Juan Carlos I: el mayor aliado de la República

La monarquía de Juan Carlos I, misma que fue instituida durante el régimen de Franco y que fungió como elemento para la protección de los intereses de la dictadura tras la transición de 1978, se ha visto envuelta durante la última década en un conjunto de escándalos que solo revelan las profundas contradicciones de un sistema político en decadencia.

El inicio del Régimen del 78 partió de la ausencia en el espacio público, de discursos rupturistas respecto al ordenamiento jurídico implementado por la dictadura y de una aparente “reconciliación nacional”, lo cual se traduce en el olvido y marginación de la legitimidad republicana, así como de los efectos de la represión sistematizada del franquismo.

Se trata de una transición política donde se instituyó una “democracia” fuertemente bipartidista, limitada en lo relativo a los derechos civiles y sociales, constituyéndose sobre las ideas del “consenso”.

La ejecutoriedad del sistema ideado a la medida de las estructuras políticas y económicas creadas durante el gobierno de Franco gozó de relativa estabilidad, hasta que entrado el siglo XXI empieza a dar fuertes muestras de agotamiento ante la presión de los mercados cada vez más globales y los diversos escándalos donde se involucraba la corona española.

Tales han sido las polémicas en las que ha caído la familia real, que ha ameritado la abrupta salida del Rey Juan Carlos I del territorio español. Situación con un potente significado jurídico, político y simbólico, el cual también denota un indicio de ruptura sistémica.

La monarquía española está atravesando una crisis que ha mermado sensiblemente aquel prestigio y legitimidad que tanto buscaba proyectar ante los españoles. Incluso, son más crecientes las opiniones que aseguran tal sistema de poder desaparecerá de España durante el reinado de Felipe VI.

Tal posibilidad se consideraba impensable hace 20 años en España, tampoco se concebía como posible un eventual exilio de Juan Carlos, personaje notablemente rechazado por los españoles e investigado por la justicia.

El exilio voluntario del rey emérito Juan Carlos I por los escándalos de tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude fiscal; las infantas Elena y Cristina, además de su vacunación en Dubái entre muchas otras acciones, son cuestionamientos a la legitimidad de la monarquía.

El rechazo a la monarquía española comenzó a tomar mayor fuerza en 2012, cuando la nación estaba afectada por una alta tasa de desempleo y salió a la luz una imagen del rey cazando elefantes en Botswana.

El hecho, que pudo haber quedado en la intimidad de la realeza, se hizo público tras conocerse una lesión en la cadera que obligó al rey Juan Carlos I a regresar de urgencia a España. Además de su vivencia en un lujoso safari africano, existen una serie de presuntos delitos financieros en los que se ha visto envuelto el monarca en los últimos años.

Muchos afirman que durante su mandato de 40 años acumuló una gran fortuna atribuida, en parte, a acciones ilícitas. Estos hechos han generado investigaciones por parte de la fiscalía de Ginebra (Suiza), bajo la presunción de legitimación de capitales.

Adicionalmente, el Tribunal Supremo Español investigó sus cuentas bancarias. Paralelamente a sus investigaciones financieras, Juan Carlos I también se ha visto implicado en escándalos extramaritales.

A pesar de todo ello, acaba de conocerse que la fiscalía archivó definitivamente las investigaciones sobre el rey emérito, esto tendrá como posible consecuencia, el retorno de monarca autoexiliado a España, si bien no de forma permanente, sino tan solo de visita, para así “no entorpecer la labor del actual rey Felipe VI”.

Todo se anuncia paradójicamente en el momento en que no solo no se ha terminado de aclarar el contenido de la investigación de la Agencia Tributaria y de las fiscalías española y suiza, sino que, por el contrario, cada día que pasa arrecian las informaciones sobre las comisiones recibidas y sus turbios manejos fiscales para ocultarlas.

Sorprende aún más este anuncio de archivo provisional de las actuaciones de la fiscalía sobre el rey emérito, cuando hace poco menos de un mes conocíamos por una filtración a los medios de comunicación.

Se trata de la demoledora calificación del monarca como supuesto comisionista internacional en una comisión rogatoria de la fiscalía del Tribunal Supremo español ante la fiscalía helvética, todo a partir de sólidos indicios de supuestos delitos graves como blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

En el último informe internacional referente a los llamados “Papeles de Pandora”, se han conocido nuevos datos relacionados al rey emérito, su participación en la herencia de Corinna Larsen y de alguno de sus testaferros más conocidos como Krause, relativos a cuentas y depósitos en paraísos fiscales.

Los lujos en medio de la crisis, combinados con el encarcelamiento de su yerno Iñaki Urdangarin por fraude, comenzaron a erosionar su popularidad y tuvo que abdicar a favor de su hijo en 2014.

Asimismo, fueron descubiertas comisiones en cuentas extranjeras, en las cuales habrían aparecido depósitos superiores a 100 millones de dólares hechos por la realeza saudí. Las autoridades sospechan que podría tratarse de una operación de lavado de dinero o de un soborno, ya que por esos días Arabia Saudita había elegido a una empresa española para construir un tren de alta velocidad en La Meca.

Dicho escándalo también afectó rey Felipe VI, quien aparecía como beneficiario de la cuenta. Pero el actual monarca se apresuró a explicar que nunca supo nada del tema y que, apenas se enteró de que su nombre aparecía, le pidió a su padre dejar sin efecto esa designación. También anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró el sueldo como rey emérito.

No es imposible que este escándalo sea la antesala del final de la monarquía española o de una ruptura del sistema político español. Actualmente, más del 50 por ciento de los españoles quiere abolirla.

Estos hechos demuestras una vez más que en España no es el momento para ambigüedades tales como “soy republicano de sentimiento, más monárquico por sentido común”. Hay que sacar a la Corona del blindaje antidemocrático en el que se alberga gracias al contexto de 1978.

Ante los momentos de tribulación política de las últimas décadas, se renueva con frecuencia el debate sobre la necesidad de impulsar un proceso constituyente conducente a la transformación del Estado español bajo un esquema republicano.

Es necesario someter a monarquía a una consulta popular directa en contraposición con su alternativa obvia, la República y erradicar en todo caso las adherencias absolutistas que, de modo vergonzante, todavía la adornan.