22 entidades entre hospitales, GAD provinciales, cantonales, ministerios del ejecutivo, que compraron mascarillas N95 en diferentes cantidades durante la emergencia por un monto superior a los USD 13 millones y medio según las investigaciones de la Asambleísta Lira Villalva.
Los precios unitarios de estas variaron desde USD 2,80 hasta USD 7,50. En el análisis de la legisladora de la Revolución Ciudadana incluyendo un precio referencial de USD 3 para la adquisición de estas mascarillas se requerían USD 8 millones 376 mil.
“Solamente en este ejercicio tenemos un perjuicio al estado de USD 5 millones 212 mil. Atentado a la integridad de médicos y enfermeras, atentado a nuestra gente que no tienen una mascarilla para protegerse del contagio, simplemente porque el SERCOP decidió NO colocar un precio referencial a los insumos médicos que se están utilizando en la emergencia” afirma la asambleísta Villalba.
Este medio pudo conocer que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado a través de un oficio del 19 de mayo y otro del 01 de junio de 2020, recomendó al SERCOP acciones puntuales a corto plazo para mejorar y promover una mayor competencia en los procesos de contratación en situación de emergencia.
En los documentos se puntualizaba que para disminuir los riesgos de irregularidades en todos los procesos de contratación deberían contar con un estudio de mercado, incluso en los casos de excesiva urgencia se pueden consultar fuentes públicas, procesos anteriores, procesos similares llevados en otras instituciones públicas, consulta directa a operadores económicos.
Pero hasta el momento no se conoce el tratamiento que la ex directora del SERCOP, Silvana Vallejo dio a esos pedidos. No deberán escatimarse esfuerzos para buscar referencias reales de la situación del mercado y deberá dejarse plena constancia de tales gestiones.
Conforme al Art. 11 de la Ley de Contratación Pública el Directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública tiene las funciones de “planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de contratación pública”.
El pasado 5 de mayo, en medio de una ola de casos de corrupción en las compras públicas por la emergencia sanitaria y que ha sacudido al Ecuador y tiene a la Fiscalía allanando oficinas públicas y privadas. A través del Decreto Ejecutivo 1033, el presidente Lenín Moreno reformó el Reglamento de Contratación Pública para regular la compra de fármacos y bienes estratégicos de salud, como las bolsas para cadáveres.
Ante esto, la ex Directora mencionó que el cambio de modelo de gestión tiene previsto completar las modificaciones logísticas en el sistema de salud hasta diciembre, preparar la nueva modalidad de adquisición entre enero y febrero, y arrancar aproximadamente en marzo de 2021.
Posteriormente, el 15 de junio de 2020, la Comisión de Régimen Económico solicitó la comparecencia de Silvana Vallejo, para que documentadamente informe las acciones realizadas ante las denuncias de adquisiciones de insumos médicos con presumible sobreprecio en la emergencia sanitaria por COVID-19. Pero no hubo respuesta.
Pero el 09 de julio de 2020, fue nombrado Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública el Dr. Juan Aguirre. Poco o nada pudo conocer, hasta hoy, la Asamblea de la gestión de Vallejo en la SERCOP frente a la pandemia de corrupción y sobreprecios en Ecuador.