La libertad de expresión agoniza en Ecuador
La Radio Pichincha Universal con las frecuencias 95.3 y 94.5 fm está fuera del aire. El próximo 13 de abril se cumplirá un año de la horrible noticia del asesinato de los tres periodistas de Grupo El Comercio (Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Zegarra) en la frontera colombo – ecuatoriana. Y otros tres periodistas (Patricio Pacheco, Marco y Carlos Bravo fueron encarcelados) en el régimen de Lenín Moreno luego de haber trabajado para el expresidente Rafael Correa. Esos son los hechos que han ocurrido en el último año del desgobierno que vive el Ecuador.
Desde las 10h00 del jueves 4 de abril del 2019, la radio Pichincha-Universal no puede emitir noticias ni entrevistas ni reportajes ni opiniones. El habitual espacio radial que tenían todos los quiteños y pichinchanos para expresarse de manera libre y sin tensiones se cerró por una decisión de alto nivel. En sus micrófonos hablaban dirigentes de organizaciones sociales, sectores comunitarios y una ciudadanía que se mostraba inconforme con la realidad política, económica y social que se respira en su país.
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Paola Pabón, prefecta electa por Pichincha en las últimas jornadas electorales, expresó su rechazo a esta decisión y dijo que han cortado la señal sin motivo ni explicación sensata para una comunidad, y añadió que sabía que desde la semana el Secretario de Comunicación Andrés Michelena y María Paula Romo hablaban de esto por el triunfo que obtuvo la Revolución Ciudadana en su provincia el pasado 24 de marzo.
Un segundo capítulo de las agresiones a la libertad de expresión en Ecuador se revive en las últimas horas. Una investigación del periodista Arturo Torres publicada en el portal Código Vidrio advierte que los 3 periodistas de El Comercio no estaban sentados o inmovilizados cuando fueron ajusticiados como se quiso hacer creer por el gobierno de Moreno.
La autopsia revela en 75 páginas que “los tres rehenes recibieron varios disparos por el costado izquierdo de sus cuerpos, por la espalda, y en una trayectoria de abajo hacia arriba“. Los expertos estiman que lo más probable es que fueron ejecutados cuando estaban en movimiento -caminando o corriendo-, quizás en medio de un enfrentamiento armado.
En diciembre del 2018, circuló un audio en el que se reveló el nulo esfuerzo de Lenín Moreno por salvar la vida de los tres periodistas. “Yo creo que el principio elemental de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno, y de un Estado va bastante más allá de la vida de unas pocas o algunas personas” expresa Moreno en ese audio. Eso desmintió todas sus declaraciones en las prometía a los familiares que su gobierno tenía la voluntad para negociar. “Vamos a hacer que Javier, Paúl y Efraín regresen con vida. Es nuestra alta prioridad nacional”, aseveraba el 5 de abril del 2018.
Y en el tercer episodio están los periodistas que trabajaron en Secom durante el gobierno de Rafael Correa. 112 días estuvo en prisión Patricio Pacheco, Marco Antonio Bravo fue privado de la libertad por 77 días y su hermano Carlos Bravo, 88 días.
El productor de la empresa audiovisual Gota Azul, Carlos Bravo señaló que sin una sola prueba y en base a un informe mentiroso y falso de la Contraloría se enjuició a él, a su hermano y otras tres personas más en un supuesto caso de peculado que nunca se demostró.
Ahora se le abre otro caso de peculado por usar 16 segundos de un camarógrafo que fue contratado por el entonces Viceministro de Comunicación, Pablo Yánez para monitorear medios de comunicación y hacer tomas, a la cual se le pagaba USD 1500 durante ocho meses. Estas imágenes fueron procesadas por Gota Azul para una producción final. Sin embargo en la denuncia presentada en 2018 se manifiesta que hubo duplicidad de trabajo y por ello se lo acusa de peculado.
“Pero el camarógrafo graba imágenes en bruto y el productor hace edición, producción e investigación y los peritos dicen que es exactamente lo mismo” afirma Carlos Bravo y añade que su abogado le preguntó al perito si ha revisado el material y el perito respondió que no. “Es ridículamente absurdo” expresó el periodista que admite que hay una persecución en su contra dirigida por el actual gobierno.
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“Estoy perseguido por haber trabajado con el Presidente Correa, me enorgullezco de haber trabajado con él y si hay la oportunidad de volver a trabajar con él, lo voy hacer” afirmó sin tapujos luego de advertir que puede estar preso trece años por USD 600 de un supuesto perjuicio al Estado que nunca se comprobó”.
Esos tres capítulos dibujan con claridad la agonía que sufre la libertad de expresión en un Ecuador que se lastima así mismo por una venganza que solo pone de manifiesto los corazones enfermos con los que se desgobierna.
