Arturo Peinado: luchar contra la impunidad del franquismo

Este 6 de diciembre hablamos de Constitución, pero sobre todo de lo que falta por hacer para dejar atrás al franquismo.

Entre otras cosas, la lucha contra la impunidad del franquismo y transformar la realidad que legó la dictadura. Estas son las principales motivaciones de quienes apuestan por una democracia real en España.

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, respondió algunas preguntas sobre el régimen del 78, haciendo énfasis en la lucha contra las injusticias del franquismo.

¿Cuáles rasgos franquistas perviven en la sociedad y en el escenario político?

Hace unos días, Ian Gibson declaraba que “si las derechas no cambian, este país no tiene futuro”. Desgraciadamente padecemos, desde hace más de dos siglos, de la derecha (política y económica) más reaccionaria, incompetente y corrupta de Europa.

Con el fin del franquismo, se dio la posibilidad de que eso cambiase. Sin embargo, las condiciones y el modo en que se hizo nuestro peculiar modelo de Transición a la democracia, lo impidieron. Aquí no se pidió cuentas a nadie, persona o institución, por haber destruido la democracia y haber secuestrado el Estado por la fuerza, ni por los crímenes cometidos.

Tampoco se cuestionó el estatus social o el poder económico obtenido mediante la explotación brutal de la clase trabajadora derrotada, o mediante la corrupción, que fue una de las señas de identidad del régimen franquista. En 45 años de democracia, nadie les ha exigido responsabilidades, ni siquiera han pedido disculpas. Es más, ¿por qué no iban a volver a repetir lo de 1936 si lo considerasen conveniente, cuando ha sido una “inversión” tan rentable para tres o cuatro generaciones?

Ahora la derecha se opone a la recuperación de la memoria democrática, o al acceso de las víctimas a la Justicia, hablando de concordia, cuando realmente quieren decir impunidad. Nosotros/as siempre decimos que la situación política que vivimos demuestra el fracaso de las políticas de reinserción de la derecha española en la democracia.

¿Qué cambios no se dieron en lo judicial tras la llegada del régimen del 78? ¿De aquellos polvos estos lodos?

Obviamente. Es conocido que el Tribunal de Orden Público franquista se convirtió de la noche a la mañana en la Audiencia Nacional. Cuando hablamos de judicatura en España, hablamos de la continuidad de muchos jueces franquistas, Transición mediante, y luego de la continuidad de sus apellidos. Por supuesto que hay jueces demócratas y progresistas. El problema es que el propio sistema de acceso a la carrera ha favorecido una cierta endogamia y dificultado el acceso a los abogados/as de extracción obrera. No lo decimos nosotros, lo dicen y escriben algunos jueces y juezas.

Las consecuencias de todo aquello, de que no se hiciese justicia y de que la Transición funcionase como una máquina de blanqueo de pasados, son más que evidentes hoy en día.

¿Necesitamos otra Ley de Memoria? ¿Qué falta?

La Ley de Memoria Democrática, que lleva en vigor desde octubre, supone un claro avance con respecto a lo anterior, y abre un amplio espacio a políticas públicas de memoria. Dependerá mucho del desarrollo reglamentario que recoge la Ley actual, de la Constitución y el trabajo que hagan los organismos que deben conformarse. En el fondo, los resultados dependerán de la voluntad política que haya para su plena y correcta puesta en marcha.

El problema no es lo que pone la Ley de Memoria, sino que esta no ha afectado a un aspecto central del problema: la plena vigencia a día de hoy de lo que organismos internacionales de derechos humanos definieron hace tiempo como “el modelo español de impunidad”. Hechos como los que recoge la película “Argentina 1985”, aquí siguen siendo inviables. Seguimos sin poder llevar a juicio a torturadores, jerarcas de la dictadura, perpetradores de crímenes contra la humanidad, etc, por crímenes similares y coetáneos a los que se juzgaron, y se siguen juzgando y produciendo sentencias y condenas, en Argentina y en otros países.

El problema no es la Ley de Memoria en sí, sino de que siga sin declararse nula la Ley de Amnistía de 1977. O que España considere que aquí no hay crímenes contra la humanidad antes de 2004, cuando se recogieron en el Código Penal.

¿Sería necesario un proceso constituyente? ¿Esa Constitución nació con toda la legitimidad?

Nació con la legitimidad de la época, fruto de consensos obligados y de las circunstancias, muy peculiares, de la época. Obviamente, la impunidad de los franquistas y su continuidad en muchas instituciones, incluyendo los aparatos coercitivos del Estado, fueron determinantes en las limitaciones de determinados derechos, y en la imposición del carácter monárquico del Estado.

Aparte de la crisis evidente de la institución monárquica con todo lo que ha pasado estos años, que ha afectado negativamente a la legitimidad, tanto de origen como de ejercicio del régimen, es evidente que solo una parte muy minoritaria de la ciudadanía actual pudo participar en el referéndum de 1978. Y además existe un hecho grave del que no somos plenamente conscientes: han pasado 86 años desde la última vez en que un jefe de Estado fue elegido democráticamente en España.

Si hace el ejercicio de un proceso constituyente, ¿cómo considera que debería ser?

Todo eso lo tendrá que decidir, en su momento, el pueblo español en las urnas. Lo demás es un ejercicio de especulación que no lleva muy lejos.

Nosotros/as, dentro de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, tenemos diversidad de opiniones sobre cómo deberá ser la 3ª República. También sobre las estrategias a seguir para llegar a ella. Nuestra prioridad continuará siendo la lucha contra la impunidad del franquismo y la recuperación de la memoria de las víctimas, y de los y las combatientes contra los fascismos. A partir de ahí, no creo que debamos ser nosotros los que tengamos que construir la alternativa republicana.

Pero somos conscientes, primero, de que nuestra denuncia de la impunidad del franquismo, de las características de la Transición a la democracia, y del incumplimiento del Estado español de sus obligaciones en materia de derechos humanos, suponen un cuestionamiento del Régimen del 78. En segundo lugar, de que un proceso de cambio de régimen abriría un espacio para la justicia transicional. Esto permitiría a la sociedad ajustar cuentas con un pasado conflictivo y no resuelto: la impunidad del franquismo mantenida durante los 47 años de democracia.