La ley de memoria histórica de IU muestra las carencias de la del PSOE
Tuvieron que transcurrir 32 años desde la muerte del dictador Francisco Franco para que un gobierno de esta mal llamada democracia, decidiera introducir una ley que intentara garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la represión, y “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución por razones políticas, ideológicas y de creencias religiosas“, como reza el artículo 1 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
Entretanto, el pasado 29 de junio de 2018, Izquierda Unida presentó su propuesta de Ley de Memoria Histórica, que tiene por objetivo, como indica su artículo primero: “establecer de forma solemne el repudio y condena del golpe de estado militar del 18 de julio y la posterior dictadura franquista por parte de los poderes e instituciones del Estado“. Desde ambos artículos primeros de ambas leyes, se empiezan a deducir las primeras diferencias: la Ley de Memoria de los socialistas, no mencionan en su articulado la palabra “repudio“, algo necesario e importante si se pretende que España sea una democracia sana y ejemplar.
Ambos textos coinciden, eso sí, en la reparación moral de quienes sufrieron represión entre 1936 y 1939, de donde se deduce que en dicha reparación, no se hace diferencias entre bandos enfrentados. Se echa de menos en la Ley del PSOE, que se mencione claramente “el derecho de reconocer a las víctimas y familiares de las personas asesinadas y desaparecidas a localizar su paradero para darles sepultura digna y el deber del Estado de hacer cumplir ese derecho de forma inmediata“, como versa el proyecto de IU en su artículo primero, concretamente en el apartado e.
Otra cuestión que la Ley socialista no contempla, tiene que ver con el reconocimiento del papel de las mujeres en la lucha por la libertad, y la violencia contra ellas ejercida a raíz del golpe militar. Además, es merecido destacar que IU también menciona y condena las horribles desapariciones de niñas y niños hasta 1999. Ambos asuntos son, al parecer, poco importantes para el PSOE.
Cabe destacar la gran diferencia en el número de artículos de una ley y otra (22 la del PSOE y 63 la de IU), algo deja en evidencia la preocupación de los socialistas por no molestar demasiado a la derecha española. Por un lado, el proyecto de Ley de IU recoge artículos mencionando un régimen sancionador; infracciones graves, muy graves y leves en su título cuarto; incluir como materia curricular en la educación la Memoria Histórica; fomentar la significación del Valle de los Caídos como lugar en donde se expliquen los crímenes del franquismo; y una garantía eficaz de suficiencia económica. Todos estos temas, referidos en profundidad por IU, no son mencionados ni mínimamente por los socialistas.
En definitiva la Ley del PSOE resulta una ley completamente superficial en un país que, si quiere llegar a convertirse en una verdadera democracia, debe contar con una norma de rango de Ley que garantice y defienda los derechos de todos los colectivos que sufrieron la represión durante y después de aquella tragedia. El Estado español aún no ha conseguido cerrar las heridas 80 años después. Familias destrozadas, empujadas a un exilio que, en muchos casos, les llevó a campos de exterminio nazis. Familias que ven cómo una Ley en la que depositaron toda su confianza, es mera palabrería que da la sensación de que se redactó en dos días y con la intención de que la derecha no se molestara tanto.
España sigue siendo una suave democracia cimentada sobre huesos.
