En los últimos meses, mientras se acercan las jornadas electorales de abril y mayo de 2019, Ciudadanos ha acelerado su giro a la derecha y su agresividad contra todos los actores que le son ajenos; estas medidas, consideran, les pueden generar más votos en los próximos comicios. No obstante, algo que está pasando desapercibido entre los grandes medios de comunicación es la facilidad con la que Ciudadanos apunta un objetivo, y lo poco que tardan los grupúsculos de ultraderecha en atacar.
Después del referéndum de independencia de octubre de 2017 y la posterior declaración, miembros del gobierno de la Generalitat de Cataluña fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse. Se sumaban así a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional de Catalunya, respectivamente, en prisión preventiva desde el 16 de octubre de ese año. A partir de ese momento, Cataluña empezó a llenarse de lazos amarillos pidiendo la liberación de los presos políticos.
Evidentemente, Ciudadanos no tardó en reclamar la neutralidad de los espacios públicos, considerando que los lazos amarillos no eran reclamaciones sociales, sino que representaban una opción política -el independentismo-. Parecían olvidarse de que ayuntamientos gobernados por partidos no independentistas, como el de Barcelona, también pedían la liberación de los presos con una pancarta en la fachada del consistorio.
Así empezó la que ya se conoce como la Guerra de los Lazos; comenzó con la aparición de los Grupos de Defensa y Resistencia (GDR), entidades que copiaron las siglas de los CDR, los Comités de Defensa de la República, surgidos pocas semanas antes del referéndum del 1 de octubre para asegurar su celebración. Estos GDR buscaban “limpiar Cataluña de lazos”, aunque a la práctica también se dedican a quitar pancartas y banderas de casas particulares. Formados por miembros de la extrema derecha local, ya han practicado varias agresiones y amenazas contra otros ciudadanos.
Al poco tiempo, Ciudadanos aprovechó el tirón mediático de los GDR, considerados como grupos cívicos por periódicos como El Español, que se han dedicado a obviar sus lazos con la ultraderecha, para sumarse a la campaña. En agosto de 2018 Albert Rivera e Inés Arrimadas se pasearon por las calles de Alella (Barcelona) arrancando lazos amarillos, práctica que han repetido en distintas ocasiones y en varias poblaciones, como cuando la propia Arrimadas se desplazó a Amer (Girona), pueblo natal de presidente Carles Puigdemont.
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Como decíamos, ésta práctica no se ha limitado solo a los lazos amarillos. En el último año se ha producido una auténtica fiebre del amarillo. Hace unos meses un particular retiró unas protecciones situadas en una bastida porque eran de color amarillo. Unos días atrás, en Madrid, alguien retiró unas bandas para eliminar orugas también por ser de este color. La retirada de pancartas y banderas ha llevado a los GDR a intentar asaltar la propia Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, dónde pudieron arrancar el lazo amarillo que colgaba del balcón.
El principal problema es que Ciudadanos y los GDR se han convertido en un auténtico binomio simbiótico. Miembros destacados del partido naranja cuelgan en las redes sociales pancartas u objetos que no les gustan y, en dos o tres días, estos objetos son destrozados, por la noche y con alevosía. En algunos casos se ha detectado que los propios asaltantes eran afiliados al partido de Rivera, aunque este siempre ha asegurado que se trata de personas ajenas a su formación.
Esta semana hemos vivido un nuevo episodio de esta fiebre, que demuestra tanto la relación entre Ciudadanos con los GDR, así como la radicalización a la que se están sometiendo ambas partes. En esta ocasión, el objeto de discordia era una placa que colocó el ayuntamiento de la ciudad condal cerca de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la capital catalana.
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La placa, titulada “El 43 de la Vía Laietana. Memoria de la represión”, explicaba que en ese edificio, desde su inauguración durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y hasta la llegada de la democracia, se había convertido en un centro de la represión política, en la que se había practicado la tortura contra disidentes políticos, algunos de los cuales acabaron muertos. Francisco Franco instaló allí, desde 1941, la sede de la Brigada Político Social, pasando a conocerse entre los círculos obreristas como “El molino sangriento”. Contaba Manuel Vázquez Montalbán que, siempre que pasaba por esa calle, al llegar a la altura de la comisaría, cambiaba de acera.
El 26 de marzo, no obstante, la regidora de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejias, publicaba un tuit en el que decía que Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde, había colocado una placa ofensiva frente a la comisaría de la Policía Nacional, “ante la mirada atónita de la policía, que se juegan su vida a diario”. El mensaje era claro. La mañana siguiente la placa apareció quemada, encontrándose a pocos metros de la comisaría, donde siempre hay dos policías de guardia y cámaras de seguridad. Todavía no se han encontrado los culpables.
Relativamente desconocida fuera de Cataluña, Carina Mejías es una política que labró su carrera de la mano del Partido Popular, en el que militó entre 1991 y 2012. Diputada en el Parlament de Cataluña, en 2010 llegó a ser la portavoz del PP en la cámara autonómica. En 2012 se presentó como independiente en las primarias de Ciudadanos, siendo elegida la número 3 del partido en las elecciones al Parlament de ese año. En 2015 se presentó a la alcaldía de Barcelona liderando la lista del partido de Rivera.
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En el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías ha representado exactamente el mismo papel que Inés Arrimadas en el Parlament. Ninguna propuesta seria, ataques personales y políticos a todos los que no son de su partido -con algunas excepciones en sus apoyos al Partido Popular en materia económica- y beligerancia extrema. En las elecciones del 28 de abril al Congreso de Diputados se presentará en la lista por Barcelona de Ciudadanos.
La política de confrontación de Ciudadanos, así, sigue su curso, esperando obtener réditos electorales en el resto de España, sabedores de que en Cataluña ya han llegado a su máximo. Aupados por organismos como la Junta Electoral Central (JEC), que ha comprado el discurso del partido naranja y ha pedido, incluso, la retirada de un lazo amarillo en Londres, empieza a vislumbrarse el futuro de España si los de Rivera gobiernan algún día.
