Artículo 27a, la Unión Europea y la censura informativa
La idea principal de esta polémica medida, es lograr censurar rápidamente información sensible, a través de la implementación de bloqueos informativos que podrán ser exigidos a los grandes proveedores de internet.
Desde el cinco de julio de este año, se aprobó la Ley de Servicios Digitales realizada por el Parlamento Europeo. Esta rige lo referente a la seguridad de los usuarios y regula a los gigantes de internet en el marco de la Unión Europea.
Este paso sería el inicio de una serie de decisiones normativas dirigidas a controlar, y a regular, las actuaciones dentro del continente relacionadas con la entrega y distribución de información y contenidos digitales.
Para muchos especialistas, esta norma y los siguientes esfuerzos de la Unión Europea por regular cada vez más la información pública, tiene implicaciones en cuanto a lo que se conoce como el derecho a libertad de expresión. Principalmente porque restringe la autodeterminación de los usuarios.
Este importante paso legal, dio inicio formal a lo que sería una red de decisiones encaminadas a normar y restringir el flujo natural del uso y relaciones entre los actores participantes. Entre ellos encontramos a usuarios, proveedores y gigantes de internet como YouTube o Google, entre otros.
El Protocolo de crisis
Al texto inicial de la nueva ley se le incorporó un artículo, el 27 a. Este define lo que el cuerpo legal denomina como “Protocolo de crisis”.
Esta figura se activa bajo “circunstancias extraordinarias que dan lugar a una amenaza grave para la seguridad o la salud pública en la Unión Europea, o en partes significativas de ella”. Principalmente en situaciones como “conflictos armados o actos de terrorismo, conflictos emergentes, desastres naturales como terremotos y huracanes, así como pandemias y otras amenazas transfronterizas graves para la salud pública”. Permitirá a los proveedores de internet tomar decisiones sobre lo que se informe o no. Además, aplicarán medidas “específicas, efectivas y proporcionadas” ante contenidos que se consideren como “amenazas graves”.
La idea central de esta polémica iniciativa, es lograr censurar rápidamente información sensible. Se hará a través de la implementación de bloqueos informativos, los cuales podrán ser exigidos a los grandes proveedores de internet.
Las reacciones contrarias a esta ley no han tardado en aparecer. Es el caso de Pedro Baños Bajo, cuando ha tuiteado: “Así va a actuar la #EU para preservar la democracia en Europa, vulnerándola. Ingenioso, verdad?”.
Otros grupos de presión europeos han declarado meses atrás que “el mecanismo propuesto es un empoderamiento demasiado amplio de la Comisión Europea para declarar unilateralmente un estado de emergencia en toda la UE”.
Las regulaciones
Las plataformas como Google, Twitter y otras grandes empresas, deberán informar regularmente acerca de las medidas de censura. Por supuesto, también “del contenido exacto, implementación e impacto cualitativo y cuantitativo de las medidas específicas tomadas”.
Este último elemento ha sido también propulsor de un gran malestar. El motivo reside en que se sobreentiende que estas grandes empresas podrán por sí mismas, en momentos de “crisis”, censurar contenidos.
