España recibirá unos 140.000 millones en ayudas directas e indirectas gracias a los acuerdos de la cumbre europea celebrada la semana pasada. En este sentido Italia obtendrá una mayor cuantía (209.000 millones). España sale favorecida en esta negociación entre líderes del continente europeo donde sólo ha visto rebajado en cinco mil millones su propuesta inicial.
El acuerdo puede ser considerado positivo para el Estado español, el mismo representa una ayuda fundamental en los equilibrios de la arquitectura económica local. La previsión de gasto público de España se prevé disparar a casi un 120% del PIB anual.
Reparto de fondos y devolución de la deuda
El 70% de estos fondos se repartirán entre 2021 y 2022, el resto se asignarán en 2023. Para devolver la deuda, el documento firmado por los socios europeos se prevé crear una tasa sobre plásticos no reciclados (2021), un mecanismo de ajuste sobre el carbono y una tasa digital (2023).
Los países llamados “frugales” (Holanda y sus colegas de algunos países centrales y nórdicos) cuyo término tiene un alto grado de humillación para los habitantes del sur europeo, no han conseguido su máximo objetivo, el cual era obtener la capacidad de veto.
Aunque sí tendrán mecanismos de emergencia. Cada país deberá aprobar por mayoría cualificada planes económicos de previsión del gasto. Es alarmante pero el recorte a las ayudas agrícolas (el presupuesto europeo se queda en 1074 millones).
Los sindicatos agrarios ya se han mostrado contrarios. Pero como siempre la “macroeconomía” lo pisa y mancha todo sin dejar espacio a un sector como el agrícola que va a ser fundamental para encarar los retos de la otra emergencia: la climática.
Situación económica y social del Estado español
Dicho todo esto ¿sólo nos queda valorar el plan? Radicalmente no, y menos con la situación económica y social que vive el Estado español. A nadie se le escapa que España tiene un problema con el déficit (su deuda con el mercado exterior es muy elevada, más que Italia), con las pensiones y la productividad (o más bien con su modelo económico).
Y es que estos 140.000 millones, pueden servir sólo para levantar la bandera de la promoción estrictamente política. Izándola bien alto en nombre del “bien de España” o por el contrario, se pueden transformar en un estandarte estratégico (banderas que servían en las campañas bélicas romanas para marcar la posición de los batallones).
Si el gobierno PSOE-UP entiende esta ayuda (que no es gratuita) como una victoria y un refresco para la identidad política nacional, seguramente se va a encontrar con obstáculos serios a medio y largo plazo.
Las naciones como Cataluña y Euskal Herria se van a poner de culo por su desconfianza avalada por la experiencia. Cuando se habla de banderas siempre salen mal paradas las minorías nacionales.
Asimismo, Europa y concretamente los países centroeuropeos están esperando con un cuchillo entre los dientes que España vuelva a caer en la trampa de cubrir sus debilidades con banderas del tamaño que se hizo poner en la plaza de Colón el ministro Trillo en 2002.
Sin embargo, si el ejecutivo español intenta construir un proyecto a futuro con el aval de esta pequeña victoria en Europa, éste encontrará obstáculos. Pero no se va a encontrar un activo político contrario con una alternativa creíble.
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Portar estos 140.000 millones como un estandarte que marque un posicionamiento claro sobre el modelo político que puede haber detrás de esta lluvia de millones es fundamental.
Más que España, el gobierno y las naciones históricas deberían llegar a una entente. Un acuerdo político, para llegar a consumar una transformación a largo plazo de la economía.
Todo ello para reindustrialización y modernización tecnológica. En detrimento del turismo masivo y la construcción, la modernización de la administración y el apoyo a la eficiencia política con visión territorial.
Sólo si hablamos de transformar y no de reformar, el ejecutivo de Sánchez barrerá el paso a dar cancha a la demagogia y la pelea a una derecha que mantiene intacta su rabia.
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