Las victorias de Unidas Podemos sobre el PSOE en los PGE
Yolanda Díaz había unificado el pacto sobre PGE a la aprobación de la ley de Vivienda, entre otras medidas complementarias de carácter social.
La gobernanza ejercida en España por el PSOE y Unidas Podemos (UP) han logrado el pasado martes 5 de octubre, un importante acuerdo el cual busca configurar el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, así como la ley de Vivienda.
Se obtuvo dicho consenso antes de dar inicio a la reunión del Consejo de Ministros por lo que no fue posible aprobar en este martes los Presupuestos. Se presume que eventualmente se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario esta misma semana con el objetivo de que las Cuentas del Estado lleguen al Congreso de forma mas expedita.
El acuerdo incorpora la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, como había reclamado en su momento UP. Pocas horas después del acuerdo de la coalición de gobierno, las partes concertantes habían intensificado las reuniones con el fin de tratar de desbloquear unas negociaciones que desde hace días permanecían sin termino.
El espacio confederal, encabezado en el Ejecutivo por Yolanda Díaz, había unificado el pacto presupuestario a la aprobación de la ley de Vivienda, el cual, representaba un adeudo que se arrastraba desde el acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2021.
Durante el día del acuerdo entre UP y el PESOE se conocía que había tenido lugar una reunión al máximo nivel entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para tratar de avanzar en la materia que separaba a las dos partes: la regulación de los alquileres.
En la actualidad, la izquierda rupturista, y en especial Unidas Podemos (UP), defiende la necesidad de fijar unos límites en los precios de los alquileres en aquellas zonas denominadas de mercado tensionado, donde el precio del alquiler de los inmuebles haya crecido de forma continuada en un breve periodo de tiempo.
De igual forma, la formación de izquierdas consideró incorporar la fórmula de los beneficios fiscales, solo aplicado en el caso de los pequeños propietarios. De esta manera se facilita un sistema de beneficios fiscales en el caso de los pequeños propietarios a cambio de que se fijaran límites concretos en el caso de los grandes tenedores de vivienda, especialmente los fondos de inversión.
Sin embargo, también se habían generado una serie de discrepancias en materia fiscal. En este respecto, el espacio liderado por Yolanda Díaz en el Gobierno, defendía fijar un suelo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, como el PSOE y UP llevaban en sus programas y como se había pactado en el acuerdo de coalición. Finalmente, esta medida formará parte del pacto presupuestario.
También formaban parte de estas conversaciones medidas como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses, una prestación universal por crianza, la bajada del Impuesto de Sociedades para las pymes del 25% al 23% o la reducción del IVA de las peluquerías.
Esto condiciona futuros escenarios de negociación con los demás socios parlamentarios, aunque el Gobierno central asume que no se encontrará con demasiadas dificultades. En este sentido, la ley de vivienda tardará aún unas semanas en ser aprobada.
La tolda morada consolida de esta manera la ruta para la aprobación de esta ley, sobre todo en cuanto su demanda de bajar los precios de los alquileres, a su vez, invita a los propietarios para que reduzcan los precios vía deducciones. Finalmente, el impacto de la norma dependerá de que la activen las autonomías, y es poco previsible que las gobernadas por el PP (caso de Madrid) lo hagan. En este sentido, la dinámica política determinará la ejecutoriedad de la Ley.
De esta forma se ha cerrado el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, el cual fue imposible de materializar en el último año. La resolución del consenso tiene resultados mixtos, aunque posee más componente socialista.
Este conjunto de medidas vienen acompañadas, a modo de complemento, con el anuncio del presidente del bono para los jóvenes de 18 a 35 años: 250 euros mensuales para aquellos con rentas anuales del trabajo inferiores a 23.725 euros.
En general, las partes involucradas en las referidas medidas se mostraron satisfechas tras la conclusión de los acuerdo. Unos PGE “imprescindibles” para consolidar la recuperación “justa”, celebró Félix Bolaños en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.
Un “buen acuerdo”, dijo Yolanda Díaz, que incluye una ley de vivienda y “que las grandes empresas paguen lo que toca”. Un pacto que demuestra, añadió, la buena salud de la coalición y que es el primero de calado después de la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo.
De esta, el último paso se transitó ya este martes, en dos reuniones sucesivas. La primera en horas de la mañana con, Bolaños, Belarra, Montero y la responsable de Transportes, Raquel Sánchez. Ahí se perfeccionaron los detalles técnicos.
Luego el presidente llamó a los ministros implicados y a Díaz quien se vio con ellos poco antes del Consejo de Ministros. Allí se dio el visto bueno al acuerdo político global. No hubo necesidad de desatascar nada porque la alianza estaba lista.
Ahora se procede con lo señalado en la actual Constitución española donde impone en su artículo 134, que las cuentas del Estado para el año siguiente se remitan a la Cámara baja tres meses antes de la expiración de las anteriores.
Es decir, antes del 30 de septiembre, previendo sí hay un pequeño incumplimiento del precepto constitucional. El año pasado, el acuerdo de la coalición se firmó el 27 de octubre, pero se aceleraron los trámites en el Parlamento, a fin de que los PGE quedaran aprobados antes del 31 de diciembre, y se logró. Ya no será necesario en vista que los tiempos políticos permiten cumplir con los ritmos normales.
