Exdirector de inteligencia de Ecuador tira abajo acusación contra Correa
Pablo Romero, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) fundada por Rafael Correa en 2.009 y desmantelada en 2.018 por Lenín Moreno, ha pronunciado unas declaraciones que desmontan la trama judicial contra el expresidente de Ecuador y actual líder de la oposición.
La acusación del régimen de Moreno sostiene que Rafael Correa secuestró al ciudadano ecuatoriano Fernando Balda, un delincuente común con veinte causas abiertas en el país. Según el relato de la justicia, Rafael Correa ordenó a Pablo Romero la detención de Balda en una operación encubierta ejecutada por dos agentes del SENAIN, que recibieron el pago mediante dos cheques emitidos por Inteligencia.
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Rafael Correa expresó que Lenín Moreno había purgado la justicia de Ecuador para poner en los principales puestos a abogados y jueces afines, lo que se ha demostrado al elegir a dedo a la judicatura, al fiscal y al contralor cuando la Constitución ecuatoriana exige que se celebren concursos de méritos con una serie de requisitos que cumplir para los aspirantes.
Ha sido en una entrevista donde Pablo Romero ha desarticulado la versión del gobierno. El antiguo director de la Inteligencia expresó que montar un operativo internacional como ese requiere de mecanismos que solo pueden accionar el Ministro del Interior y el Comandante de la Policía, por lo que es una “historia fantasiosa” creer que lo hubiera hecho solo él.
Ha aseverado que Rafael Correa no le ordenó secuestrar ni detener a nadie. Una acusación del fiscal que previamente sostuvo que Rafael Correa llamó directamente a los agentes que detuvieron a Balda y lo retuvieron 60 minutos en Colombia, pero que no pudo mantener debido a que los agentes perdieron los teléfonos y no se acordaban del número de teléfono desde el que se hizo la hipotética llamada.
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Pablo Romero dio a conocer el funcionamiento de los cheques en las instituciones del país, que por normativa tardan tres meses en llegar al destino desde que se aprueban, por lo que los que cobraron los dos agentes se firmaron antes de que él llegase a la dirección de la Inteligencia, lo que demuestra que la operación se venía fraguando desde antes, y que él no estaba en el cargo en ese momento.
Por otra parte señaló que la fiscalía y el contralor se llevan contradiciendo desde el principio del proceso, ya que ahora los agentes son de la Policía Nacional, y no de Inteligencia como se sostenía antes, por lo que la línea de investigación debe apuntar hacia la Dirección Nacional de la Policía. Romero sostiene que este juicio se enmarca en la lucha que mantienen el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario Lenín Moreno, por lo que lo catalogó como “político“.
