Una fiscalía deslegitimada desestima las causas contra el Rey Emérito

La Fiscalía española finalmente lo ha hecho, ha cerrado los tres procesos judiciales que involucran al rey emérito Juan Carlos I, situación que lo deja sin ninguna causa abierta. Lo anteriormente referido es muestra del miedo de la institucionalidad española como reverencia a la monarquía.

De este modo, la culpa de la actitud complaciente de la Fiscalía y de la agencia Tributaria para eludir cualquier responsabilidad penal, reanima la paradoja en que ya se haya convertido el juicio público y la condena social contra la Casa Real. Para los sectores más rupturistas no existe justificación del ostracismo por hechos tan reprobables, sin embargo, todo esto contrasta con la más que probable impunidad judicial.

Al archivarse las investigaciones, el daño a la fiscalía y a la justicia resulta incalculable, porque además llueve sobre mojado, especialmente en el caso de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. Todo ello empaña el papel que debería tener la justicia española en la lucha frente a la corrupción.

Resulta sorprendente y escandaloso que en este contexto se anuncie por parte de la fiscalía del tribunal Supremo el sobreseimiento de las causas, al parecer con base en circunstancias ya conocidas como la inviolabilidad durante su reinado, interpretada de forma extensiva como patente de corso.

Asimismo, aunque no de todos, los delitos y las regularizaciones hasta ahora realizadas con respecto a sus actividades no declaradas en los años posteriores a su reinado y, por tanto, no amparadas por la inviolabilidad, entre las que se encuentran las comisiones del Ave a La Meca, la fortuna supuestamente oculta en Jersey y el uso de tarjetas de crédito al margen del fisco.

En definitiva, cabría interpretar entonces que esta es la conclusión de dos años de investigación: el cierre de las investigaciones debido, cuando menos, al miedo reverencial o a la culpa complaciente en la relación entre la agencia Tributaria, la Fiscalía y el anterior Jefe del Estado.

Actualmente, la ciudadanía española no elige cada cuatro años quién se ubica en la Jefatura del Estado, ya que esta se encarna en la figura vitalicia del Rey, heredándose a lo largo de toda su dinastía, la cual les cuesta a los españoles importantes recursos que podrían ser aprovechados para el beneficio colectivo. Solo la República puede generar estas condiciones consecuentes con un país que opina.

El exilio voluntario del rey emérito Juan Carlos I por los escándalos de tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude fiscal; las infantas Elena y Cristina, además de su vacunación en Dubái, entre muchas otras acciones, son cuestionamientos a la legitimidad de la monarquía.

Hasta hace relativamente poco la ciudadanía española no se atrevía a reclamar públicamente, mucho menos cuestionar la conveniencia de financiar con sus impuestos una figura real que más allá de simbolizar “unidad”, pareciera ser fuente perenne de división.

El rechazo a la monarquía española comenzó a tomar mayor fuerza en 2012, cuando la nación estaba afectada por una alta tasa de desempleo y salió a la luz una imagen del rey cazando elefantes en Botswana.

El hecho, que pudo haber quedado en la intimidad de la realeza, se hizo público tras conocerse una lesión en la cadera que obligó al rey Juan Carlos I a regresar de urgencia a España. Además de su vivencia en un lujoso safari africano, existen una serie de presuntos delitos financieros en los que se ha visto envuelto el monarca en los últimos años.

Muchos afirman que durante su mandato de 40 años acumuló una gran fortuna atribuida, en parte, a acciones ilícitas. Estos hechos han generado investigaciones por parte de la fiscalía de Ginebra (Suiza), bajo la presunción de legitimación de capitales.

Adicionalmente, el Tribunal Supremo Español investigó sus cuentas bancarias. Paralelamente a sus investigaciones financieras, Juan Carlos I también se ha visto implicado en escándalos extramaritales.

A pesar de todo ello, acaba de conocerse que la fiscalía archivó definitivamente las investigaciones sobre el rey emérito, esto tendrá como posible consecuencia, el retorno de monarca auto exiliado a España, si bien no de forma permanente, sino tan solo de visita, para así “no entorpecer la labor del actual rey Felipe VI”.

Todo se anuncia paradójicamente en el momento en que no solamente no se ha terminado de aclarar el contenido de la investigación de la Agencia Tributaria y de las fiscalías española y suiza, sino que, por el contrario, cada día que pasa arrecian las informaciones sobre las comisiones recibidas y sus turbios manejos fiscales para ocultarlas.

Sorprende aún más este anuncio de archivo provisional de las actuaciones de la fiscalía sobre el rey emérito, cuando hace poco menos de un mes conocíamos por una filtración a los medios de comunicación.

Se trata de la demoledora calificación del monarca como supuesto comisionista internacional en una comisión rogatoria de la fiscalía del Tribunal Supremo español ante la fiscalía helvética, todo a partir de sólidos indicios de supuestos delictivos graves como blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

En el último informe internacional referente a los llamados “Papeles de Pandora”, se han conocido nuevos datos relacionados cn el rey emérito, su participación en la herencia de Corina Larsen y de alguno de sus testaferros más conocidos como Krause, relativos a cuentas y depósitos en paraísos fiscales.

Estos hechos demuestran una vez más que en España no es el momento para ambigüedades tales como “soy republicano de sentimiento, más monárquico por sentido común”. Hay que sacar a la Corona del blindaje antidemocrático en el que se alberga gracias al contexto de 1978.

Es necesario someter la monarquía a una consulta popular directa en contraposición con su alternativa obvia, la República y erradicar en todo caso las adherencias absolutistas que, de modo vergonzante, todavía la adornan.