La Ley de Memoria Democrática investigará los delitos que enriquecieron al IBEX 35
Ha iniciado su andadura la nueva “Ley de Memoria Democrática” con su aprobación en el Consejo de Ministros. Ahora empieza su trámite legislativo. La intención del gobierno es abrirse a las propuestas de los grupos parlamentarios, para que tenga el mayor apoyo posible.
La propuesta ley cumple con la mayoría de los parámetros planteadas por las asociaciones memorialísticas, muchas de ellas apenas tratadas en la “Ley de Memoria Histórica de 2007”, y que reflejan las carencias de dicho instrumento legal.
Durante años, tras su aprobación, asociaciones, académicos e instituciones internacionales han denunciado las faltas de esa ley inicial: la prohibición de la exaltación del franquismo, una mayor presencia en la educación, la anulación de los juicios sumarísimos, la falta de apoyo estatal en los procesos de exhumación, la existencia del Valle de los Caídos, etc.
Tal parece que, trece años después, el gobierno español va a intentar solventar esas insuficiencias en su nuevo proyecto. La aprobación de la ley de 2007 supuso un auténtico hito para impulsar las medidas a favor de la reparación de las víctimas.
Sin embargo, los posteriores gobiernos del Partido Popular (PP) (especialmente gravosos para las víctimas gracias a las expresiones del entonces Presidente Mariano Rajoy de haber dejado sin efecto la ley, con la eliminación de los fondos destinados a sus actuaciones), frenaron el desarrollo de la misma e, incluso, revirtieron en diversos ayuntamientos algunas de las medidas que se habían implantado (por ejemplo, los debates judiciales sobre el callejero de algunas ciudades españolas).
La ministra Carmen Calvo señalaba que “no seríamos una gran democracia si no somos capaces de enfrentarnos con justicia a nuestro pasado”. Pero convendría recordar que no se ha logrado durante más de cuarenta años de democracia, tras la muerte del dictador, a pesar de los gobiernos socialistas que ha habido en este período.
Ahora, la nueva ley introduce novedades legales muy importantes para intentar subsanar las carencias que ha habido, no desde 2007, sino también desde 1978. Se tratan novedades para honrar a las víctimas y frenar a aquellos que se dedican a la exaltación de la dictadura.
Entre las principales novedades, como ya hemos señalado, muchas solventarán las carencias de la antigua ley de 2007: se introduce la prohibición de la exaltación del franquismo (incluyendo la prohibición de fundaciones que hagan apología, fomenten el odio, etc., como la Fundación Francisco Franco).
Asimismo, se procura una mayor presencia de la memoria histórica, la historia de la Guerra Civil y de la dictadura en el currículum académico; la creación de una nueva fiscalía para investigar las violaciones de los derechos humanos; anulación de los juicios sumarios y de sentencias de instituciones como el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal de Orden Público; fomento de las exhumaciones de las fosas comunes, de las que se hará cargo el Estado.
De igual forma, se pretende promover la creación de un banco de ADN de las víctimas y sus familiares, para facilitar la identificación de los restos y de un censo nacional de víctimas; resignificación del Valle de los Caídos y su transformación en un cementerio civil; la condena expresa del golpe de estado de 1939 y de la dictadura.
En este mismo orden de ideas, se pretende la eliminación de los títulos nobiliarios creados por el dictador (y entre los que se encuentran los nombres de “Queipo de Llano”, “Carrero Blanco” o “Primo de Rivera”, además del “Ducado de Franco”). Asimismo, la investigación de los delitos relacionados con el trabajo forzoso de presos y que sirvió para enriquecer a grandes empresas que, aún hoy, cotizan en el IBEX35, etc.
