Pedro Sánchez tiene siete días para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019. El acuerdo presupuestario PGE 2019, firmado en el Palacio de la Moncloa el 11 de octubre por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder de Unidos Podemos Pablo Iglesias, incluye medidas sociales como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), da permisos a los Ayuntamientos para regular los alquileres en las zonas necesarias, aumenta el IRPF a las rentas de 130.000, recoge la subida de un punto en el impuesto de patrimonio de las fortunas de más de 10 millones de euros, y prohíbe las amnistías fiscales.
Las mejoras suponen un incremento del gasto de unos 5.000 millones, mientras que las reformas fiscales aumentan la recaudación de impuestos alrededor de 7.000 millones. Según el presidente Pedro Sánchez, su gobierno está trabajando para que otros partidos se sumen a este acuerdo que ampliará derechos y mejorará la vida de la ciudadanía.
Sin embargo, dentro de este acuerdo con Unidos Podemos, no se puede obviar que los cambios contenidos en los PGE 2019 se están convirtiendo en promesas difíciles de cumplir, por lo que parecen ser más una herramienta política para las próximas elecciones generales, que una apuesta seria por cambiar el modelo de distribución de riqueza de España.
Dentro de la partida de Dependencia, se recoge un impulso de 830 millones de euros para 2019. El pacto incluye una subida de 515 de millones de euros, lo que supone un 40% de incremento respecto al ejercicio anterior de los PGE 2018, y 315 millones para recuperar las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares (en su mayoría mujeres) que el gobierno anterior eximió al Estado de pagar en el año 2012.
Debemos subrayar que dentro de estos Presupuestos Generales, la Ley de Dependencia es una de las partidas sociales más necesitadas y a la vez la menos favorecida por el gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo pactado con Unidos Podemos se ha quedado por debajo de la necesidad marcada por los expertos del sector, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que estiman que España necesita 200 millones más de lo pactado. En definitiva han obviado las recomendaciones de los DGSS de toda España, quienes son los que realmente conocen las carencias del sistema. Según ellos los PGE se quedan muy por debajo de lo que es necesario.
Los funcionarios consideran que la propuesta justa para mejorar la situación en la financiación de la Ley de Dependencia en los PGE 2019 sería de 715 millones de euros. Con esta cantidad se permitiría acabar con los recortes de 2012 y asegurar la plena atención de los dependientes más vulnerables (Grados II y III).
Actualmente más de 110.000 grandes dependientes y dependientes severos continúan sin recibir las prestaciones y servicios a los que tienen derecho reconocido, lo que constituye un incumplimiento de la ley. Los DGSS de España piden que se corrija en los PGE 2019 la cantidad acordada, y que se incremente la aportación en algo más de 715 millones de euros.
Con ello se permitiría atender en 2019 al menos al 92% de personas con grados III y II sin PIA (102.000 personas), y admitir un 8% (global) de personas en espera (en gestión de PIA y/o expedientes que han de ser depurados, lo que supondría unas 8.000 personas). Se toma como base del cálculo el coste público de atención (coste neto de atenciones) promedio de 2012, cuando se atendía básicamente a los grados III y II, que ascendía a 7.029 euros, (sin tener en cuenta la inflación y otras variables)
El incremento en los PGE para posibilitar esa atención ascendería a 715.194.767 €, pasando de 1.307.972.800 de 2018 a 2.023.167.567, lo que supone un incremento del 54,7% para el total presupuestado en el nivel mínimo garantizado. En términos lineales, la subida del nivel mínimo por grados quedaría con las siguientes cantidades por mes, Grado III: 294,09 €. Grado II: 130,69 €. Grado I: 73,29 €.
Esta subida del Nivel Mínimo Garantizado en los PGE debería ir condicionada a un acuerdo con las Comunidades Autónomas que suponga la obligación de dedicarse a los Grados III y II, puesto que el Estado estaría financiando de manera directa el equivalente al coste de su atención plena. Algunos territorios tienen muchos deberes que hacer con los grados III y II y otros tienen recortes que revertir. Conllevaría compromisos de cobertura “adaptados” a cada caso.
Según la DGSS, esta medida tendría los siguientes impactos:
- Plena atención al finalizar 2019 de las personas dependientes más frágiles (severos y grandes dependientes) terminando con la vergüenza de la desatención a las personas más dependientes.
- Atención al finalizar 2019 de unos 130.000 dependientes más, para alcanzar aproximadamente 1.130.000 personas atendidas. El resto del Limbo (grado I) se acometería en 2020 (con un menor coste)
- Creación de al menos 40.000 nuevos empleos directos en el sector.
- Alcanzar una inversión pública en la materia en 2019 estimada de 7.800 Millones de euros, de los que 3.100 retornarían de forma inmediata, simplemente en forma de cotizaciones a la seguridad social, IRPF, impuesto de sociedades, etc, considerando el actual modelo de atenciones entre servicios y prestaciones… Ello sin contemplar los retornos inducidos -por ejemplo- de rebajar el gasto en desempleo respecto a los nuevos puestos de trabajo generados.
- Permite mejora de coberturas, supresión de algunas incompatibilidades, recuperación de importes de PECEF.
Sin embargo, las recomendaciones de los DGSS de España para los PGE 2019, parece que no son la gran preocupación que tiene Pedro Sánchez. A fecha de hoy, aunque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan llegado a este acuerdo, todavía necesitan sumar los votos de ERC, PDeCAT y PNV para que los Presupuestos se aprueben en el Congreso.
El PSOE tiene dos frentes abiertos para conseguir los votos necesarios para la aprobación de los PGE: el catalán y el vasco. Sobre el frente catalán, el gobierno tiene 5 días para aprobar los presupuestos.
La cuenta atrás empieza. El Tribunal Supremo ha confirmado la instrucción del juez Pablo Llarena, abriendo juicio oral, contra los 18 dirigentes independentistas catalanes por los hechos del 1 de octubre del año pasado. El Tribunal ha validado el proceso por rebelión, malversación y desobediencia contra los presos políticos. Ha comenzado el término de cinco días hábiles para que las acusaciones presenten sus escritos, viéndose así de qué delitos los acusa la Fiscalía, el abogado del Estado y el partido ultraderecha VOX.
Esos son los siete días naturales que tiene Pedro Sánchez para salvar su presupuesto. Sin la retirada de las acusaciones de rebelión no tendrá los votos de ERC ni del PDeCAT. Parece que el PSOE quiere desmarcarse de la tesis del Tribunal Supremo español, de que el delito de rebelión es inherente a un golpe de estado, y solo es aplicable a militares o a civiles armados bajo la orden de militares, enviando así un mensaje a la fiscalía general del Estado.
Antes de cinco días sabremos si la fiscal general del Estado, María José Segarra, se siente aludida y retira el delito de rebelión que acusa a los líderes independentistas encarcelados en prisión preventiva hace un año. Aunque se cree que será un gesto que no será aceptado por los partidos independentistas, a pesar de que el delito de sedición sea penado con 15 años, que es una pena inferior a la de rebelión, igualmente la considerarán inadmisible e injusta.
La vicepresidenta Carmen Calvo, anuncia que lo sabremos el viernes 2 de noviembre. La fecha en que la fiscal general ha de anunciar las acusaciones, nos la comunicará el mismo gobierno, el mismo que dice que no puede presionar la fiscalía amparándose en la separación de poderes.
Si Pedro Sánchez no obtiene el soporte en los PGE de los grupos independentistas, puede prorrogar el mismo o convocar elecciones anticipadas, cosa que no quiere, pese a que ayer curiosamente el CIS publicó la encuesta de que el PSOE ha aumentado hasta 10 puntos la distancia respecto al Partido Popular, dejando muy atrás tanto a Ciudadanos como a Unidos Podemos. Las estimaciones del CIS carecen de toda cocina, y han sido muy criticadas por los expertos en mediciones demoscópicas por usar un nuevo método que no es científico y que casualmente beneficia más al PSOE que al resto de fuerzas.
El frente vasco se abrió el pasado 23 de octubre, cuando el portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, avisó que no negociarán los PGE de 2019 si el presidente del gobierno no se compromete a respetar los acuerdos que fueron pactados con el PP en las cuentas públicas de 2018, y se complete el desarrollo del Estatuto Vasco. Para la derecha vasca, el problema catalán vuelve a ser la “tormenta perfecta” para conseguir beneficios territoriales.
El escenario nos dice que los siguientes siete días serán una montaña rusa para los PGE 2019 y para la política española. Mientras tanto, la Ley de Dependencia vuelve a quedar en segundo plano.
