El cambio de actitud del Gobierno de Sánchez con los inmigrantes

En junio, recién estrenada la presidencia de Pedro Sánchez, el ejecutivo tomó una decisión que no dejó a nadie indiferente: ofrecer Valencia como puerto seguro para el barco Aquarius después de que Italia y Malta cerrasen sus puertos, dejando a la deriva y en condiciones muy precarias a las 629 personas que fueron rescatadas en el Mediterráneo.

Sin puerto cercano al que acudir para desembarcar, el gobierno español dio un paso al frente desmarcándose claramente de las políticas previas en el país en materia de migración, y alejándose totalmente de las políticas xenófobas llevadas a cabo por el gobierno italiano no solo por la acogida del barco, sino por el periodo extraordinario de 45 días para que los ocupantes del buque inicien los trámites de solicitud de asilo, algo parecido a lo que ocurrió con el barco de Open Arms cuando desembarcó 60 migrantes en el puerto de Barcelona. En ese caso el permiso humanitario fue de 30 días, cuando lo normal en estos trámites es un la lapso de 72 horas para poder iniciarse.

En estos últimos días en medio del discurso del miedo instaurado por varios dirigentes políticos como Pablo Casado, nuevo líder del PP, el barco de la ONG Open Arms anuncia que pone rumbo a costas españolas con 87 migrantes a bordo. Cuando se hace este anuncio, los pensamientos de todos recuerdan el Aquarius y al anterior contingente del Open Arms y a sus plazos extraordinarios para la regularización de su situación, pero la sorpresa y la indignación llega cuando el gobierno indica que se seguirán los procedimientos estándar, que los migrantes desembarcarán en Algeciras e irán al CATE (Centro de atención temporal de extranjeros) y el plazo para iniciar los trámites es de 72 horas.

Este cambio en la política, según el departamento que dirige el ministro Grande-Marlaska, respecto al anterior desembarco del Open Arms, es que las llegadas por esta vía son un proceso habitual y por lo tanto deben regirse por los protocolos habituales que indican que los barcos de rescate están llegando de forma habitual a las costas, y no se puede hacer distinción con los migrantes que llegan procedentes de los rescates operados por salvamento marítimo, destacando que la diferencia con la primera llegada del barco de la ONG catalana y la del Aquarius es que en los primeros casos se trataba de “una situación humanitaria excepcional”.

Este cambio de política hace que las entidades sociales se pregunten sobre la diferencia existente entre estas personas y las que llegaron previamente, las mismas organizaciones destacan que el gobierno se desmarque de las políticas de Le Pen y Salvini en las cuestiones de acogida, y que España sea puerto seguro para los rescatados en el Mediterráneo, y piden que se creen protocolos de actuación entre las administraciones, las organizaciones sociales, la sociedad civil y organizaciones implicadas en la acogida.

Por su parte el barco de Open Arms estuvo retenido en el puerto de Algeciras a petición de la capitanía general para comprobar que cumplía con los requisitos mínimos de seguridad. Una vez comprobados el barco emprendió viaje rumbo a Barcelona.

El caso del Aquarius se salda con la apertura del puerto en Malta y el compromiso de seis países de la Unión Europea para la acogida de los migrantes que estaban a bordo, de los cuales 60 viajarán a España. En estos días se sucedieron la negativa del gobierno central al desembarco del buque en puertos españoles, haciendo que el president Torra, ofreciese tres puertos de gestión de la Generalitat para el desembarco. Pocas horas después de este anuncio Malta consintió la llegada a puerto. También cabe destacar la reacción de Gibraltar que retira al buque el permiso para navegar alegando que éste se trataba de una autorización para actividades oceanográficas y no de salvamento, por lo que ya le requirieron el pasado julio que cesase su actividad, con lo que ahora queda en manos de Alemania emitir el permiso de navegación para continuar la labor de rescate y seguir salvando vidas.

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