Los restos de Franco, ni en el Valle ni en la Almudena

El Valle de los Caídos empezó a ser cuestionado a partir de las protestas de las asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo. Cada 20-N desde 2007, diversos colectivos venimos denunciando frente a las puertas del Valle, la existencia de este monumento que rinde homenaje a quien se sublevó matando y murió matando, y cuyo régimen significó asesinatos, prisión, tortura, campos de concentración y exilio. La dictadura supuso el secuestro de la soberanía nacional durante 40 años, y la implantación de un sistema de represión ejercida de múltiples maneras, y a lo largo de toda su existencia, sobre cientos de miles de personas.

Cuelgamuros es, ante todo, un lugar de exaltación del franquismo y de su acto fundacional: el golpe de los militares perjuros del 18 de julio de 1936. Pero también es una necrópolis, donde yacen miles de víctimas de la dictadura conforme a los designios del máximo responsable de su muerte, en una especie de castigo y humillación post mortem, sin que sus familias fueran consultadas en el momento de su traslado, y sin que muchas ni tan siquiera sepan que sus restos yacen allí.

Frente al relato franquista que define al Valle como monumento de “reconciliación” contamos con los documentos históricos que demuestran la falsedad de ese argumento: historiadores acaban de encontrar la factura de una empresa que en 1959 trasladó 924 cadáveres desde Málaga al Valle; los desafectos a la dictadura fueron enviados y posteriormente inhumados en cajas de diez en diez, con los restos mezclados, frente a los féretros individuales de los adeptos al régimen.

La exhumación tanto de los restos de Franco como de Primo de Rivera no es un asunto privado, que compete a las familias de ambos, sino un asunto de trascendencia pública e importantes implicaciones políticas. Independientemente de cuál sea la opinión de sus familiares, los restos de ambos deben abandonar el Valle, que debe reconvertirse en un Memorial para recordar y homenajear a las personas que padecieron la represión franquista, y no a sus verdugos, especialmente a los presos republicanos que lo construyeron como trabajadores forzados.

Sin embargo, hemos podido ver reiteradamente la aparición pública de los nietos de Franco, explicando su negativa al traslado de los restos del dictador, al mismo tiempo que en Chile la Corte Suprema ordenaba a la familia Pinochet devolver al fisco 1,6 millones de dólares.

Las únicas explicaciones públicas de la familia Franco que deberían interesar a la sociedad y los medios de comunicación, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago; la apropiación de la Casa Cornide en el centro de Coruña; la multimillonaria recalificación de la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y bienes (como buena parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto de la dictadura que encabezaba.

No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la dictadura.

El pasado 13 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobó el Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. La redacción del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta por un enterramiento en propiedad previamente adquirido dentro de la catedral madrileña de la Almudena.

A ello se ha unido la exigencia por parte de la familia Franco de que el traslado se haga con honores de Jefe de Estado. Incluso miembros del Gobierno han planteado la posibilidad de que, como alternativa, se le rindieran honores de General de División, el grado que tenía Franco cuando se sublevó contra el régimen democrático legítimo. Estas cosas pasan cuando un régimen dictatorial no es declarado ilegal por la democracia posterior.

El entierro de Franco en la catedral de la Almudena, un lugar público con una enorme carga simbólica en el centro de Madrid, a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura celebraba los actos de exaltación del régimen, supondría una humillación (otra más) para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad.

La respuesta del arzobispo de Madrid sobre la provocadora decisión de enterrar a Franco en la cripta de la Almudena ha sido: “La Iglesia acoge a todos“. Osoro se ha desligado de la decisión y la considera “una cuestión que deben resolver el Gobierno y la familia“.

Sería conveniente y deseable una reconsideración de este posicionamiento por parte de la Iglesia española. Como expresan en un comunicado las Redes Cristianas , el traslado de Franco a la Almudena vendría a denigrar aún más a una Iglesia que concedió en su día el título de “Cruzada” a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más elementales.

No olvidemos que la Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial (incluso mayoritaria) de la sociedad que también contribuye a su financiación. Y el Gobierno está en condiciones, y tiene la obligación política y moral, de exigir ese respeto.

Hoy, es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Debemos ser conscientes de que si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

No es difícil imaginar que los ultras y cabezas rapadas seguidores de los equipos de fútbol extranjeros, empiecen a considerar la Almudena como lugar de peregrinación obligatoria en sus visitas a Madrid (puesto que no existen lugares similares en el resto de Europa, ni legislaciones tan complacientes como la nuestra con las demostraciones públicas de exaltación fascista y neonazi). ¿Qué opinará de ello el arzobispado? ¿Y los hosteleros del centro de Madrid? ¿La alcaldesa seguirá pensando que “el Ayuntamiento no tiene nada que decir”?

El Estado debe responsabilizarse de que los aspectos formales del traslado de los restos de Franco no supongan reconocimiento ni privilegio alguno. Asimismo, el Estado debe garantizar que los restos del dictador no se depositen en ningún lugar que pueda considerarse un privilegio o un honor. Una democracia no puede honrar a un dictador, como reiteradamente han expresado los organismos internacionales de Derechos Humanos en una serie de recomendaciones dirigidas al Estado español.

Los ciudadanos y la sociedad civil organizada no pueden permanecer indiferentes, ni dejar de tomar posición. El pasado martes, 9 de octubre, una veintena de colectivos de memoria histórica y víctimas del franquismo, asociaciones vecinales y culturales, organizaciones políticas y sindicales… nos hemos reunido en Madrid para comenzar a organizarnos, manifestar públicamente nuestra oposición frontal a que se consume el traslado de los restos de Franco, una vez exhumados de Cuelgamuros, a la catedral de la Almudena. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedirlo.

También vamos a exigir a los responsables políticos y a las instituciones concernidas (Gobierno de la nación, Arzobispado y Ayuntamiento de Madrid), que tomen todas las medidas que sean necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral. Tenemos previsto llevar a cabo una serie de actividades reivindicativas, informativas, etc… que culminarán con una gran movilización frente a la Almudena.

Llevamos 11 años manifestándonos frente a la puerta de Cuelgamuros cada 20-N, con calor o frío, lluvia, viento o nieve… Si al final la infamia se consuma y los restos de Franco acaban en la catedral, seguiremos movilizándonos para exigir la reparación de esta infamia, y que se llegue a una solución definitiva y satisfactoria.

La sociedad y el Estado español tienen una deuda inconmensurable con las víctimas y sus familias, y también tienen un serio problema con los restos del franquismo (que no es sólo el cadáver de Franco). La salida prevista del dictador de su monumento faraónico en Cuelgamuros constituye la oportunidad de zanjar esta cuestión. La responsabilidad de que ahora se produzca un cierre en falso, que será en todo caso provisional, será en primer lugar del Gobierno, pero también de la Iglesia.

Arturo Peinado Cano es presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. @apces