El gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha autorizado la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela. Este hecho ha sido objeto de una intensa campaña mediática que no ha tenido reparos en descontextualizar a base de medias verdades y ocultación de datos.
En el actual escenario mediático, la CIDH tiene una imagen positiva y el gobierno de Nicolás Maduro negativa. Muchas razones explican la situación. Las más importantes son que la Comisión no tiene una gran exposición mediática, y cuando aparece en la agenda informativa es para comentar sus acciones en favor de los Derechos Humanos, unos hechos que no superarían el más mínimo análisis, ya que en el momento de observar sus iniciativas, se comprueba que permiten, con silencio, los asesinatos políticos de los Estados de Honduras, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia.
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Mientras tanto el gobierno de Venezuela protagoniza noticias a diario en los principales medios de comunicación del mundo, recibiendo una atención mediática bastante superior a su peso diplomático. La mayoría de esas informaciones van destinadas a apoyar el golpe de estado continuado que, primero Obama y ahora Donald Trump, sostienen. La mayoría de ellas hablan de las causas provocadas por la imposición de las sanciones, pero culpando de ellas al desempeño del presidente Maduro, ocultando que se derivan de la política norteamericana contra la mayoría social de Venezuela.
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La CIDH es una agencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), ente que ha llegado a pedir la intervención militar en Venezuela, lo que provocaría una guerra civil en la que se producirían cientos de miles de muertos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha plegado tanto a la agenda golpista de Estados Unidos, que ha terminado tanto con la credibilidad de la organización al abandonar la neutralidad necesaria como agente negociador que debería ser, como la suya propia en el momento en que fue expulsado de su partido, el Frente Amplio de Uruguay, siendo incluso rechazado por el expresidente José Mujica.
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Un dato que no se suele explicar es que Venezuela dejó de formar parte de la CIDH el pasado 27 de abril de 2019, por lo que una agencia de esa organización no tiene poder para interpelar a la institucionalidad de esa nación, que además de ser parte del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, tiene un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigida por Michelle Bachelet, por el cual dos representantes de la expresidenta de Chile se encuentran permanentemente en el país para hacer cumplir los acuerdos alcanzados en materia de derechos humanos.
Las informaciones de los últimos días a este respecto no solo han obviado que la CIDH es una agencia de la OEA, si no que no han revelado que la Comisión apoya a los regímenes de derecha. Además se ha intentado imponer en el relato mediático que la visita de la CIDH es la única posibilidad de observar los DDHH, cuando la ONU ya tiene representación oficial en el país.
