Unidas Podemos y la destrucción del Estado

Durante esta última semana (siete días los cuales deberían pasar a la historia de la democracia, de la comunicación y de la ética de nuestro país), gracias a la valentía de la coalición política Unidas Podemos y de su candidato a la presidencia, Pablo Iglesias, hemos visto confirmarse con luz y taquígrafos la necesidad de cumplimiento con, tal vez, la última y más importante tarea que quedaba por hacer en vistas a la llegada de la democracia en España. Un auténtico deber histórico consistente, una vez demostrado -esta semana- que el aparato estatal español es un cáncer franquista y, por tanto, una rémora autoritaria y totalitaria, un deber histórico decíamos consistente en la destrucción de dicho estado.

¿Para qué trapos calientes o eufemismos absurdos si ya la ciudadanía entera ha podido sentir la necesidad que semejante obligación debería suscitar en cualquier demócrata sincero? Una necesidad y un ya del todo ineludible mandato social que tienen su porqué en la confirmación de la existencia, fruto de las investigaciones que constituyen parte del sumario del denominado “caso Tándem”, de una policía patriótica la cual, sufragada por fondos reservados públicos y siguiendo las instrucciones del Ministerio del interior y de la Vicepresidencia del gobierno de los 2 sucesivos gabinetes de Mariano Rajoy, fabricó pruebas falsas destinadas a impedir el acceso al gobierno y, en último término, a la destrucción del partido de izquierdas Unidas Podemos.

Un trabajo de cloaca y una finalidad completamente antidemocráticas que apuntaban a convertir la vigente monarquía parlamentaria borbónica en un régimen al gusto del verdadero último responsable de tal cometido bastardo. Un grupo de hombres y mujeres -en otros términos, el verdadero poder del estado– que se sirven de la herramienta conocida como aparato estatal para imponer su voluntad a la sociedad española; es decir, y mal que nos pese, para dominarnos absoluta y efectivamente.

Pues, a pesar de estar convencidos de lo contrario, el Estado no es ningún ente superior a la población, meros ciudadanos, con una naturaleza cuasi paternal y divina y un carácter bondadoso y protector el cual, como un Dios laico, asegura nuestras libertades y nuestros derechos civiles y políticos, velando insomne por nuestra felicidad cívica. Esta leyenda es falsa; de hecho, este mito no es más que la forma que adopta el engaño que aquella última autoridad, situada por encima de nosotros y de su herramienta -el estado-, se ha encargado de meter en las cabeza de la población para garantizar y perpetuar su exclusivo, su patrimonializado dominio como clase social hegemónica española.

>>El reflote de las cloacas del estado<<

Porque el Estado español, un mecanismo formado por el conjunto de todas las leyes, todas las instituciones, todos los funcionarios y todos los representantes públicos en los que dicho mecanismo se encarna, no es otra cosa que el árbitro impuesto por una de las diversas clases sociales en conflicto que componen la sociedad española (de hecho, cualquier sociedad). Un poder superpuesto a aquellos grupos sociales en irreconciliable lucha el cual fue instituido con el único fin de asegurar la supervivencia de la comunidad. Una sociedad la cual, en los instantes previos a la instauración y aceptación del poder estatal, se hallaba a punto de devorarse a sí misma víctima del combate a muerte que la dota de vida y que protagonizan sus propios componentes.

Es evidente que la existencia de esta autoridad encarnada por el estado no elimina, en ningún caso, las irreconciliables contradicciones de intereses existentes entre los diferentes grupos humanos que componen la realidad social de todo país. Un perenne enfrentamiento civil el cual no cesa, sino que, simplemente, resta aparentemente encauzado por la acción represora estatal.

Ya que el estado, en tanto nacido de una lucha social irreconciliable que amenaza con devorar a la propia sociedad, no puede ser nada más que un órgano represor (y, por tanto, una herramienta de dominación) en manos de una de las partes enfrentadas; concreta y específicamente, en manos de aquélla que efectivamente lo controla.

En consecuencia, todo estado es el instrumento que empuñan los grupos sociales dominantes (clases extractivas o élites nacionales) para dar total satisfacción a su entero complejo de intereses (económicos -riquezas-, políticos -mando-, sociales -privilegios, culturales -mentalidad-). Una satisfacción solo posible mediante el sojuzgamiento, dominio y explotación de la opuesta mayoría social o clases humildes y trabajadoras.

>>Unidas, podemos<<

Por consiguiente, el Estado solo puede ser una organización especial de la capacidad de ejercer la violencia social; una mera forma para la represión; tal y como hemos dicho, un simple mecanismo para la opresión de una clase social respecto a todas las demás. Unas tesis (éstas) que quedan totalmente justificadas, por un lado, en virtud de la existencia del denominado monopolio estatal de la violencia y, por el otro, pen virtud de la existencia, naturaleza y atribuciones (entre las cuales destacan, por encima de todas los demás, aquella que permite el ejercicio de la fuerza que monopolizan en contra del propio pueblo o ciudadanía) de los llamados cuerpos de seguridad y del ejército del Estado.

Así, ¿es posible, históricamente hablando, que un aparato estatal al completo, es decir, que cada uno de sus burócratas, instituciones, leyes e inercias de funcionamiento, puedan acostarse una noche bajo el control de la élite nacionalcatólica y afecta a la dictadura, puedan irse a la cama fascistas y autoritarios para levantarse, al día siguiente, impecablemente demócratas, defensores de las libertades y de los derechos y a total disposición de la ciudadanía española devenida soberanía nacional?

De igual modo, ¿es capaz una simple voluntad, ilusión o deseo políticos -por muy mayoritarios que éstos sean- y un simple papel -en este caso, toda una constitución-, puedan instaurar la democracia como régimen político, de la noche a la mañana, a toda una dictadura, a su entera sociedad, a su completa historia?

Y en último término, ¿es posible, tal y como se ha apuntado ya en la primera de estas cuestiones, que toda una élite o clase social que lleva en el poder desde 1939 -o, incluso, siglos (en concreto, desde la llegada de los Borbones)-; que un grupo social el cual, durante su período de control, ha ido poniendo y disponiendo sus peones, sus iniciativas y sus deseos como resortes y tareas en calidad de mecánica, dinámica e inercia de funcionamiento y como finalidades del aparato estatal nacional (unos peones, iniciativas, resortes y finalidades los cuales, hoy en día, son conocidos como “historia de España”); es posible que de un día para otro dichos dominadores abandonen voluntariamente su situación de privilegiados y entreguen su poder a los grupos sociales cuyo trabajo y cuya desposesión son la raíz y el porqué de su posición, de sus prebendas, de su poder sociales?

>>Las puertas giratorias en España<<

La respuesta a las tres anteriores preguntas es la misma: No. Y así, tras cuarenta años de “democracia”, podemos afirmar, sin ningún tipo de error, que en las cumbres del poder de España nada ha cambiado desde aquel bando del 1 de abril de 1939, día de la victoria.

Las clases terratenientes de carácter nacionalcatólico y ultraderechista, unidas a las clases capitalistas – muchos de sus miembros adinerados en virtud de su afecto al régimen franquista español (y al pago por el mismo que recibieron)-, junto a los grupúsculos de fieles fascistas vencedores que saquearon el país y a sus familias, siguen monopolizando el poder del estado.

Una hoy corte borbónica que no fue, obviamente, ni tan siquiera cuestionada durante el cambio de régimen político por los actores implicados en él (el PSOE entre ellos), los cuales se limitaron a asentir y cumplir con las instrucciones entregadas conforme a la transformación de la dictadura del general Francisco Franco en una Monarquía autárquica encabezada por los Borbones.

En consecuencia con este testamento, dicha corte (antiguo séquito del dictador) parasita España y la usa y blande para sus exclusivos fines parásitos. Unos fines entre los que cabe destacar, hoy y ante el escándalo del intento de asesinato de la formación política Unidas Podemos, el perseguir, escarmentar y tratar de destruir todas aquellas fuerzas sociales de cambio y todas y cada una de las organizaciones y de las personas que puedan conducir a España hasta el futuro que merece. Una España, desde hace ya más de ocho décadas (quizás, desde hace ya siglos), preparada para correr libre por la aún no hollada senda de la democracia, las libertades, el bienestar y la felicidad generales que sus gentes merecen, que el pueblo merece.

Así pues, en virtud del haberse convertido en el lastre principal, en el único obstáculo para el progreso, para el futuro del estado, las hoy en día autoritarias clases sociales dominantes de España deben ser derrocadas; y, una vez hecho esto, la herramienta parásita que éstas han utilizado para la perpetuación de su dictatorial statu quo económico y social, aquel ajeno estado español el cual ha tratado, fabricando pruebas y montando causas falsas contra la única izquierda (la necesaria) de este país, de mantenernos encerrados a todos en la celda de la opresión, la explotación y la desesperanza, ese estado pútrido que no es el de sus ciudadanos, debe ser destruido.