Sobrecarga en el sistema: Gobernanza y gobernabilidad
Ante la sobrecarga del sistema político, se ha propuesto accionar a través de la gobernanza para empoderar a la sociedad.
Los términos de gobernanza y gobernabilidad son bastante novedosos. Es normal que encontremos una variedad de conceptualizaciones diferentes, algunas más claras y completas. Otras bastante más confusas. Así que aquí trataremos de sintetizarlo de una manera más sencilla.
Para ello, es necesario que nos posicionemos en un régimen democrático, el cual puede estar industrializado y con objetivos trazados hacia la modernidad. También puede tener una agenda pública y ciudadanos a los cuales responder.
Las sociedades son el componente sociológico de los Estados. Todos los ciudadanos somos piezas claves dentro de esa estructura. Por consiguiente, tenemos cierta cuota de poder. Esta se puede ver reflejada en la forma en cómo exigimos ciertas cosas por parte de los gobernantes.
Es allí donde empieza esta situación de “sobrecarga”. Es la misma que sufrían numerosos Estados al no tener la capacidad de satisfacer todas las demandas de sus ciudadanos. Un dato muy interesante es que puede suceder en cualquier sistema político.
El Estado de bienestar suele presentar problemas (o fallos) para responder a todas las demandas y presiones de diversos grupos sociales, lo cual se traduce en una crisis fiscal permanente y en otros efectos, que pueden aparecer a largo plazo.
La gran propuesta
De ahí surge la idea de que el Estado “reduzca su tamaño” y devuelva a la sociedad ciertas tareas o responsabilidades que eran asumidas exclusivamente por los poderes públicos.
Es entonces donde entra la gobernabilidad. Se entiende como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta del sistema político. Por tanto, se puede gestionar en función de una situación, proporcionando resultados utilizando los recursos disponibles y tomando en cuenta el escenario político-social.
A su vez, esto permite que haya un manejo mucho más transparente de las finanzas públicas para la satisfacción de las necesidades de la sociedad y el pleno funcionamiento electoral que permita a la misma elegir a sus representantes.
De esta forma, se puede apoyar la justicia y promover la confianza. Estos son algunos elementos fundamentales en la construcción de un Estado democrático moderno, e influirá en los indicadores que definen el grado de gobernabilidad de un país.
Sin embargo, tal como se discutió, el término está lejos de albergar un significado único y aceptado por todos. Existen diferentes perspectivas que coexisten y tienen algunas similitudes.
Lo cierto es que no podemos desligar la gobernabilidad de la serie de implicaciones que se originan en los procesos de cambio en un Estado y su entono. Principalmente porque dicho concepto se centra en la creación y consolidación de la capacidad de gobernar del gobierno.
¿Y la gobernanza?
Respecto a la gobernanza, hablamos de la estructura institucional de la acción política, tanto del gobierno como de la sociedad civil, ya que tiene el objetivo de promover la cohesión de los ciudadanos para que también puedan empoderarse.
Una aproximación de la gobernanza debe tomar en cuenta el potencial de los diferentes actores de la esfera pública, y la habilidad de los líderes dentro de la estructura de poder. También de cambiar las reglas del juego y de inspirar a otros, para que también se comprometan con el esfuerzo de hacer nuevos cambios en beneficio de toda la colectividad.
De esta manera, podemos entender que la gobernanza brinda una forma de conducir a una sociedad y de organizar, al mismo tiempo, la acción en conjunto de la misma para lograr objetivos comunes. En esta participan, tanto los actores públicos como los privados.
Por consiguiente, insta a visualizar los asuntos de “gobierno” que bajo el esquema tradicional se centra en los poderes públicos, de otra manera, impulsando el involucramiento de la sociedad civil.
Todo esto nos lleva a construir un concepto más profundo de gobernanza. Anteriormente, se insistía en que los asuntos de gobierno solo pertenecían al sector público. En cambio, realmente son compartidos y es necesario que haya la actividad en cooperación con el sector privado.
Este hecho conduce al Estado a una potencial sostenibilidad en sí mismo y permite que haya un crecimiento notable que se vea reflejado, de igual forma, en el desarrollo integral de los ciudadanos.