El Caso Almería
El Caso Almería. Madrugada del 9 al 10 de mayo de 1981. Tres personas aparecen muertas y desmembradas en un coche calcinado. Once guardias civiles. Tres sentencias. Otro caso que, para mucha gente, aún no se ha cerrado.
Contexto histórico-político
Corre el año 1981. Hasta el 5 de octubre no se retirará el águila de San Juan de la bandera española. Estamos en el comienzo de lo que se conoce como la Transición. Aún se lee en la bandera oficial “Una, grande y libre” y se ven el yugo y las flechas adoptadas por la Falange Española. Ese mismo año Antonio Tejero realizó un golpe de estado fallido.
Antecedentes
El 7 de mayo de ese año, en Madrid, Joaquín Valenzuela, Cuarto Militar del Rey, resulta herido en un atentado y sus tres acompañantes mueren. El atentado, vinculado a la banda terrorista ETA, se realiza desde una motocicleta, colocando un artefacto explosivo en el coche del vehículo al parar en un semáforo. En 1992 se condena a Henri Parot, y un año más tarde también a Juan Lorenzo “Txikierdi” Lasa Mitxelena y a Garalde Bedialauneta.
Tras el atentado, grupos de extrema derecha salieron a manifestarse expresando su deseo de que Tejero saliera libre y que “la policía con Franco no moría”.
Tres meses antes, la Policía Nacional captura y tortura hasta la muerte a Joseba Arregui, miembro de ETA.
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Un viaje truncado
Luis Cobo Mier, salmantino de 29 años, Luis Montero García, santanderino de 33, y Juan Mañas Morales, de almeriense de Pechina y de 24 años de edad, amigos y compañeros de trabajo, se dirigen desde Santander hasta Pechina, para ir a la comunión del hermano del último. Su coche sufre una avería a la altura de Puertollano (Ciudad Real). Por no esperar a que se lo arreglen y llegar tarde al evento, alquilan un Ford Fiesta. La guardia civil recibe un aviso de un vecino de la localidad que los ha confundido con unos miembros de la banda terrorista ETA que ha visto en fotos por televisión: Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa.
De inmediato se pone en marcha un operativo al mando del teniente coronel Carlos Castillo Quero.
Los tres jóvenes llevan 3 días de viaje y su plan incluye visitar la provincia, que los dos más mayores no conocen. Llegan a Roquetas de Mar (Almería) y el más joven, Juan, propone parar para comprar unos recuerdos. A las 21:05 horas son detenidos en la tienda de “souvenirs” Renate, sin oponer resistencia. A la mañana siguiente aparecerán dentro del coche, calcinados y cubiertos de agujeros de balas.
Castillo Quero y hasta 11 de sus hombres de confianza trasladarían a sus prisioneros a un antiguo cuartel abandonado a unos 40 kilómetros, donde fueron torturados toda la noche. Al descubrir su error, los fusilaron. Intentaron meterlos en el coche, pero al no ser capaces, los desmembraron. Finalmente, despeñaron el vehículo y le prendieron fuego.
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La versión de los agentes
La policía emite un comunicado el día 10 relatando que se ha encontrado un coche calcinado en el kilómetro 8,4 de la carretera C-326 de Gérgal. En su interior se encuentran los cadáveres de 3 presuntos miembros de ETA que fueron detenidos armados e indocumentados. Se les llevaba a Madrid para procesarlos, usando, entre otros, su propio vehículo. Se desviaron para recoger pertenencias de los presuntos terroristas, momento que aprovecharon para intentar agredir al conductor, obligando a la guardia civil a abrir fuego contra las ruedas del vehículo en el que iban esposados, causando que cayera por el acantilado.
Juan José Rosón, por entonces el Ministro de Interior, defendió esta versión ante los medios escépticos con los detalles forenses de los cuerpos: agujeros de balas en la cabeza y torso y amputación de los miembros.
El juicio
El 14 de junio la Audiencia Provincial de Almería abre el juicio contra 3 de los guardias civiles que participaron en los hechos.
Además de ceñirse a la versión de su comunicado férreamente, aparecen 2 viejas pistolas Astra cubiertas de óxido entre las pruebas de manera altamente sospechosa.
Pero lo que las autoridades no esperaban es que aparecieran testimonios que contravinieran este relato. Seis pescadores del club El Palmeral ven las llamas a las 6:00 a.m. y acuden a apagar el incendio, encontrándose con los agentes. El guardia civil Fernández Llamas les asegura que los heridos ya han sido evacuados al hospital y les pide que se vayan. Este testimonio, ratificado por los 6 lugareños, contrasta claramente con el hecho de que por la mañana el personal de la funeraria acudiera a llevarse los cadáveres del coche.
Además, uno de los guardias civiles comete un error y dice que los llevaron al cuartel abandonado de Casas Fuertes. El mismo abogado de la familia, Darío Fernández, sospecha de este dato, y acude a este lugar, donde encuentra manchas de sangre. Lo comunica al juez, que demora dos semanas la investigación. Cuando el equipo acude al lugar, como hemos dicho, viejo y abandonado, las paredes presentan un encalado reciente.
A falta de pruebas para fallar en asesinato, se condena a los 3 guardias civiles por homicidio. A Castillo Quero se le asigna una pena de 24 años, 15 al teniente Gómez Torres y a Manuel Fernández Llamas 12.
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Irregularidades en el cumplimiento de la pena
El teniente coronel recibe atenuante por “cumplimiento del deber” y los dos restantes por “obediencia debida”. Hasta su expulsión de la guardia civil cumplen pena no en una cárcel, sino en centros militares. Recibieron varios millones de pesetas como “retiro” de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
La guardia civil expulsa a Castillo Quero en octubre de 1985, momento en el que ingresa en la cárcel de Guadalajara. Anteriormente estuvo en el presidio militar de Santa Catalina (Cádiz). Tres años después de ingresar en el presidio civil recibe el tercer grado, y la condicional en 1992. Muere de causas naturales el 3 de abril de 1994.
El abogado de la familia, improvisado investigador, recibió amenazas de muerte, hasta el punto de tener que llegar a vivir oculto en una cueva tras encontrar una bomba bajo su coche.
La carta
Tres años después, la familia Mañas recibe una carta anónima, confesando los hechos.
Mi querida familia, ante el respeto que merecen me dirijo a Vds para contarles el hecho siguiente respeto a las extrañas circunstancias de la desgracia de buestro (sic) hijo y compañeros que fallecieron en manos de los asesinos de la Comandancia de esta localidad (…).
Los trasladaron en los mismos vehículos al cuartel de Casafuerte, donde fueron sometidos a interrogatorio, acto seguido ordenó Castillo Quero que tenían que ser sometidos a garrote y pidió voluntarios.
También identifica a algunos de los agentes no procesados como los asesinos: J.M., del Servicio de Información (S.I.); el sargento C. Otro, el guardia P. Otro, el guardia F., también del S.I.
Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola cada uno que recivieron (sic) por separado. Posteriormente, los embolvieron (sic) en mantas viegas (sic), penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no conocieran los malos tratos.
También relata que usaron el dinero de las víctimas para comprar gasolina para incinerar el vehículo y los cadáveres:
Antes de pegar fuego con la metralleta de los compañeros el guardia C. gastó dos cargadores de 30 cartuchos cada uno sobre los cadáveres en combinación con el depósito de la gasolina del Ford.
La carta finaliza con “sin nada más se despide un gran amigo de Vds. que en la actualidad es Guardia Civil pero no asesino. No me identifico porque sería una cosa no oportuna para mí”.
Se conocen por tanto los nombres de los 8 guardias civiles que, de manera voluntaria, participaron de una manera u otra en los hechos, sin ser juzgados:
- Sargento Rafael Cañadas Pérez.
- Sargento Antonio González Hueso.
- Cabo primero Guillermo Visiedo Beltrán.
- Guardia Eduardo Fenoi Rodríguez.
- Sargento Juan Sánchez Cabrera.
- Guardia Angel Ojeda Guerrero.
- Guardia Antonio Pavón Merino.
- Guardia Juan Martínez Castro.
A día de hoy, 38 años después, no han sido juzgados.
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La película
El director de cine Pedro Costa Muste estudió la sentencia del caso y en 1983 rodó “El Caso Almería”, con Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón.
El director y las personas encargadas de las salas donde se iban a proyectar, recibieron amenazas de la extrema derecha. La madrugada del 11 febrero de 1984, la misma semana de su estreno, el Cine Teatro Regio de Granada, ardió con tal virulencia que hubo que desalojar los inmuebles colindantes. Un simpatizante de Antonio Tejero apodado Al Capone reivindicó el ataque. En Vigo otro cine fue atacado por dos jóvenes, y un tercero, días después, sufrió heridas manipulando un artefacto explosivo. En Valladolid las amenazas de atentado recibidas obligaron a retirar la película.
Una historia inconclusa
Castillo Quero nunca realizó ninguna declaración de los auténticos hechos de la noche del 9 al 10 de mayo de 1981.
En la carretera de Gérgal, en el lugar donde se encontró el coche con los cadáveres mutilados y calcinados, hay un monolito en memoria de los tres jóvenes asesinados. Familia y vecinos traen a intervalos más o menos regulares flores a su memoria.
“A mi hijo lo mataron tres veces: a palos, a tiros y quemado”. María Morales, madre de Juan Mañas.
Olvidar a estas tres víctimas de una transición no modélica, en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ejercían su poder de una manera más cercana al fascismo de la dictadura que a una democracia, sería condenarlas a su cuarta y definitiva muerte.
