Educación Superior. Con ella enlazaría a todas las universidades, institutos de investigación y centros científicos, tanto civiles como militares.

La Constitución vigente solo obliga al Estado a garantizar la educación en los niveles de parvulario, primaria y media. De ahí en adelante, tanto la creación como administración de centros de enseñanza, se mantiene totalmente liberalizada.

Derechos universales, para después

La igualdad sustantiva y el reconocimiento de derechos a las mujeres, los indígenas, la sexodiversidad y la neurodiversidad, también fueron propuestos en el texto constitucional de 2022.

“El Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración”, previo el artículo 25.2 del texto sometido a referéndum.

Si bien la Constitución actual declara la igualdad ante la Ley, el resto de reconocimientos cuya permanencia y garantía podía hacerlos exigibles ante la justicia chilena, no están incluidos.

Fachada de pluralismo político

La Constitución, relegitimada en este plebiscito, señala la vigencia del pluralismo político. No obstante, advierte que aquellos movimientos que no cumplan las premisas democráticas indefinidas por esa norma constitucional, podrán ser calificados de inconstitucionales.

“Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas, no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, y procuren el establecimiento de un sistema totalitario”, señala el ordinal 15 del artículo 19 de la actual Constitución Política de Chile.

Esta es una de las muestras más evidentes del legado de Pinochet. De hecho, el rechazo servirá para mantener las cosas tal y como estaban.

Reformas restringidas

Las reformas constitucionales solo pueden ser presentadas por el presidente de la República y por el Congreso. Puede ser consultada mediante referéndum a los ciudadanos si así lo decidiese el presidente. Sin embargo, se trata de una consulta opcional.

En el proyecto rechazado por la mayoría chilena, el referéndum ratificatorio de reforma constitucional era obligatorio, en el caso de que la reforma alterara el régimen político o el periodo presidencial.

Igualmente, estaba abierta la vía para la proposición de reformas constitucionales por iniciativa popular. Siempre con la participación del 10% de los registrados en el padrón electoral nacional.