Ayer día 26 de noviembre el Parlamento de Cataluña (España) se manifestó, mediante una propuesta de resolución, que fue aprobada en la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, en contra del accionar del gobierno de Lenín Moreno.
Desde hace varios años miembros de la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana habían mantenido reuniones con diferentes partidos políticos del arco parlamentario, para explicarles la grave desinstitucionalización del Ecuador, y la feroz persecución política hacia líderes políticos y sociales, centrada casi en su totalidad en el “correísmo“.
Los grupos parlamentarios, tras estudiar numerosa documentación gráfica y escrita, además de escuchar a perseguidos políticos, e incluso celebrarse una comparecencia en el Parlamento por parte de miembros de la sociedad civil, decidieron aprobar sin ningún voto en contra una propuesta de resolución basada en 5 puntos.
La cual se expone a continuación en su idioma original (catalán) y traducción literal (castellano). En la propuesta se hacía mención a la situación del vicepresidente constitucional Jorge Glas, de la prefecta Paola Pabón, y de los líderes Virgilio Hernández y Cristian González, todos perseguidos políticos.
También hace mención expresa a la represión en las protestas. Sin duda alguna es una decisión que creará efecto dominó.
Propuesta de resolución sobre los derechos humanos en el Ecuador
250-01562/12
PRESENTACIÓN: GP ERC, GP CATECP
Reg. 80135 / Admisión a trámite: Mesa del Parlamento, 20.10.2020
Reg. 85749 / Conocimiento: Mesa del Parlamento, 17.11.2020
A la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (CAERIT).
Anna Caula i Paretas, portavoz del Grupo Parlamentario Republicà, Ruben Wagensberg Ramón, diputado del Grupo Parlamentario Republicà, Susanna Segovia Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario de Catalunya en Comú Podem, de acuerdo con lo que establecen los artículos 167 i 168 del Reglamento del Parlamento, presentamos la propuesta de resolución sobre los derechos humanos en el Ecuador , para que sea sustanciada delante de la Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (CAERIT), con el texto siguiente:
Exposición de motivos.
Desde el año 2017 se está acentuando en Ecuador una grave desinstitucionalización que está afectando al sistema democrático en su conjunto. Existen algunos hitos que ilustran claramente esta situación.
El 18 de septiembre de 2017 el presidente de la República, Lenin Moreno, anuncio su intención de convocar un referéndum y consulta popular para el mes de febrero del siguiente año. El 2 de octubre de 2017 remitió a la Corte Constitucional las preguntas propuestas para la consulta, porque por mandato constitucional corresponde a esta institución del Estado realizar el control de constitucionalidad de las acciones del gobierno. Sin embargo, el 29 de noviembre de 2017 el presidente Lenin Moreno sin esperar el dictamen de la Corte Constitucional, ante la posibilidad de que varias de las preguntas fueran consideradas contrarias a la Constitución por la Corte Constitucional, decidió prescindir de su criterio, violando la Constitución, y emitió el decreto de convocatoria al referéndum que se realizó el 4 de febrero de 2018.
Los expertos de la OEA, un día después de realizarse el referéndum, presentaron un informe preliminar y con posterioridad un informe final en el que destacaron la necesidad de que se hubiera realizado un control constitucional de las preguntas: «La Misión estima importante que ya sea por recursos de inconstitucionalidad o por el control posterior, la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la materia».
El gobierno obtuvo una clamorosa victoria, en una campaña marcada por la práctica ausencia de los detractores del referéndum, y consiguió que la ciudadanía de manera mayoritaria aprobara todas las preguntas propuestas. La pregunta 3 del referéndum dió por terminado el período constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) existente, que es el órgano que se encarga de la elección de las diferentes autoridades de control mediante concurso público. Su destitución dió paso a la conformación de un CPCCS de carácter transitorio elegido por el presidente y confirmado por la Asamblea Nacional (poder legislativo) que tuvo como misión cesar en sus funciones a las autoridades de control vigentes hasta ese momento y sustituir por nuevas.
Este CPCCS transitorio cesó 29 autoridades, incluyendo a los magistrados de la Corte Constitucional, función que este organismo se arrogó, aunque en el referéndum no estuvo contemplado, actuando de facto como una especie de Asamblea Constituyente, aunque sin la legitimidad democrática. Entre las muchas consecuencias nefastas de la actuación del CPCCS transitorio, podemos mencionar hubo una vacante de la Corte Constitucional de casi cinco meses en Ecuador, aunque en principio se había dispuesto que no durara más de dos.
De las autoridades de control ecuatorianas eliminadas por el CPCCS transitorio solo se salvó el Contralor General del Estado, cuyo cargo estaba siendo ocupado por el subrogante tras la fuga a EEUU del principal , acusado de actos de corrupción.
El Contralor subrogante fue ratificado en su cargo la última semana que estuvo en funciones el CPCCS transitorio , gracias a su afinidad con el gobierno y su colaboración en la persecución de oponentes políticos.
El Ecuador atraviesa desde entonces uno de los momentos más complejos de su historia. Se persigue al movimiento llamado «correísta» y tras las protestas de octubre 2019, también a los movimientos indígenas y todo lo que se oponga a la agenda neoliberal, impulsada desde el gobierno. La persecución política se ha materializado en censura, pérdida de trabajo, violación a la intimidad, al honor, a la libertad de cátedra, privación de libertad y derechos procesales entre muchos otros derechos constitucionales y fundamentales.
El gobierno de Lenin Moreno lleva a cabo la persecución política sistemática contra sus oponentes por la vía administrativa y judicial. Diferentes instituciones internacionales de derechos humanos han realizado observaciones a las acciones del Estado ecuatoriano como el Comité de Derechos Humanos económicos y sociales de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde que se inició el proceso preelectoral de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2021, el Contralor General del Estado ha estado presionando al Consejo Nacional Electoral para que eliminé la posibilidad de participación al ex presidente de la República, Rafael Correa y su movimiento político Compromiso Social lista cinco. Hasta el momento el llamado «correísmo» aparece en todas las encuestas como la fuerza política mejor posicionada de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2021.
El Consejo Nacional Electoral ha cedido a las presiones y vetado tanto al expresidente Rafael Correa como a su partido político Compromiso Social impidiéndoles la participación en las elecciones presidenciales. Ahora está por decidirse si el Binomio alternativo presentado por el «correísmo» en las elecciones presidenciales (Andrés Arauz presidente y Carlos Rabascall, vicepresidente) a través de otra plataforma política será una vez más descalificado por el Consejo Nacional Electoral.
Por estos motivos, presenta la siguiente:
Propuesta de resolución. APROBADA
El Parlamento de Cataluña:
Se suma al informe que elaboró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, del 29 de noviembre de 2019.
Se adhiere a la resolución 58/2019 de la CIDH, de 6 de diciembre de 2019,Por la que se otorga medidas cautelares a favor de Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández, donde se solicita al Estado ecuatoriano que «adopte las Medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida y la integridad Personal».
Muestra su preocupación ante las medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor del ex vicepresidente Jorge Glas publicadas en la Resolución 69/2019 de 31 de diciembre de 2019 donde se constata «la existencia de una situación de grave riesgo, en relación con los derechos a la vida y la integridad personal ».Por ello, el Parlamento de Cataluña cree necesario que el Estado de Ecuador, en concordancia con la CIDH, “adopte las medidas necesarias para proteger los Derechos a la vida y su integridad personal “ del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel y que “concierte las medidas a adoptar con los beneficiarios y sus representantes”».
Muestra su preocupación por las denuncias realizadas por las organizaciones de derechos humanos que informan de la violación de derechos por parte del gobierno ecuatoriano cuando reprime las protestas sociales.
Muestra su apoyo a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones sociales que están reivindicando políticas que garanticen la vida digna, con pleno ejercicio de derechos sociales , económicos y culturales de los ecuatorianos y ecuatorianas.
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